Beas de Guadix concluye la petición de zona catastrófica y queda a la espera del Gobierno

El proyecto entregado incluye un documento sobre la actuación que se contempla en el terreno, así como un informe definitivo de bomberos, que estuvieron en el lugar de los hechos la noche en la que se produjeron los desprendimientos. Según el anteproyecto elaborado por Diputación, la obra asciende a una cuantía de 885.000 euros, una cifra que el primer edil asegura que es inasumible para el Consistorio. Son 31 las viviendas afectadas por la ladera y se ubican justo debajo del cerro y en la calle Perchel.

El informe propone como solución a los derrumbes quitar presión a la ladera. Según detalla el regidor de Beas de Guadix, esto se haría a través de la eliminación escalonada de la tierra que compone el cerro, que mide 30 metros de altura.

El desmonte se ejecutaría hacia atrás, en la parte en la que no hay viviendas y dejaría el terreno escalonado. Además de la reducción del peso, también se desarrollarían tareas de sujeción y fijación de la parte no desmontable, así como un refuerzo de la fachada. Así conseguirían acabar con los desprendimientos de montones de tierra y rocas que sufren los vecinos desde hace 15 años.

La actuación también incluye el realojo de las 31 familias que viven en la zona durante los siete meses que está prevista que dure la actuación. Los bomberos ordenaron tras los desprendimientos del pasado 23 de agosto el desalojo del lugar, una orden que se mantiene a día de hoy, aunque los vecinos se niegan a abandonar sus casas, una decisión que asumen bajo su propia responsabilidad.

Este problema ya obligó en noviembre de 2021 a cerrar el centro de interpretación de la localidad, como medida preventiva por motivos de seguridad por los derrumbes que se registraron también por las lluvias de otoño. La última gran caída de tierra en el entorno se produjo hace justo un año, en septiembre de 2023, cuando el regidor ya denunció la situación de emergencia en la que vivían los residentes. Desde Subdelegación del gobierno indicaron, anteriormente, que valorarán los daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se paralice, como consecuencia, algún servicio público esencial.