El pueblo que perdió el miedo

«No les vamos a permitir campar a sus anchas. Han dañado nuestra convivencia, nuestra paz y hasta nuestra economía». Con estas afirmaciones, el alcalde de Íllora, Antonio Salazar, se ha puesto al frente de un pueblo entero que ha estallado tras la agresión que le ha costado la vida a su joven vecino Juan Castro.

Los vecinos de Íllora llevan, al menos desde 2017, sufriendo episodios de violencia, altercados y otras agresiones menores protagonizadas por la conflictiva familia a la que pertenece el joven detenido por la muerte de Juan y a la que acusa de haber dinamitado la paz en la localidad.

La indignación contenida durante años y la impotencia acumulada estallaron en la noche del pasado 15 de agosto, tras confirmarse la fatídica muerte de Juan. Los vecinos asaltaron siete de las viviendas en las que residen los familiares del detenido -que por entonces estaba huido- y destrozaron varios coches.

Antes se habían concentrado de forma masiva para exigir justicia en la plaza del Ayuntamiento y que, tanto el supuesto autor de la agresión como su familia, se marchen para siempre del pueblo.

Los vecinos de Íllora han perdido el miedo que en otras ocasiones les ha hecho callar agresiones o bajar mirada ante alguno de los numerosos miembros de esta familia que les ha ha atemorizado y están dispuestos a que la muerte de Juan marque un punto de inflexión y de no retorno.

«¡Antonio, échales del pueblo!», rogaban los vecinos a gritos al alcalde antes de que la concentración masiva en la plaza del Ayuntamiento. Y es lo que va a intentar el regidor con armas legales.

«Es lo que me demanda el pueblo y vamos a intentar tramitar la privación de residencia, que se puede solicitar al juzgado en casos de delitos o alteraciones de la convencia. Lo vamos a intentar dando los pasos correctos a nivel jurídico y siempre dentro de la legalidad», explicaba a IDEAL el alcalde de Íllora, Antonio Salazar, también muy afectado por la desgracia que está viviendo el pueblo.

Los servicios jurídicos municipales estudian así hasta qué punto se puede aplicar en este caso el procedimiento de privación de residencia, que solo puede autorizar un juez para alejar a un condenado de sus víctimas.

La sinrazón de la muerte de Juan Castro, un joven que tenía toda una maravillosa vida por delante, no solo ha destrozado así a su familia, muy querida en el pueblo, sino que ha roto en pedazos el corazón de Íllora. Los vecinos se han unido como nunca en el dolor y en la solidaridad, pero también en la rabia, la consternación y la furia, hasta tal punto de que la multitud que participó en los destrozos de las viviendas se expone ahora a las consecuencias penales, ya que serán identificados por la Guardia Civil.

Unos altercados y un clima de crispación inédito en este tranquilo municipio de cinco mil vecinos del Poniente granadino (suma unos diez mil habitantes con sus pueblos anejos) que ha tenido como detonante la dramática muerte en la feria pero cuyo caldo de cultivo se ha venido fraguando durante años de convivencia problemática con toda la familia a la que pertenece el detenido por la agresión mortal.

Una parte es originaria de Pinos Puente desde donde se trasladaron hace años y otra ya vivía en Íllora, según cuentan los vecinos. En los últimos años, la mera presencia, tanto del ahora detenido como de otros familiares, hermanos y primos, ha sido sinónimo de miedo, trifulcas o problemas.

El detenido era aún menor de edad cuando en octubre de 2017 agredió a un chaval de 16 años con una pistola eléctrica paralizante, conocidas como «taser», en la puerta del instituto de Íllora. No solo le disparó descargas eléctricas, sino que aprovechó que la víctima quedó aturdida e inmovilizada para propinarle patadas por todo el cuerpo. El chico resultó herido y emocionalmente destrozado y la paliza se vio en el juzgado de Menores.

Aunque se han registrado algunas denuncias policiales por tenencia de estupefacientes y alteración del orden público a algunos de los miembros de esta familia siempre han sido temas menores y en muchos de los casos que relatan los vecinos, los hechos ni siquiera se han denunciado ante la Guardia Civil, por lo que no constan oficialmente. Uno de los primos, con numerosos antecedentes penales, sí ha sufrido penas de prisión, entre otros delitos, por violencia de género.

La Guardia Civil no confirmaba ayer si el detenido por la agresión mortal tiene antecedentes penales.

En muchas ocasiones los vecinos han callado «por miedo a represalias». Es el caso del ataque que sufrió un conocido hostelero de Íllora el pasado 24 de diciembre. Explica que estaba repartiendo pedidos a domicilio y dejó un momento su vehículo ocupando parte de la calle. En ese momento se cruzó con otro coche que sufrió daños en el retrovisor al intentar pasar.

El conductor era un primo del ahora detenido por la muerte de Juan. Sin mediar más de dos palabras con el empresario -siempre según su relato- se bajó del coche, le atacó y de un puñetazo le dejó inconsciente en el suelo, por lo que tuvo que ser atendido en el hospital. No denunció por miedo aunque hoy sostiene que debería haberlo hecho.

Antes, en noviembre de 2021, otro de los primos del supuesto homicida, atacó a un médico jubilado de la localidad cuando paseaba tranquilamente por la calle. En este caso sí hubo denuncia e incluso los familiares del agredido convocaron una concentración para exigir seguridad.

El episodio violento más sonado, sin embargo, por su repercusión mediática, sucedía el 3 de mayo de 2022. Esta vez, la víctima fue un miembro del clan, de 42 años y con numerosos antecedentes policiales, que quedó malherido tras sufrir un disparo.

El supuesto autor del disparo fue un comerciante del pueblo de 62 años de edad y que se encuentra en prisión por estos hechos. En venganza, numerosos miembros de la familia y amigos asaltaron la vivienda del comerciante y solo la rápida actuación de las fuerzas de seguridad evitó que el linchamiento tuviera consecuencias fatales.

Las imágenes recogidas por todos los medios dieron la vuelta a España.

El último episodio violento tuvo lugar hace apenas tres meses en un negocio de comida rápida donde se reúnen jóvenes de la localidad, que se vieron envueltos en una pelea. Dos jóvenes sufrieron lesiones y denunciaron el ataque de una pandilla entre la que según aseguran se encontraban miembros de esta familia, aunque en las diligencias policiales no aparece el detenido por la muerte de Juan.

Agresiones, inseguridad, miedo... situaciones nunca antes vistas en un pueblo que culpa a esta familia y expresaba su hartazgo en la mutitudinaria concentración espontánea y en los asaltos posteriores a viviendas.

La subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, mostraba comprensión con la indignación de los vecidos por la «tragedia» que han sufrido con la muerte de Juan a la vez que lanzaba un llamamiento a la calma y recordaba las consecuencias judiciales de hechos punibles como los asaltos y daños a la propiedad privada.

El regidor Antonio Salazar también lanzaba ayer un nuevo llamamiento a la calma: «Que el dolor y la pena no nos hagan olvidar que Íllora es un pueblo solidario que siempre ha tenido una convivencia magnífica entre sus vecinos. Que los disturbios no empañen lo que somos, estemos tranquilos y dejemos a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad actuar».

Además de intentar tramitar la privación de residencia para esta familia, el alcalde confirmó que el Ayuntamiento se personará como acusación particular en el procedimiento judicial por la muerte del joven ilurquense.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro confirmó que íllora mantendrá refuerzos policiales y una fuerte vigilancia, con patrullas de antidisturbios de los Grupos de Acción Rápida y de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil hasta que el pueblo recupere la paz que nunca debería haber perdido.

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