La prostitución se muda a los pisos en Granada

Las cuestiones relacionadas con esta área son investigadas por la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, dado que la mayoría de las víctimas nacieron fuera de España. Concretamente, se encarga la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif), de la que es jefe Juan López Sánchez. Al hacer balance de cómo estaba la situación antes del covid; cifra en un 50% la actividad que se realizaba en establecimientos con apariencia de hospedería y otro 50% en pisos. En 2020 «dio un volantazo» y la inmensa mayoría se trasladó a los pisos, especialmente a Granada capital y Armilla. Hay mujeres que están disponibles en ambas modalidades.

La Asociación Sentido Inverso cifra en 500 las viviendas de este tipo repartidas por la provincia. Las entidades sociales no tienen acceso a ellos, no les dejan pasar. Lo que ocurre dentro no trasciende. Sus inquilinas, además, se mueven constantemente en función de dónde está la demanda. «En los meses de verano se bajan a la costa y aumenta la actividad en Almuñécar, Motril o Torrenueva, donde están los clientes. También cambian de ubicación para captar más la atención, van a otro municipio o provincia y se anuncian como 'chica nueva'. Al cliente le gusta esa novedad, que no sea la de siempre», destaca Jemi Sánchez, presidenta del colectivo.

Las mujeres llegan en muchos casos engañadas y sin documentación para residir legalmente, una baza perfecta para quienes se aprovechan de ellas. Los arrendadores de las viviendas, en bastantes ocasiones mujeres que también ejercen, sí tienen papeles y les ofrecen una plaza en ellas para ejercer la prostitución. El precio no es precisamente bajo: pagan hasta 250 euros por semana. Mil al mes. «Hay dueños que pueden ganar 5.000 euros teniendo un piso con varias chicas», explica el inspector.

En un principio, las trabajadoras suben sus propios anuncios a internet con fotos y atienden a quienes las requieren, como si fueran autónomas. Más adelante, cuando los dueños de los pisos se ganan su confianza, les proporcionan clientes y exigen repartir ganancias. «Borran sus anuncios o los modifican, así que siguen esta estrategia para beneficiarse. Y ellas, que tienen que pagar el alquiler y enviar dinero a su país, terminan aceptando y se dan cuenta de que en tres semanas han pasado de ser socias a esclavas», apunta Juan López Sánchez.

Las víctimas son generalmente extranjeras, la mayoría de Sudamérica -Colombia, Paraguay o Brasil-. Mujeres de Rusia, Bielorrusia y Ucrania llegan a Granada en busca de una vida mejor, sobre todo desde la guerra. Nigeria es el país más común si nos referimos a África y hay un par de pisos de chicas asiáticas, concretamente, de China. Las rumanas, que antes lideraban el ranking, son muchas menos por la persecución policial de la prostitución callejera.

Según añade la Asociación Sentido Inverso, un 20% de las chicas son transexuales. Jemi Sánchez recuerda que la mayoría no tienen permiso de trabajo, y aunque tengan la opción de solicitar asilo, «no hay citas disponibles desde septiembre de 2022». «Las mafias mercantilizan con las citas, las reservan y las venden, antes a 80 euros y ya van por 200. Las mujeres viven con miedo a ser expulsadas», denuncia Jemi Sánchez.

Hay quienes vienen engañadas y quienes saben a qué se dedicarán. En este sentido, el inspector reclama empatía. «Si sus hijos antes comían mal una vez al día y ahora tres y bien, y además pueden comprarse ropa, es difícil dejarlo. Con 50 euros semanales que envíen a su país les garantizan el sustento», indica el jefe de la Ucrif. Además, son bastantes las ocasiones en las que quienes las han traído a Granada les reclaman una supuesta deuda de miles de euros. Todo juega en su contra. No pueden dejarlo.

El grueso de los clientes, explican desde la Policía Nacional, son veinteañeros que requieren estos servicios después de una noche entera de fiesta. También destaca el que miente a su mujer diciendo que va a comprar y hace una parada rápida, o pensionistas de avanzada edad -80 años- que buscan a jóvenes y glamurosas chicas de Europa del Este. «Es un enfoque de superioridad del hombre sobre la mujer. El concepto de tener 50 euros y tener la convicción de poder comprarla», denuncia el inspector.

En los pisos todos los detalles están cuidados. Cuentan con datáfonos y permiten el pago con tarjeta y Bizum. Y es que en ellos no solo se paga por el sexo; suelen ser también puntos de venta de sustancias estupefacientes. «Hay quienes entran un jueves por la noche y salen un domingo por la mañana. Entre medias, los han desplumado», apunta el inspector. De hecho, suelen invitar a la primera ronda y gestionan hasta servicios de reparto a domicilio a cualquier hora, previa petición de cuántos gramos quieren por WhatsApp.

En las calles de Granada son múltiples los colectivos que ofrecen su apoyo a las mujeres. Cruz Roja, Mujeres en Zona de Conflicto, Médicos del Mundo o Inserta Andalucía son algunos de los que trabajan mano a mano con ellas. La Asociación In Género, otra de las que conoce de primera mano la realidad, ha denunciado en múltiples ocasiones que las personas profesionales del sexo sufren adicciones, migración, explotación, trata y clandestinidad que les hacen tirar los precios.

Estas personas, que tienen un perfil heterogéneo muy diverso en cuanto a su educación -pueden ser abogadas, enfermeras e incluso conocieron a una cirujana–, tienen a su cargo a familiares en España o en sus países de procedencia, «lo que les hace prestar sus servicios sexuales intensamente para ganar dinero». De hecho, han encontrado casos de toxicómanas que prestan un servicio «por solo cinco euros».