El presidente del TSJA no se reunirá con la Junta para abordar las medidas a adoptar tras el 9 de mayo

Así lo ha indicado esta mañana el máximo representante del alto tribunal andaluz a la prensa tras ser preguntado por el anuncio realizado en Málaga esta semana por el vicepresidente Juan Marín sobre un encuentro a celebrar el próximo lunes con el alto tribunal y la fiscalía para abordar este asunto.

«Esa reunión no se va a producir porque no puede producirse», ha indicado el presidente, para explicar que él, por prudencia institucional, no puede intervenir en un encuentro para aconsejar «en una serie de medidas que luego pueden ser objeto de revisión judicial» por sus compañeros de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal.

«Así se lo transmití al vicepresidente y él lo entendió y lo vio totalmente coherente», ha añadido, tras recordar que la Adminsitración tiene sus propios letrados y asesores jurídicos. «No es que no quiera, es que no puedo», ha insistido.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha recalcado en que todas las medidas que se adopten a partir de esa fecha que afecten a derechos fundamentales deberán ser ratificadas judicialmente. Habrá que esperar, eso sí, «a cada caso concreto, a cada petición concreta», a fin de valorar si la restricción es proporcionada para la finalidad que se pretende.

«Creo que se nos plantea un problema complicado a partir del 9 de mayo», ha reconocido Del Río, para explicar que después de ese día deja de haber una ley de estado de alarma que establecía esas facultades para limitar la libertad de reunión y circulación de las personas «y ya entra la ley general».

En este punto, el presidente ha dejado claro que en todos esos casos en los que las medidas que se adopten afecten a derechos fundamentales «y sean muy intensas y extraordinarias y afecten a una generalidad de personas» será necesario que sean ratificadas por la autoridad judicial.

Las medidas que tenga que ver con el ámbito económico, como los horarios de comercios o de otro tipo de establecimientos, no deberán pasar por el tamiz judicial, pero todas aquellas que limiten derechos fundamentales, sí.

«Tenemos el problema de que tenemos unas fórmulas muy abiertas, unos conceptos jurídicos muy abiertos que no están pensando en la afectación de derechos fundamentales, en situaciones extraordinarias, en situaciones intensas de generalidad de personas», ha subrayado el presidente. Por eso, ante la ausencia de la percha del estado de alarma, tendrán que ser, en cada una de las comunidades autónomas, las autoridades sanitarias las que, en uso de las obligaciones que tienen, «establezcan las medidas que piensen que sean proporcionadas».

Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha reclamado este jueves que «lo que hace falta es coordinarse» entre el Gobierno andaluz y diferentes órganos judiciales, entre los que ha citado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Fiscalía Superior, ante el fin del estado de alarma a partir del 9 de mayo y abordar el vehículo jurídico en caso de tener que restringir movimientos de los ciudadanos.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento de Andalucía, Marín ha negado que el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, no quiera reunirse, un hecho que ha supeditado a un problema de agenda por cuanto «el ministro de Justicia está aquí» al tiempo que ha esgrimido que «yo tengo reuniones» por lo que ha deducido que «no hace falta reunirse, hablamos de muchas formas».

«El presidente del TSJA, la Fiscalía, la Consejería de Salud, el Gobierno andaluz tenemos que intentar colaborar para que después no se invadan derechos fundamentales de los ciudadanos y tener que dar marcha atrás», ha sostenido Marín, quien seguidamente ha ironizado para apuntar «nosotros no somos los que queremos nombrar a los jueces del Consejo General del Poder Judicial, esos son otras formaciones».

El vicepresidente de la Junta se ha lamentado de la posibilidad de que tras el fin del estado de alarma sean las comunidades autónomas las que «tomen las decisiones a la carta» y ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «no haya aprovechado en este año para contar con una norma que nos permitiría tener seguridad jurídica a la hora de restringir derechos fundamentales» sobre restricciones de la movilidad y horarios de la población.

El vicepresidente de la Junta ha explicado que el Gobierno andaluz pretende que los letrados de la Consejería de Salud mantenga una reunión para trasladar «sus consultas técnicas» sobre aspectos que afectan a la movilidad de la población y el confinamiento, informa Europa Press.