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efe
Martes, 19 de enero 2016, 13:34
El exalcalde de Santa Fe Sergio Bueno, que se enfrenta a dos años de cárcel y 16 de inhabilitación por la concesión del servicio de grúa, ha declarado que desconocía los detalles de la tramitación, que delegó en el gerente del Consorcio, y ha negado su participación en el proceso.
La Audiencia de Granada ha celebrado hoy la primera sesión del juicio contra el exalcalde socialista, acusado de la adjudicación supuestamente fraudulenta del servicio de grúa del Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira que presidía.
La Fiscalía ha solicitado dos años de cárcel, ocho de inhabilitación especial para cargo público y otros ocho de inhabilitación absoluta por la adjudicación del servicio de grúa en 24 municipios granadinos.
Bueno ha dicho que participó en una primera licitación, que se produjo mediante un negociado sin publicidad en marzo del 2010 para prestar el servicio dos años por un coste de 60.000 euros.
Este primer proceso adjudicó el servicio a 'Bueno Mar', que renunció poco después por las irregularidades que denunciaron otras firmas y que el exalcalde ha atribuido a "un error" en el periodo y el coste del servicio.
El exalcalde ha negado conocer detalles o haber participado en el segundo concurso y ha subrayado que "por motivos personales", había delegado sus funciones "de manera completa" en el gerente del Consorcio, como permiten los estatutos del ente supramunicipal.
Ha negado además cualquier interés en poner en marcha un servicio que algunos de los 24 municipios tenían ya de manera gratuita, lo que respondió a una petición popular de los alcaldes, y ha explicado que no conocía los pliegos de condiciones, las empresas que se presentaron y que no participó en la mesa de contratación.
Este segundo concurso se presentó por un importe de 50.000 euros para gestionar el servicio de grúa durante un año, incluía la tramitación administrativa hasta convertir coches abandonados en residuos sólidos y la volvió a ganar la firma 'bueno Mar', que prestó el servicio durante un año por un importe de 49.560 euros.
Bueno ha negado que conociera al adjudicatario, con el que solo comparte apellido, ha reiterado que no participó de ningún modo en el proceso y ha dicho que derivó los burofax en los que otra empresa denunciaba irregularidades al Consorcio, garante del proceso.
El secretario del Consorcio y también acusado, Prudencio R.M., ha dicho que se anuló el primer proceso por un "error" en la cifra, ya que por la cuantía debía hacerse un negociado con publicidad, y que a las tres empresas que se presentaron en ese momento se sumó una cuarta, Grúas Taboada, que ejerce la acusación particular.
Ha explicado además que fue el gerente del Consorcio el que se encargó del proceso y que se limitó a hacer informes técnicos y velar por la legalidad "sin tendencia" para ninguna oferta.
El responsable de Grúas Taboada ha declarado que avisó en persona y por burofax de reparos de las ofertas de su competencia en un juicio que continuará mañana con la declaración de testigos.
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