Un juzgado reconoce que erró al reabrir el caso contra el alcalde de Vegas del Genil por delito electoral

El caso se tramitaba en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Santa Fe y la jueza que lo dirige, María Dolores Segura, ha dado la razón al abogado del regidor. De este modo, la magistrada da un paso atrás: anula la decisión de reabrir la causa e inadmite el recurso por «extemporáneo» –porque lo presentó una parte que se había personado fuera de plazo–.

Esta decisión, que pone punto final al proceso contra el socialista Leandro Martín, ha quedado reflejada en un auto dictado por el citado órgano judicial el pasado 25 de enero. En él, la jueza acepta que al estimar aquel recurso contra el sobreseimiento provisional acordado «se cometió error, por lo que ha de ser declarada la nulidad de actuaciones».

La decisión de la magistrada tiene una consecuencia directa: el sobreseimiento del caso queda confirmado por «no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito». El auto que hace ahora que el regidor se desprenda de la condición de investigado, se produce después de un informe de la fiscalía que de igual modo censuró la reapertura del caso.

En su escrito, registrado el 1 de octubre del año pasado, el ministerio público opinó que, tal y como había pedido la defensa de Leandro Martín, procedía la nulidad, pues el recurso fue iniciativa de una testigo que se personó en la causa tarde procesalmente. Por eso «fue indebidamente admitido». Esa testigo era María del Carmen Ros, portavoz popular en el municipio vegueño. Su estimación colocó al regidor de Vegas del Genil en la fase de preparación de un juicio oral contra él y le causó «indefensión». La fiscalía cree que no se respetaron las normas procesales.

El asunto que provocó la investigación contra este alcalde de la provincia –la supuesta captación de votos de cara a los comicios municipales de 2015– acaparó la atención política –y mediática– en su momento. Incluso se llegó a pedir por parte del Partido Popular la dimisión de Leandro Martín a finales de 2016. No en vano fue el este partido el que puso los hechos en conocimiento de la fiscalía, prendiendo la mecha judicial del caso.

En cuanto al contrato objeto de la polémica, fue firmado por Leandro Martín con el psicólogo E. L. G., la persona a la que supuestamente le prometió una prestación de servicios en el Ayuntamiento si el PSOE lograba la alcaldía.

Tras salir a la luz pública el caso, el portavoz del grupo popular en la Diputación, José Robles, en una nota de prensa, llegó a considerar los hechos denunciados de una gravedad extrema. «Creemos que un delito electoral es de los peores que se pueden imputar a un alcalde, acusado de una compra de votos y alteración de la voluntad popular a cambio de prebendas, contratos y trabajos futuros», llegó a decir Robles.

La denuncia de la fiscalía, fechada el 14 de octubre de 2016, tuvo entrada en los juzgados de Santa Fe el 3 de noviembre de 2016, que abrió inició la causa el 21 de noviembre de 2016.

Leandro Martín declaró como investigado en el juzgado el 17 de marzo de 2017 y manifestó –según consta en las alegaciones de su defensa– que «se limitó a firmar un contrato de compromiso» que E. L. G. le facilitó. Aseguró que este hombre «se reunió con todos los partidos políticos» y que el proyecto «se basaba en la problemática de los desahucios y la ayuda psicológica que necesitan las familias que se encontrasen en dichas situaciones».

E. L. G. , que declaró como testigo el 28 de abril de 2017, «en ningún momento» manifestó que el convenio que firmó con Martín se firmara a cambio de votar o pedir el voto para ningún partido político, según se desprende del escrito que presentó la defensa de Martín para instar la nulidad.