El horizonte de la nueva agencia de Salud Pública se despeja tras un año bloqueado

El marco normativo de la agencia lleva algo más de un año abordándose en la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. La labor ha servido para que los grupos parlamentarios realizaran aportaciones al texto. Hasta casi un centenar de sugerencias se habían presentado el pasado 18 de septiembre, momento en el que se cerró el periodo de enmiendas.

Como detalló este periódico entonces, la mayor parte de ellas estaban encaminadas a evitar el choque entre la nueva agencia y las comunidades autónomas. Hay que recordar que la futura agencia de Salud Pública está llamada a ejercer sus funciones en los ámbitos de vigilancia, preparación y respuesta frente a futuras emergencias, en asesoramiento y evaluación, en salud pública internacional y en información y comunicación de riesgos para la salud. Algunos de estos fines afectan a competencias que ejercen las regiones, motivo por el cual muchos de los partidos solicitaron cambios en el articulado.

Estas propuestas han estado en el centro de las conversaciones entre los grupos, una negociación que se ha acelerado en las últimas semanas. El pasado 27 de febrero se aprobó el dictamen, que incorporaba algunas de las transaccionales -denominación que se da a las alegaciones en la comisión- planteadas al Ejecutivo. Aunque el acuerdo aún no está cerrado, todas las fuentes consultadas reconocen que las sensaciones son «positivas» de cara al 13 de marzo, cuando los diputados están llamados nuevamente a abordar la cuestión.

Desde el PSOE aseguran que hay «bastante cercanía» con los grupos después de que se hayan aceptado «muchas de las transaccionales propuestas». Estas mismas fuentes se muestran confiadas en que la ley salga adelante «con muchísimo apoyo y consenso».

En el PP confirman que la idea es «acabar de rematar el texto» en la próxima sesión de la comisión. Aunque aseguran que aún hay «enmiendas vivas» que tienen que cerrarse, reconocen que hay negociaciones con otros grupos y las sensaciones son de que la ley «puede salir adelante». Los populares recuerdan que el ente ya formaba parte de su programa electoral y defienden la necesidad de un organismo «que vele por la coordinación y que tenga una mayor potestad a la hora de tomar decisiones» en cuestiones de salud pública. A su juicio, este organismo está llamado a ser una «herramienta fundamental» para el país en situaciones de crisis, aunque insisten en la necesidad de salvaguardar su «independencia» para asegurar su buen funcionamiento.

Otras fuentes cercanas a las conversaciones alrededor de la ley consultadas por IDEAL coinciden con lo planteado tanto por el PSOE como por el PP y destacan las posibilidades que existen de que la nueva agencia llegue a buen puerto y pueda cobrar forma definitivamente.

Así, salvo sorpresa de última hora, todo apunta a que el próximo 13 de marzo será determinante para el ente. Esa jornada la comisión puede cerrar definitivamente el texto, que saldría aprobado y se encaminaría al Senado para su ratificación. Otra de las opciones que está sobre la mesa, como reconocen las fuentes consultadas, sería abocar al pleno del Congreso el texto para un mayor debate y la posterior aprobación.

Por resolver quedaría la inclusión o no del ente en el proceso descentralizador iniciado por el Gobierno en el mandato anterior. El Ejecutivo no ha aclarado aún cómo elegirá la ubicación de la sede, una cuestión que atañe a Granada. La capital nazarí mostró su interés en albergar la organización hace ya dos años, un tiempo en el que lleva trabajando en la confección de una candidatura que le permita dar la batalla. Enfrente tendrá a otras aspirantes, como Zaragoza, Oviedo o Barcelona, que también han levantado la mano.