Los policías locales consultaban el expediente de la víctima incluso ocho veces al día

Los investigados pueden haber incurrido en delitos de revelación y descubrimiento de secretos. La magistrada solicitará ahora prueba documental y dará a las partes la opción de demandar algunas aportaciones. Fue una auditoría de la Guardia Civil la que destapó un acceso injustificado a la información de la mujer.

En la jornada del miércoles declararon como investigados cuatro agentes locales, entre ellos un oficial, en el Juzgado de Instrucción Número 4 de la capital. De momento, no ha declarado la expareja de la víctima.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada en junio de 2024 por la víctima. La mujer expresaba que su expareja, sobre la que pesa una orden de alejamiento de 500 metros y que acumula una decena de denuncias y detenciones por quebrantamiento, lograba acceder a ella y aseguraba que podría estar recabando información a través del sistema, o bien mediante el uso de las claves de su compañeros o con el acceso voluntario por parte de estos agentes.

La Benemérita consideró que en el seno de la Policía Local de Granada se habrían formulado «consultas que evidenciaban un uso incorrecto del aplicativo porque agentes, que no son responsables del caso ni tienen adjudicada a la víctima, habían efectuado consultas no autorizadas». Un agente de la Policía Local de Granada ha consultado en hasta 37 ocasiones el expediente, pero de acuerdo con el cuerpo policial estaba autorizado. Alegaron que sus consultas eran para trasladar a Servicio de Asuntos Internos la información dado que el agresor se corresponde con un agente del cuerpo con un expediente disciplinado abierto, además de evaluar el riesgo para la víctima.

La Guardia Civil destaca en sus diligencias que por el lugar de residencia de la víctima el seguimiento corresponde al instituto armado y estima que las consultas efectuadas por los policía locales «están injustificadas».

El 29 de enero de 2025 el juzgado solicitó informe a la Policía Local de Granada sobre si existió orden directa a varios agentes de controlar a la víctima. El Grupo de Mujeres y Menores (Grumume) aseguró que «en ningún caso se ha ordenado ni dado instrucciones a ningún agente de efectuar un seguimiento a la víctima o controlar al agresor por no tenerla asignada».

El PSOE en el Ayuntamiento de Granada exigió ayer responsabilidades políticas al equipo de gobierno. El PSOE calificó de «injustificable e irresponsable que la delegada de Seguridad decidiera mirar a otro lado a pesar de que la propia víctima le pidió amparo y puso los hechos en su conocimiento», por lo que reclama su dimisión. Ruz añadió que este caso se suma al resto de polémicas que atañen a la policía, entre ellas la investigación por supuestos amaños en las oposiciones que investiga la misma jueza. Por último, criticó que el Gobierno municipal nombrara portavoz a uno de los agentes investigados. Además, tildó de «extrema gravedad la brecha de seguridad» en el sistema Viogén. Este medio se puso en contacto con el Ayuntamiento, que prefirió no hacer declaraciones para respetar la investigación judicial.