El Gobierno no descarta penalizar a la UTE que ha pedido rescindir el contrato de Loja

El Gobierno exigirá a la UTE formada por Dragados y Tecsa, que ha pedido ha pedido rescindir el contrato del AVE a su paso por Loja (Granada), que se cumpla ley y, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva no descarta penalizar a esta empresa, según el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

"Aquí no hay un problema presupuestario, el Gobierno no tiene un problema de recursos económicos destinados a esta obra, que ya tendría que estar acabada", ha asegurado Sanz en rueda de prensa.

Ha explicado que se trata de problemas de la empresa y que el Gobierno esta estudiando qué decisión adoptará ante su planteamiento de "modificar" la condiciones de la adjudicación.

El Gobierno -ha proseguido- tiene la obligación de cumplir la ley, ya que "no se puede superar el 10 por ciento de incremento presupuestario que plantea" la UTE, por lo que ha considerado que "o hay acuerdo o hay rescisión" del contrato.

El delegado ha indicado que el Ministerio de Fomento está analizando la situación para tomar la decisión "más favorable y menos costosa" para los ciudadanos, al tiempo que ha confiando en que las obras puedan continuar lo antes posible.

"Lo que no se puede pedir al Gobierno es que se salte la ley, sobre todo porque hay una contratación y unos recursos disponibles para esa obra que debería haberse acabado", ha precisado.

Sobre la posibilidad de cambiar la concesionaria, Sanz ha manifestado que la idea es dar una solución "rápida y favorable" para los ciudadanos, y ha recordado que la rescisión de actual contrato supondría mayores plazos en la conclusión de la obra.

"El Gobierno lo ha hecho todo para que se hubiera terminado la obra y es un problema de empresa que requiere decisiones", ha afirmado el delegado, que cree que hay que agotar todas la vías posibles dentro de la ley.

En este sentido, no ha descartado ninguna posibilidad y ha matizado que "evidentemente se podría plantear algún tipo de resolución" entre la que no ha descartado la penalización.

"El contrato hay que cumplirlo y lo contrario tiene evidentemente consecuencias", ha asegurado.

El delegado ha insistido en la idea que Fomento va buscar todas las iniciativas posibles para que la solución sea la "mejor, la menos costosa y en menor plazo", ha apostillado.