La adjudicataria de la obra del AVE en Loja solicita a Adif la rescisión del contrato

Hace justo un año que empezaron a aparecer los trabajadores de la UTE formada por Dragados y Tecsa -del Grupo ACS- por el municipio de Loja para iniciar los trabajos de la Alta Velocidad. El contrato se había adjudicado en enero de 2015 por la mitad del dinero con el que había salido a concurso. De los 48,4 millones de euros que habían calculado los técnicos al redactar el proyecto de obra, la empresa rebajó la cantidad para lanzar una oferta arriesgada. Se comprometían a adecuar 27 kilómetros de vías por 23,8 millones. Pero pocas semanas después del 'desembarco' en la zona, la empresa empezaba a ver que no le salían las cuentas. En enero reclamó más dinero, superando el 10% de incremento que permite la ley, algo a lo que se han negado desde el Ministerio de Fomento. A principios de 2016, la empresa retiró máquinas y trabajadores de las vías y sólo mantuvo la actividad en la estación de viajeros. La situación no ha mejorado mucho en estos ocho meses. Hasta el punto de que «la empresa adjudicataria ha solicitado formalmente la rescisión del contrato», según confirmaron fuentes de Adif a este periódico.

Con esta solicitud formal, la unión de empresas arroja la toalla, se niega a continuar con las obras que se comprometió a ejecutar pero que ya abandonó hace meses. Pide más dinero que Adif y Fomento no están dispuestos a darle.

Grupo ACS no habla

Este periódico contactó ayer con el Grupo ACS, al que pertenecen las dos empresas adjudicatarias de la obra de Loja. No hay nadie de prensa trabajando esta semana, por lo que nos emplazaron a preguntar de nuevo el próximo lunes. En cualquier caso, en las ocasiones anteriores en que se ha preguntado por este asunto, siempre han declinado hacer ningún comentario, emplazando a que sea Adif quien ofrezca información sobre las obras.

La empresa pública confirmó ayer la solicitud formal de rescisión del contrato. Añadieron que «por parte de Adif, se han solicitado una serie de informes técnicos que permitan garantizar la viabilidad del proyecto adjudicado, para alcanzar, de esta forma, una solución dentro del marco legal del contrato». Esto significa que el administrador ferroviario está estudiando, «con el mayor rigor posible, las solicitudes de este tipo para determinar la coherencia y razón o no de dichas solicitudes».

Desde Adif explicaron que en este tipo de reclamaciones hay tres escenarios posibles. El primero sería el de acceder a la modificación del contrato, algo que sólo ocurriría tras analizar que la reclamación de la empresa sea «correcta». En el caso concreto de Loja , el incremento de dinero que solicitan supera el 10% que establece la ley, por lo que no pueden

En el caso concreto de las obras del AVE en Loja, al reclamar la unión de empresas una cantidad que supera el 10% del total -es decir, más de tres millones extra-, no es posible acceder a la modificación que solicitan.

La segunda situación que plantea Adif es que «en caso de que sus argumentos -los de la adjudicataria- no sean adecuados o insuficientes, exigirles la continuación de los trabajos conforme a las estipulaciones de cada contrato».

En esta línea fueron las declaraciones de la exministra de Fomento y actual presidenta del Parlamento, Ana Pastor, cuando visitó la capital granadina en el mes de febrero. En esas fechas estaban en un estado muy incipiente tanto las obras de la capital como las de Loja. «Hemos querido venir aquí porque está sin hacer. Esto tiene que avanzar, es muy importante», dijo entonces Ana Pastor a los representantes de las adjudicatarias. Pero han pasado seis meses y la situación no ha mejorado.

El tercer escenario es en el que se podrían enmarcar las obras de Loja. Apunta Adif que «en caso de continuar las discrepancias y desacuerdos entre las partes, proceder a la probable rescisión de los contratos y a una nueva licitación». En el caso del tramo de Loja, parece más que evidente que no hay acuerdo entre las partes, hasta el punto de que ha sido la empresa la que ha pedido que se rescinda el contrato a pesar de que esa decisión puede acarrearle sanciones.

La propia empresa pública de ferrocarriles destaca que sólo hay dos opciones, llegar a un acuerdo o la rescisión del contrato, y la primera opción parece poco probable.

Negociación baldía

La confirmación de que la unión temporal de empresas no está dispuesta a seguir con los trabajos arrojaría algo de luz a la falta de información que han mantenido desde el Gobierno en las últimas semanas. La última información oficial sobre este escollo de los trabajos en Loja -parados desde enero- la ofreció el secretario de Estado de Infraestructuras Julio Gómez-Pomar el pasado 21 de junio, cuando se comprometió a mantener «reuniones intensas». El secretario se mostró confiado en que los cambios en la cúpula directiva de Adif supusiera un nuevo impulso, pero la solicitud de la adjudicataria de la obra no permite ser muy optimistas.

Nueva adjudicación

Llegados a este punto de desencuentro y ante la «probable rescisión» del contrato, el escenario que se abre para el futuro de las conexiones ferroviarias no es muy halagüeño. En caso de rescindirse el contrato -algo que no se ha producido aún-, la obra tendría que salir de nuevo a licitación. Esta tramitación administrativa suele durar meses, puesto que hay que preparar un nuevo expediente de licitación, se abre el plazo de recepción de ofertas, se elige una empresa y se ofrece un plazo de alegaciones. Existe la posibilidad de llevar a cabo este procedimiento por vía de urgencia, pero tiene que estar plenamente justificado.

Después de la visita del secretario de Estado, hace ya dos meses, no ha vuelto a haber información oficial sobre la situación del contrato de las obras del AVE en Loja. Eso, a pesar de que el alcalde asegura desde entonces que llaman casi todos los días al ministerio de Fomento y nunca les atienden. El proceso de adjudicación del contrato sí tendría que hacerlo el Gobierno, ya que es competencia de Fomento.