Agricultores de Sierra Nevada piden normas más flexibles para poder garantizar las cosechas

¿Cultivos a cubierto o al aire libre? El debate está vivo y más caldeado que nunca. El 12 de julio de 2011 la Junta de Andalucía regulaba mediante decreto la ordenación y la gestión del Espacio Natural de Sierra Nevada. Entre otros aspectos, se establecía un veto: por encima de los 900 metros los agricultores no pueden instalar estructuras con cubierta para proteger los cultivos. Ni un metro más ni un metro menos. Casi cinco años y medio, algunas granizadas que arrasaron plantaciones y un buen número de multas después, los propietarios de terrenos agrícolas piden más flexibilidad en la normativa para poder salvaguardar sus cosechas.

«El 90 por ciento de La Alpujarra vive de la agricultura, no del turismo. Es el motor. Aceptamos que tenemos que convivir con el parque pero que nos dejen trabajar», explica Óscar Medina, presidente de la Asociación de Propietarios y Agricultores del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. Con unos 200 socios de municipios como Mecina Bombarón, Bérchules, Trevélez o Busquístar, lamenta que las restricciones se basen «en una ley que pusieron sin consultar ni a los vecinos ni a los propietarios de las fincas». Ahora quieren menos rigidez para que la meteorología no 'arrase' meses de trabajo.

Este asunto, junto a otros relacionados con los sistemas de cultivo en Sierra Nevada, ya está sobre la mesa del Consejo de Participación del Espacio Natural. En su última reunión del pasado 15 de diciembre se abordaron distintas recomendaciones y propuestas, entre ellas un aviso a navegantes sobre las mallas en cuestión. Por debajo de los 900 metros, sin problemas de junio a septiembre. Por encima de esa altitud, sólo se autoriza de forma puntual su despliegue ante una alerta meteorológica específica que ponga en riesgo la plantación. Si hay alerta se pone y cuando pase el riesgo, se quita. El escrito, al que ha tenido acceso IDEAL, se quedó sobre la mesa a la espera de nuevas reuniones de las comisiones de trabajo que se reúnen de forma periódica.

Desde la dirección del espacio natural, Javier Sánchez, aclara de manera genérica que se está trabajando con todos los sectores implicados -ayuntamientos, organizaciones agrarias, universidad...- y de manera participativa en una «ordenación agrohidráulica de la zona central de la Alpujarra para garantizar un modelo de agricultura sostenible desde el punto de vista económico, ambiental y social».

Según explica, se trata de llegar a un «modelo consensuado de cómo adecuar los cultivos a los modelos disponibles», así como de organizarlos «mejor para que encajen con la normativa del espacio y del paisaje y para que sean rentables para la gente de la Alpujarra y más beneficiosos para el turismo y el comercio». Este periódico intentó, sin éxito, recabar una valoración de la delegada provincial de Medio Ambiente, Inmaculada Oria, a cuenta de las peticiones de los agricultores.

Ecologistas

Ecologistas en Acción Granada forma parte de ese plantel de expertos al que alude el director del Espacio Natural de Sierra Nevada. Justo cuando hablamos con ellos acaban de recibir una convocatoria a una reunión multilateral para seguir abordando este puntos de fricción. Su postura es clara. «Queremos que se cumpla la normativa, en ningún caso que se les estropee la cosecha, pero están en un parque natural», apunta Javier Egea, su portavoz, quien señala a esa puerta abierta a instalaciones temporales sólo ante alerta inminente. «Aunque lo llamen de otra manera, a fin de cuentas son invernaderos», valora. Para él, las consecuencias directas son el impacto paisajístico y la generación de residuos, «en su mayoría tóxicos». «Restos de plástico que acaban tirados por cualquier sitio», afirma.

En el otro lado de la balanza, ayuntamientos y agricultores. «Nadie quiere aquí un El Ejido. Precisamente la Alpujarra es lo que es porque los alpujarreños hemos respetado nuestra tierra». La alcaldesa de Busquístar, Elisabet Lizana, es una de las cabezas visibles de esta cruzada contra el 'corsé' normativo. Y aunque evocar la imagen del mar de plástico almeriense puede parecer una contradicción, defiende que las mallas «son telas» y que sólo se instalarían durante la campaña. «Si en la fecha prevista no las quitan, pues entonces que se les sancione», apunta.

Para la regidora, «en los tiempos que corren y con la crisis que hay, no pueden plantar y que con una granizada se vaya todo a pique». En la misma línea, el alcalde de Trevélez, Víctor Expósito, apuesta porque se les autorice poner las mallas «tres o cuatro meses y que luego se recojan, que no estén ni tiradas ni mal puestas». «Se empeñan en decir que son invernaderos pero es una protección transpirable», sostiene. En su municipio, más de 20 familias viven de la agricultura. Es tajante: «Las normas están hechas a mala leche. Si alguien quiere trabajar, se les sanciona».

El alcalde de Bérchules, Ismael Padilla, se muestra más comedido. Matiza que el asunto de las mallas antigranizo es sólo uno de los aspectos de Sierra Nevada sobre la mesa. Alude a la racionalización del consumo de agua, al fomento del cooperativismo, a los sistemas de gestión de residuos o a la formación como otros apartados en los que se está trabajando «constructivamente». «Está siendo un proceso muy participativo y la disposición y la voluntad del parque es total», argumenta.

El riesgo de granizadas pende como una espada de Damocles especialmente sobre el cultivo de tomate cherry, cada vez más extendido, por el elevado coste de su plantación y porque se lo juegan todo a una cosecha. Óscar Medina, además de ser presidente de la asociación de agricultores de la zona, ha sufrido en propias carnes la furia de la climatología. Hace dos años una granizada devastó sus 36.000 plantas. Todo pérdidas. «No hay aseguradora que te cubra el cien por cien del cultivo que esté al aire libre. Si no quieren que pongamos telas, que el parque nos ayude a abonar estas pérdidas», apostilla.

Seguros con más cobertura

Que los agricultores dispongan de seguros que den cobertura a toda la cosecha frente a las inclemencias meteorológicas es uno de los temas que se está abordando en el Consejo de Participación. Así, se ha celebrado una reunión del grupo de trabajo de hortícolas al aire libre de la Comisión Territorial de Seguros Agrarios de Andalucía para estudiar la incorporación de nuevas producciones a los seguros agrarios y la adaptación de la cobertura a los cultivos en zona de montaña.

En el mismo escrito que se debatió en el último Consejo de Participación, se recordó asimismo la existencia de una línea de subvención a la contratación de seguros agrarios que promueve la Consejería de Agricultura. «Si se consiguen seguros que cubran las pérdidas bien pero, mientras, que nos dejen cubrir los cultivos el tiempo que dura la campaña», apunta José Antonio Murcia, secretario de la asociación y agricultor de Alpujarra de la Sierra. Asegura que a día de hoy la Junta ya ha abierto 65 expedientes sancionadores por instalar mallas sin autorización en 99 plantaciones. Según los datos que maneja el colectivo, algunas multas ascienden hasta a 3.000 euros.