El exalcalde de Santa Fe Sergio Bueno se sienta el lunes en el banquillo acusado de prevaricación

Sergio Bueno, exalcalde de Santa Fe, se sentará el próximo lunes en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 6 de la capital como presunto autor de un delito de prevaricación administrativa. Se enfrenta a 10 años de inhabilitación por, supuestamente, haber realizado unas 70 contrataciones temporales contrarias a la ley, aunque él siempre ha asegurado que actuó «conforme a derecho».

Según consta en una diligencia de ordenación emitida en mayo por el referido órgano judicial, este juicio oral arrancará a las 09.20 horas y se desarrollará en el complejo judicial de la Caleta.

La vista ya se había señalado el pasado mes de enero en este juzgado, pero se suspendió para que la Audiencia Provincial de Granada analizase si le correspondía o no juzgar la causa. Finalmente, será el citado órgano de lo Penal el que enjuiciará los hechos que se le imputan al exregidor, que dimitió en 2014 tras ostentar el bastón de mano de Santa Fe durante once años. Durante la vista se esclarecerá si, como sostienen las acusaciones, realizó contratos supuestamente irregulares hace seis años.

Fue el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa Fe el órgano que investigó esta causa, en la que está personado como acusación el grupo municipal del PP, que además acusa al entonces concejal de Empleo y Medio Ambiente, contra quien no ha formulado cargos la fiscalía.

Por su parte, la fiscalía, en sus conclusiones provisionales, acusa a Bueno de actuar «siguiendo un plan preconcebido y a sabiendas de su injusticia», en cuyo marco , durante los meses de enero y febrero de 2012, contrató a 66 personas contraviniendo «consciente y voluntariamente» lo dispuesto por el Gobierno en un decreto ley de 2011 en el que articulaba medidas urgentes para la corrección del déficit público. El PP, en su calificación, sostiene que los contratos se realizaron a «al menos a 123 personas».

Ese decreto disponía, según las acusaciones, que durante el año 2012 no se procedería «a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario personal o de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales».

La fiscalía cree que los contratos que el exregidor socialista firmó «no contaron con los correspondientes expedientes administrativos que acreditaran previamente la excepcionalidad de la contratación», así como que causaron un supuesto «quebranto» económico al Ayuntamiento.