Jorge Pastor y Mercedes Navarrete
Viernes, 7 de junio 2024, 00:43
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha publicado el listado de propietarios de las fincas privadas de los términos municipales de Loja y Salar que se verán afectadas por las expropiaciones forzosas que conllevará la construcción del tramo 'Variante de Loja-A-92' de ... la plataforma de la línea de alta velocidad Antequera-Granada.
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Es un paso adelante en el auténtico camino de obstáculos que está suponiendo la tramitación de la variante de Loja, el atajo de 16 kilometros que evitará el paso de los trenes por esta localidad y que acumula retrasos en las secciones Valle del Genil y A-92. Las expropiaciones en concreto afectan a los terrenos donde se construirá el segundo de los tramos de la variante que tiene 6,3 kilómetros, el conocido como 'A-92', que sortea así el penúltimo tramo para comenzar las obras.
El proyecto quedó aprobado el 28 de diciembre de 2023, según la información del Ministerio y seis meses después el Gobierno no ha anunciado aún la fecha de inicio de los trabajos, que están pendientes de licitación. El presupuesto previsto es de 86 millones de euros para la plataforma y el control y asistencia de las obras. El tercero de los tramos de esta infraestructura, que permitirá ahorrar diez minutos en el tramo ferroviario entre Antequera y Granada, está pendiente de las prospecciones arqueológicas en la Villa Romana de Salar. El proyecto contempla un viaducto a apenas cien metros de este conjunto arqueológico, que tiene la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima figura de conservación patrimonial en la comunidad andaluza.
Adif está acometiendo en estos momentos los trabajos arqueológicos auxiliares que determinarán en qué medida el trazado de la vía puede afectar a la Villa Romana de Salar. Los primeros sondeos acometidos por Adif constataron que, en efecto, había restos de la Villa justo en el punto donde se 'clavaría' una de las pilas del viaducto. «Una vez que se realice la evaluación de los restos –apuntan desde Adif– será el Servicio de Arqueología de la Junta quien trasladará su dictamen final sobre qué medidas proceden, en su caso».
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La Junta será, por tanto, quien marque los ritmos, según las mismas fuentes, que señalan que además «se está analizando técnicamente, en colaboración con el Servicio de Arqueología de la Junta, la adaptación de la ubicación» del sostén, así como las dimensiones y el giro de su cimentación, para minimizar el impacto sobre los vestigios encontrados. Adif admite por tanto que la adecuación de la infraestructura a la nueva situación «podría demorar unos pocos meses» la aprobación definitiva del proyecto, el paso previo a la licitación de las obras. Si hasta ahora se esperaba tener el documento definitivo en torno al tercer trimestre de 2024, ahora se baraja que estará «entre diciembre de este año y enero de 2025». «De forma adicional, la Junta determinará las medidas compensatorias por la afectación al BIC, que se acometerían en un proyecto independiente que no tendría incidencia en los plazos», especifican desde ADIF.
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