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Si usted busca en Google cinco o seis imágenes icónicas de la provincia, a buen seguro que la panorámica del castillo de La Calahorra con la sierra nevada al fondo aparecerá entre ellas. Una estampa seductora que, sin embargo, deja pocos réditos para una de las comarcas más deprimidas de la piel de toro, el Marquesado. La renta media declarada por los habitantes de La Calahorra, sin ir más lejos, apenas supera los 10.900 euros, prácticamente la mitad que la capital. ¿Por qué una de las grandes joyas del Renacimiento español no es una fuente de riqueza? Ésa es la pregunta que se hacen los setecientos habitantes de esta pequeña localidad tocada de lleno en su día por el cierre de las minas de hierro de Alquife y que hoy día subsiste gracias a unos cuantos negocios hosteleros, la almendras y las instalaciones termosolares ubicadas en el término municipal. La fortificación, propiedad del Duque del Infantado, sólo les genera por ahora quebraderos de cabeza. Los que se derivan de las normas de protección urbanística especiales de un inmueble catalogado Bien de Interés Cultural (BIC) de Andalucía. Cualquier reforma o arreglo que se haga en las viviendas tiene que pasar previamente por la Delegación de Cultura de la Junta.
El gran reto desde hace décadas es ponerlo en valor porque, como dice el propio alcalde de La Calahorra, Alejandro Ramírez (PP), «cuantos más turistas lo visiten, más turistas visitarán el pueblo, y más beneficios habrá para la economía y para todos los ciudadanos». La cuestión es que, por su consideración de BIC, el castillo tiene que ser visitable de forma gratuita al menos un día a la semana. Los miércoles, tres horas por la mañana y dos por la tarde. El guardés ofrece la visita guiada por el precio de tres euros. El resto de la semana está cerrado. Así lo ha determinado la propiedad. El palacio fortaleza presenta un estado de conservación aparentemente aceptable. Pero sólo aparentemente. El último informe realizado por la Junta de Andalucía, que data de 2015, descarta déficit estructurales. Pero sí recoge elementos con desperfectos en el patio central, el desprendimiento de una cornisa en la planta baja y problemas de estanqueidad en la cúpula de la torre suroeste y la bóveda perimetral de la torre noreste.
El visitante que esté un poco atento observará otros deterioros. Gran parte de los capiteles están fragmentados, la balaustrada está impregnada de polvo rojizo arrastrado por el viento desde la cantera de Alquife, el suelo de las habitaciones nobles de la planta superior está desbastado y el estado de conservación de los espectaculares artesonados está lejos del óptimo -especialmente el del cuarto del marqués-. A todo ello hay que agregar las pintadas en las murallas exteriores -al menos tres- y la falta de iluminación nocturna. Aunque el principal inconveniente es la accesibilidad. Hay una vereda sin asfaltar que permite subir en coche. Los que vayan andando encontrarán un primer tramo del camino en perfectas condiciones, el que discurre por el casco urbano, gracias a sucesivas intervenciones acometidas por el Ayuntamiento. El trecho de la montaña, que no forma parte del dominio público, se halla en pésimo estado. Es casi imposible para discapacitados y personas con movilidad reducida.
Todas las deficiencias y las formas de resolverlas figuran en el Plan Director del Castillo de La Calahorra, elaborado en su día por el Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de Guadix y que fue entregado a la Junta en 2015. En este documento, que cuantifica en 3,5 millones de euros la inversión necesaria para la restauración del monumento, figura todo lo que hay que hacer para que el castillo sea un motor de desarrollo. ¿Qué pasa? Pues que se encuentra en un cajón. Está incompleto. La Junta marcó una serie de exigencias a las que el Ayuntamiento, por ahora, no ha dado respuestas. El regidor calahorreño Alejandro Ramírez ha comentado que la intención del Consistorio es que este Plan, que requiere un montante de 6,5 millones de euros para llevarlo a efecto, esté terminado para el año que viene.
«La relación entre el castillo y los habitantes de La Calahorra es de amor y odio; amor porque es un icono y odio porque su carácter privativo limita sus posibilidades de generar riqueza», asegura el primer edil. A esto último habría que agregar las restricciones que conlleva el BIC y de las que tan sólo se libran los que viven en el barrio que va del cruce de Alquife a la Sierra de Aldeire. El resto tiene que obedecer unas normas estrictas para garantizar la preservación de los valores urbanísticos y paisajísticos. Fundamentalmente tres: cubiertas de teja árabe, cerramientos de madera y estética de las fachadas. «Aparte de que la Junta tarde seis meses en responder y que nosotros podamos otorgar licencias, estos requerimientos encarecen cualquier reforma entre un diez y un quince por ciento», lamenta Alejandro Ramírez.
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