Inés Gallastegui
Granada
Sábado, 5 de octubre 2024, 23:45
La declaración de la Sierra de la Sagra como parque natural se ha encontrado con la firme oposición de una parte importante de los agentes económicos del territorio, que llevan desde 2017 elevando la voz contra esta figura a través de cartas al Gobierno andaluz ... y los ayuntamientos. Incluso hay presentado un recurso contencioso-administrativo. Propietarios forestales, agricultores y ganaderos, gestores de cotos de caza y empresarios lanzan todo un abanico de objeciones a esta figura de protección que impone «limitaciones y trabas» a sus actividades sin garantizar, a su juicio, ninguna contrapartida.
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Para ellos, las promesas de la Junta y los ayuntamientos de que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN)y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)del futuro parque serán consensuados y recogerán sus aspiraciones son papel mojado, habida cuenta de que el borrador del PORNya se ha presentado y la administración jamás se ha sentado a escucharles, pese a ser propietarios del 73% de la superficie acotada.
Uno de sus principales argumentos es que la Sierra de la Sagra ya goza de una amplia protección medioambiental a través de figuras como el Geoparque o la Zona de Especial Conservación (ZEC)dentro de la red europea Natura 2000. Marian Núñez, presidenta de la Asociación de Propietarios Forestales de Andalucía Oriental Foret, con sede en Huéscar, recuerda que este colectivo está tan a favor de la conservación que, de hecho, es el responsable del excelente estado de esta sierra desde hace muchos años, antes de que existiera ninguna figura de protección oficial, tal y como se reconoce en el borrador del PORN.
Este colectivo no compra la idea de que el paso de ZEC a parque natural no supondrá nuevas limitaciones: el documento de trabajo, recuerda Núñez, incluye nada menos que 13 páginas de restricciones relacionadas con la agricultura, la ganadería, los aprovechamientos forestales, las infraestructuras o el urbanismo.
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No se trata de temores irracionales: sus inquietudes, aseguran, están justificadas por 30 años de experiencia en los parques naturales andaluces. Núñez afirma que la ley que los regula, de 1989, «está obsoleta». En muchos parques ha habido un estancamiento económico y se ha acentuado la despoblación, argumenta. De hecho, ya hay municipios que quieren salir del parque y no pueden: el proceso es irreversible.
Manuel del Pino, presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Granada, pone varios ejemplos. «En la Sierra de Baza prohibieron la caza. Los ciervos arrasan cosechas enteras y hemos ganado 200 demandas por daños, pero Medio Ambiente prefiere pagar las demandas que buscar una solución», señala.
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Más ejemplos: en Bérchules los agricultores protegían sus cosechas estivales de tomate cherry y habichuelas verdes con unas mallas antigranizo y el Parque de Sierra Nevada las prohibió por su impacto visual. «Algunos prefieren poner la malla y pagar la multa, porque las tormentas lo destrozan todo y el seguro agrario no cubre el 100%». El pastoreo extensivo, añade, se enfrenta a sanciones porque sus ovejas andan libremente y no saben qué pastos están autorizados y cuáles no.
Y aún más: en los parques se prohíbe convertir secano en regadío, aunque el agricultor tenga agua y autorización de la CHG. «En el tema urbanístico, para hacer cualquier pequeña obra necesitas autorización del parque. Para arreglar un camino, te obligan a poner vallas de madera y no te dejan meter maquinaria, pero la Junta cuando hace una obra pone vallas metálicas y usa maquinaria... La parte pequeña del embudo siempre es para los mismos», lamenta Del Pino.
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La Asociación de Productores Cinegéticos y Titulares de Cotos de Granada (Aproca) también expresa sus recelos. Para empezar, considera contradictorio que la Junta cree el parque natural para defender la Sierra de la Sagra de las «presiones y amenazas» que representa el aumento del tráfico de senderistas y montañeros y, por otro, asegure que uno de los principales objetivos de esta figura es atraer el turismo.
Su representante, Enrique Martínez, resalta que en esta sierra hay una gran cantidad de cotos de caza mayor que organizan monterías y batidas de jabalí, ciervo, gamo, muflón, arrui y cabra montés, así como de caza menor con conejo, liebre y perdiz roja, actividades que suponen un enorme atractivo para el turismo cinegético y que peligran con la declaración.
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El presidente de la Asociación de Empresarios de la Comarca de Huéscar, Gabriel Villalobos, asegura que la «desastrosa» gestión de parques vecinos es un motivo de inquietud, por las trabas administrativas y la burocracia. Pero trata de templar gaitas y pide «paciencia». Villalobos reclama a los propietarios que aprovechen la oportunidad y participen en el proceso y a la Junta, que organice una reunión técnica exclusiva con ellos. «Tenemos una oportunidad de oro de hacer esto desde el consenso», concluye.
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