La provincia de Granada duplica a Sevilla y Málaga en ayudas resueltas al alquiler joven

Las cifras de Granada, recogidas en un documento de directrices técnicas sobre cómo se elaborará este dictamen, no son tan negativas. Especialmente si se compara con el resto de la comunidad autónoma. De los 5.093.159,4 euros reconocidos en Granada a finales del año pasado, se ha abonado un total de 4.915.131,02. Un porcentaje superior al 96% frente al 83% de Andalucía.

Más allá de las complicaciones que ha supuesto, según la Junta, la adaptación territorial de una norma general que emana desde el Estado, el hecho cierto es que de las 3.104 peticiones formuladas en Granada, se han resuelto 1.738 –para que se hagan una idea, Sevilla solo cuenta con 748 expedientes informados y Málaga, 702–. De esos 1.738 de Granada, un total de 1.657 han tenido informe favorable. Tan solo 81 han sido 'inadmitidos'. No se ha computado ningún 'denegado' ni ningún 'archivado' (desistimientos o renuncias).

Aunque los números más preocupantes de las estadísticas que obran en poder de la Cámara de Cuentas de Andalucía son, sin lugar a dudas, los que aparecen en el epígrafe 'pendientes de resolver'. De las 3.104 solicitudes registradas en Granada, aún están en el limbo 1.366, lo que supone un 44% en términos relativos –algo menos de la mitad–. Los hay mucho peores. En Sevilla están pendientes el 85,5%, un porcentaje que en el caso de Málaga se sitúa en el 78,5%. Son, con diferencia, los que van más atrasados. En el otro lado del fiel de balanza se hallan Huelva, con un 6,6%, y Córdoba, con un 27,2%.

El importe de la subvención es de 250 euros durante un máximo de veinticuatro meses naturales, completos y consecutivos. El plazo de presentación de solicitudes abarcaba del 14 de noviembre de 2022 hasta el 14 de febrero de 2023, mientras que el periodo de resolución era de seis meses. Obviamente, a la vista de los cuadros que está analizando la Cámara de Cuentas, no parece que haya habido un cumplimiento generalizado. Todo lo contrario. Tanto es así que ha habido incluso demandas colectivas contra la Junta por impago.

Entre 18 y 35 años

Los beneficiarios tienen que ser, obligatoriamente, personas físicas –no afecta a sociedades mercantiles– mayores de 18 años y menores de 35 y acreditar que se tiene una fuente regular de ingresos. Estos nunca pueden ser superiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) o de cuatro cuando residan en la vivienda dos o más personas pertenecientes a la misma familia o unidad de convivencia. En cualquier caso, la renta que paguen por vivir ahí no puede ser superior a los seiscientos euros.

La norma, desarrollada en varios reglamentos y decretos, establece cinco tipos de contratos en función del número de individuos que habiten en la casa y la relación que exista entre ellos.

El presupuesto global liberado en su día por la Junta para Granada era de 9,28 millones de euros, una magnitud sensiblemente superior a las obligaciones reconocidas hasta la fecha, que se acercan a los 5,1 millones de euros. En Andalucía, la diferencia entre lo consignado, 68,4 millones de euros, y los importes resueltos, 13,9 millones de euros, es sencillamente abismal. Es muy significativo que Granada suponga cinco de esos catorce millones. Una buena prueba del interés que despertó en su día esta decisión adoptada por el Ejecutivo.

El acceso a un hogar es uno de los principales problemas de la población en general y especialmente en el colectivo de la juventud. Se estima que un inquilino precisa en Granada del 31% de su salario para satisfacer un alquiler.