Las dietas del artículo 16

Sesión del pasado 10 de julio. Se afronta el debate final de la proposición de ley del Consejo Consultivo; esa institución que está en la plaza de Bibataubín de Granada; que Ciudadanos se quería cargar hasta que empezó a gobernar con el PP en la Junta. La plaza de la que retiraron hace ahora justo una década el monolito de homenaje a Primo de Rivera.

La norma llegaba al pleno apalabrada por PP y PSOE pero, finalmente, solo obtuvo el voto de los populares. El motivo de fricción fue la disposición adicional tercera, por la que se pretendía dar un puesto a los expresidentes de la Junta mayores de 75 años. Cuando se negoció, no contaba el PP que, en paralelo, el Tribunal Constitucional iba a rebajar hasta dejarla en casi nada la inhabilitación a Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Algunos grupos de la oposición sostuvieron en el debate que se trataba de dar un «retiro dorado» con coche oficial y «sueldo de 80.000 euros» –en concreto, de 83.705– a los expresidentes. El contexto y las últimas sentencias del Constitucional provocaron que el PP solicitara una votación separada de esta disposición adicional y se quedara fuera. La consecuencia fue que el PSOE tampoco apoyó el resto de la ley. Pero hay otro punto de la norma que se ha colado medio de tapadillo. En concreto, el artículo 16. Plantea que, tanto el presidente del Consejo Consultivo –ahora presidenta–, como los consejeros permanentes con dedicación plena tengan derecho a recibir dietas por asistencia o desplazamientos. No es del todo nuevo; el reglamento actual lo recoge, aunque no se aplica. En tiempos de Juan Cano Bueso hubo hasta una instrucción interna.

¿Qué ha pasado con este artículo? No se sabe, porque aún no se ha publicado el texto definitivo. El PSOE lo había planteado como una línea roja para aprobar la ley; hasta que se rompió el consenso. El portavoz del PP en el pleno, Pablo Venzal, anticipó que aceptaría la enmienda socialista para que «quede claro cómo se deben percibir las dietas». Así consta transcrito en el diario de sesiones.

La pregunta es otra. Un consejero del Consultivo con dedicación plena –hay seis, más la presidenta–, ¿no debería tener su residencia en Granada? Que para eso cobra 83.705 euros. ¿Alguien se imagina un consejero de la Junta que no tenga como punto de referencia Sevilla? Basta pasarse por los despachos de Bibataubín cualquier día.

Pero es solo una pregunta.

¿DÓNDE ESTÁ EL ESTUDIO DEL TREN DE MOTRIL?

Representantes del Gobierno, la Junta, la Diputación de Málaga y alcaldes sellaron el miércoles un acuerdo histórico para comenzar a redactar el estudio de viabilidad del tren de la Costa del Sol con el compromiso de que esté listo a final de año. Justo lo que reclama Motril para su línea de ferrocarril con el puerto.

La consejera de Fomento, la granadina Rocío Díaz, tiene solicitada una reunión al secretario de Estado de Transportes para abordar –a nivel técnico– este proyecto; una aspiración de hace siglo y medio. Y Granada merece que se atienda. Esa es la reclamación en la que tendrían que haber coincidido el mismo jueves todos los agentes sociales, empresariales y políticos de esta provincia.

El debate no está en confrontar con el tren de la Costa del Sol, sino en reclamar la conexión entre Granada y Motril –y de ahí hasta Jaén–. El primero es un asunto ya extemporáneo que solo serviría para enredar sin solucionar nada.

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) 2005-2020 contemplaba, precisamente, la unión por ferrocarril de la Costa Tropical con Málaga y Algeciras, por un lado, y Almería y el Levante, por otro. Pero el 19 de octubre de 2011 la UE decidió que el Corredor Mediterráneo fuese por el interior de Andalucía. De esta forma, Motril se quedó fuera de las líneas estratégicas de Europa para 2030 y 2050.

Hay que insistir en que se produzca una reunión como la del miércoles en la Costa del Sol y se encargue el estudio de viabilidad que se debe a esta provincia.

Retrocedo casi dos décadas en las hojas de mi cuaderno. Fue un Fitur de 2006 cuando el entonces poderoso consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, –esta semana exculpado por el Constitucional por el caos de los ERE– anunció que la Junta iba a asumir ese estudio. Se llegó a encargar, un 4 de marzo de 2009, con un plazo de ejecución de doce meses.

Estaría bien saber qué pasó con ese documento. Si se acabó, se pagó y cuáles fueron las conclusiones. En algún cajón deben estar guardados esos papeles.