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El 4 de octubre, al borde de las tres de la tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) distribuyó un comunicado en el que informaba de que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla había emitido auto de procedimiento abreviado que deja a las puertas de juicio ... una causa por el control de cursos de formación entre 2010 y 2012. El auto afecta a 19 investigados, entre ellos varios ex altos cargos de la Junta. De todos, la nota sólo mencionaba un nombre: el del exalcalde de Granada Francisco Cuenca. Se le relacionaba indirectamente con cinco delitos, aunque se le acusa de tres.
PP y Ciudadanos han solicitado –sin mucha persistencia, de momento– la dimisión de Cuenca. En realidad, ambos están más cómodos con el exalcalde en el Ayuntamiento porque, con él dentro, la inestabilidad se reduce a las cuitas internas del bipartito; que no son pocas.
A Cuenca también le ha beneficiado estar en la oposición. De lo contrario, tendría que haber dimitido sobre la marcha.
Es muy difícil que el portavoz socialista evite sentarse en el banquillo; la incógnita es saber cuándo. Cuenca tiene el respaldo de su partido, tanto de Pedro Sánchez como de Susana Díaz y su número dos, Juan Cornejo. Se lo trasladaron en el hotel Abades Nevada el 8 de octubre, antes de empezar el mitin celebrado en Granada. Según la dirección socialista, ni la situación procesal de Cuenca ni el cariz de los hechos investigados contravienen el código ético suscrito por el PSOE.
El caso de los cursos de formación también marca el rumbo de Paco Cuenca. Es cierto que a la vuelta del verano ya tenía decidido continuar en el Ayuntamiento, algo que no hicieron ninguno de los alcaldes salientes cuando acabaron en la oposición. Su diferencia es que ganó las pasadas municipales, cosa que no le sucedía al PSOE en la capital desde hace tres décadas.
Pero si hace un mes era una opción, quedarse es ahora la única alternativa. Lo que sí se descarta tras el último auto judicial –y el equipo de Cuenca lo tiene asumido– es la hipotética moción de censura. Tanto Susana Díaz como el secretario provincial socialista, José Entrena, se han manifestado contrarios a cualquier tipo de alianza que cuente con la participación de Vox. Pero, además, la cada vez más factible apertura de juicio oral contra Paco Cuenca –y otros 18 investigados 'anónimos'– le anulan temporalmente para volver a la alcaldía.
El socialista sigue con sus encuentros institucionales en el marco de lo que ha bautizado como el pacto social, un intento por proyectarse como un alcalde paralelo.
Todo esto a expensas de lo que suceda el 10 de noviembre. Todos admiten que el resultado de las generales puede marcar también el devenir en la plaza del Carmen.
De momento, hasta el 11 de noviembre ni Sebastián Pérez ni Onofre Miralles elevarán el tono. El portavoz de Vox hasta felicita a sus compañeros de corporación públicamente por el cumpleaños o la onomástica. Y eso que el viernes se contravino otro de los puntos del decálogo que exhibió Vox como condición para apoyar un gobierno de PP y Cs. Onofre Miralles puso como condición la continuidad del jefe de la Asesoría Jurídica, que paradójicamente fue un 'fichaje' de Paco Cuenca. El bipartito –ha sido una decisión del PP– tenía decidido reestructurar el área. Y lo ha hecho; porque entra dentro de sus competencias.
El viernes a las ocho de la mañana, en una sala de alcaldía, se produjo un encuentro de los grupos de PP, Cs y Vox; sólo faltó Manuel Olivares. Dicen los asistentes –y la expresión la repiten varios– que se desenmascararon algunos «agentes doble». Onofre Miralles insistió en que mantener al jefe de la Asesoría Jurídica era uno de los puntos del decálogo. Alguien del PP matizó que ese documento no se llegó a firmar.
Y dicho así, lleva razón.
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