El hombre, de nacionalidad albanesa y residente de forma irregular en la Costa de Granada, se había metido en un feo lío en Suecia con una mafia de su país. Según su propio testimonio, los gángsters se la tenían jurada porque creían que les había ocasionado un pufo de 35.000 euros al fracasar una operación de narcotráfico en tierras escandinavas. Así que no podía regresar a Albania. Si era deportado de España, se enfrentaría a una sentencia de muerte. Entonces intentó una vía novedosa para frenar su expulsión:solicitó el asilo a las autoridades, una figura que está reservada para las personas a que tengan un temor fundado a ser perseguidas en su nación de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual. Es el caso, por poner un ejemplo cercano y doloroso, de los miles de ciudadanos de Ucrania que han sido acogidos en España en las últimas semanas. Las víctimas de la invasión rusa tienen el estatuto de refugiado, que era lo mismo que buscaba el presunto narco albanés que fue localizado en el litoral granadino y tuvo que ingresar, por orden de un juzgado de Motril, en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid. Fue allí donde reclamó amparo al estado español y expuso sus razones: «Fundamenta su petición de protección internacional en su temor de regresar a su país porque unas personas le están buscando, ya que les debe mucho dinero».
Publicidad
Esa argumentación no tenía encaje en la normativa.
En este sentido, la Dirección General de Política Interior, «actuando por delegación del Ministro del Interior», denegó la demanda del afectado, que requirió de nuevo al Gobierno para que reconsiderase su postura. Tampoco tuvo éxito y el caso acabo en los tribunales de Justicia, concretamente en la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que acaba de confirmar que el ciudadano en cuestión no tiene derecho de asilo (aún puede intentarlo en Tribunal Supremo).
En su sentencia, los magistrados explican que las alegaciones del hombre para que se le reconozca como refugiado nada tienen que ver con el espíritu y la letra de la ley. No hay «razones humanitarias para permitir la permanencia del actor en España, (...) las razones invocadas tienen que ver con la delincuencia común y el crimen organizado», detalla la Audiencia Nacional.
La resolución también da cuenta del testimonio que ofreció el ciudadano albanés para explicar el origen de sus tribulaciones. «Tiene un problema con unos chicos que conoció en Suecia que le acusan de aprovecharse», o de tener «en su poder una cantidad de dinero y le están buscando, ya que cuando estaba en Suecia le dieron un encargo para llevar a Noruega», pero la policía lo «detuvo y en su maletero encontraron unas cajas de una hierba (...) Ahora, los que querían coger el cargamento, lo están buscando por todos los sitios (...) Son albaneses y esa es la razón por la que no puede volver a Albania, porque debe mucho dinero a esa gente». En concreto, 35.000 euros.
Suscríbete durante los 3 primeros meses por 1 €
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.