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María Josefa, José María, María Rosario y Olga son vecinos de la calle Mediterráneo de Alomartes (anejo de Íllora). A este vecindarios de casitas bajas adosadas les une ahora una inquietud. Tienen miedo a tener que abandonar las viviendas en las que están de alquiler ... desde hace catorce años. «Mi casa parece un tanatorio; una de mis hijas me pregunta que si nos tendremos que ir y adonde», expresa José María, padre de familia y con una pensión por incapacidad laboral. Su mujer trabaja en los espárragos, en lo que va saliendo, y a duras penas pagan la renta. María Josefa avala a su hijo que tiene a su vez cuatro niños y Olga tiene un hijo enfermo. Los ingresos de estas familias son pensiones o el mínimo vital o trabajos esporádicos y tienen ante sí la decisión de comprar una vivienda. Según cuentan es un ultimátum.
También están María Belén, Carlos, Antonia, Cristina, Antonio o Rosa María. Las mismas circunstancias aunque todos con matices diferentes. Ya hubo algún desahucio. Ellos sí pueden pagar el alquiler –que ronda los 262 euros– pero «no podrían» afrontar el pago de una vivienda porque nos bancos «no les dan una hipoteca».
En 2010, Visogsa, empresa de vivienda y suelo de Diputación, sorteó estas viviendas de Alomartes y firmó, con los inquilinos, un contrato de alquiler con opción a compra. En el documento aparece que el arrendamiento era de «hasta un máximo de 10 años». «Nos han dicho que si no compramos nuestras casas, nos iremos a la calle y tenemos miedo», aseguran.
Para la mayoría de estas familias esos años se cumplieron en 2020 pero dicen que es ahora cuando han recibido una notificación por la cual «deben» comprar sus viviendas.
Visogsa envió una carta con la convocatoria de una reunión para ofrecer unas nuevas condiciones de compra sobre la vivienda que tienen arrendada. Una de las vecinas tiene el documento de «oferta de compra» en el que la empresa de vivienda de Diputación señala que la propuesta tiene «un mes de vigencia» y que para aceptarla tienen que rescindir el contrato de alquiler. El precio de compra ronda los 50.000 euros.
Mientras que los vecinos aseguran que «verbalmente» les han dicho que el que no compre y tenga el plazo de alquiler vencido «deberá irse a la calle», desde Diputación indican que tan solo se trata de «una oferta de compra» y que no está vinculada con la extinción del contrato de alquiler. Los vecinos explican que hay a quienes al extinguirse el alquiler, les han ofrecido la compra y al no comprar «les han ampliado el contrato de alquiler pero «perdiendo los depósitos», que es lo que han ido pagando en concepto de renta estos años.
Los residentes de las VPO de la calle Mediterráneo aseguran que ellos «quieren comprar las viviendas» pero que necesitan ayuda. «O que la Diputación nos avale o que hablen con los bancos para que nos concedan hipotecas. Con pensiones y sin nóminas fijas, las cajas no nos dan la hipoteca», aseguran estos inquilinos.
Si no compran estas casas, dicen, «no tienen dónde ir». «No hay más alquileres en el pueblo, todo es comprando». Ellos saben que 50.000 euros es un precio bueno y que podrían tener de cuota «menos que la del alquiler» pero que nos bancos no les permiten acceder a la financiación para comprar las casas.
Ahora hay once familias que ya tienen oferta de compran y que se ven «amenazadas» por la posibilidad de que sus contratos de alquiler no tengan más vida.
El concejal de Vox del Ayuntamiento de Íllora, Francisco Palma, que acompaña a estos vecinos en su reivindicación, señala que este cambio del alquiler a la venta de las viviendas «coincide con la quiebra de la empresa Visogsa y la intención de salvarla por el actual equipo de gobierno de Diputación», aclara Palma, que considera que esta empresa «necesita ahora liquidez».
Desde Visogsa aclaran que a estos inquilinos se les ha hecho «una oferta de compra con un precio muy por debajo de mercado» y que es una «opción independiente» a la del alquiler. «Los contratos de arrendamiento tendrán sus fechas de vencimiento».
«Algunas familias no han renovado sus arrendamientos, otros tienen deudas y se les han dado todas las facilidades. Hemos estudiado caso por caso y se han ido dando avisos con antelación», apuntan desde la empresa de vivienda y suelo provincial.
Visogsa manifiesta que son una empresa pública «sometida a derecho» con el objetivo de ayudar a las familias granadinas y que así lo van a seguir haciendo.
«El ofrecimiento de compra es simplemente una manera de mejorar sus contratos, pero no implica el vencimiento del alquiler. Eso va por otro lado», especifican fuentes de esta empresa promotora de viviendas.
En el caso de los contratos que ya han vencido, aseguran desde Visogsa que llevan «seis meses avisando» y que esta oferta facilita el acceso a la vivienda porque la hipoteca se les quedará con una cuota más baja que el alquiler.
La madre de Rosa Peña, inquilina de una de estas viviendas, dio la voz de alarma en su TikTok. Dijo que hacía un vídeo para pedir ayuda y que, esta vez, no iba a aportar nada divertido como en otros post que había subido ya. Rosa Molina, la madre de esta inquilina de las viviendas de Alomartes, indica en su vídeo (que tiene casi 9.000 reproducciones) que su hija, sus nietos y su yerno se pueden ver en la calle. Que la casa en la que llevan viviendo una década «es su hogar» y que espera que se pueda buscar una solución a estas familias. Esta abuela pide un SOS para los vecinos de estas VPO.
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