¿Qué queda de la Operación Nazarí casi una década después?

Las diligencias previas partían de la unificación en el mismo juzgado de dos denuncias que llegaron a la fiscalía y llevaban bajo secreto desde el 22 de enero de 2016. El 13 de abril de aquel año se detuvo a 16 personas, entre cargos públicos, funcionarios y empresarios, que quedaron en libertad tras prestar declaración.

Los indicios hacían pensar en delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, administración desleal o prevaricación urbanística. La UDEF de la Policía Nacional registró el Ayuntamiento y los domicilios de algunos cargos políticos. El asunto sentenció la carrera política de José Torres Hurtado, exalcalde, e Isabel Nieto, exconcejala de Urbanismo, y derrocó al PP de la alcaldía.

Pese al barullo inicial, seis piezas se han archivado y la única que llegó a juicio acabó en absolución. En esta parte de la macrocausa enjuiciada que quedó en nada se investigaron supuestas ilegalidades relacionadas con la construcción de un bloque de pisos de la calle Obispo Hurtado de la capital, donde poseen viviendas tanto el exalcalde como la exconcejala.

Para Torres Hurtado la trama nazarí finalizó en el año 2023. Un año después, el Tribunal Supremo confirmó su absolución. Con respecto a lo que sigue pendiente, en el expediente San Jerónimo, la fiscalía ha solicitado en un nuevo escrito de acusación que se emitió el 13 de marzo dos años de cárcel para la exconcejala de Urbanismo de Granada Isabel Nieto (PP) y otras tres personas que ocuparon puestos de responsabilidad en el área cuando se concedió, presuntamente de forma irregular, la licencia de primera ocupación del residencial Ciudad de la Luz, Se trata de una urbanización compuesta por 300 viviendas, garajes y trasteros en dos edificios denominados Goya y Van Gogh, situados en la calle Pedro Machuca de Granada, ubicada en el Plan Parcial N-2, siendo su promotora la mercantil Casería de San Jerónimo S.L.

El ministerio fiscal ha mantenido así su acusación en esta pieza separada del 'caso Nazarí', después de que la Audiencia de Granada anulara el auto que en julio de 2023 ya procesó a la excúpula de Urbanismo por este asunto. Además, el 17 de marzo se remitió el escrito de acusación del empresario Ramón Arenas, que presentó la principal denuncia que activó la Operación Nazarí, y ya se ha dado traslado a las defensas.

Tanto la representación legal del Ayuntamiento como el PSOE han pedido el sobreseimiento de la causa, mientras que la acusación particular ha solicitado ocho años de prisión. Por su parte, las defensas elaboran sus escritos y el siguiente paso será que el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada inicie la apertura de juicio oral.

Este tribunal llegó incluso a abrir juicio oral contra los acusados, pero algunas resoluciones de la Audiencia obligaron a retrotraer las actuaciones. En la misma línea, la última pieza pendiente es el expediente del Mulhacén, que hace referencia al pabellón homónimo. En la zona estaba prevista la construcción de un aparcamiento de 196 plazas y tres pistas de pádel y su promotor recibiría a cambio un aprovechamiento del 30% del solar de uso terciario.

Sin embargo, el empresario, con el permiso del consistorio, cambió el proyecto al considerar que no era rentable y levantó un pabellón deportivo. En el resto de la parcela construyó establecimientos para explotación hostelera. Esta interpretación de la norma urbanística de destinar el 30% del aprovechamiento de un solar terciario es un tipo de operación que se ha llevado a cabo en otras zonas de la ciudad.

Hace un año, en abril de 2024, el Juzgado de Instrucción número dos dictó el auto de procedimiento abreviado y emplazó a las partes a que solicitaran la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento. La defensa encabezada por Ernesto Osuna, que representa a Nieto, presentó un recurso contra el auto de procedimiento abreviado mandado a la Audiencia en protesta por la dilación de la fiscalía. La Audiencia tiene que pronunciarse ahora para ver si la pieza continúa a juicio.

Recientemente, el TSJA ha valorado como ilegal esta operación urbanística denunciada por Ramón Arenas, que se considera principal afectado, ya que es propietario del solar aledaño. La resolución ha sido remitida al juzgado. Las defensas de los acusados consideran que la situación del pabellón es subsanable con alguna innovación urbanística, como una pasarela que una las dos edificaciones. Pero lamentan los efectos que la investigación judicial ha tenido en sus representados, porque en todos estos años la mayoría de los asuntos se han cerrado, mientras que el prestigio y la reputación de los acusados se ha visto «gravemente» dañado.