Justicia política

Recupero las notas de la libreta del día que entrevisté a la magistrada granadina –de Iznalloz– Inmaculada Montalbán. «Es cierto que la sensación que se tiene es que difícilmente se puede ser imparcial tras haber ejercido un cargo político nombrado por determinado partido. Pero en el oficio del juez, en el momento en que tienes que decidir sobre un pleito, lo haces por formación y por los sistemas de control que hay. Si en un momento de voluntarismo decides a favor de determinada persona, se te va a controlar por la vía del recurso y se te echará abajo la sentencia. Es bueno que haya un periodo de transición en el paso de la política a la justicia pero el ejercicio impone unos cánones muy claros y en nuestra formación hay una gran fidelidad a la ley que disminuye el riesgo de poder ser parcial».

Inmaculada fue miembro del CGPJ –«en el ejercicio de mi responsabilidad no sentí presión y tuvimos decisiones muy difíciles»– y ahora es vicepresidenta del Tribunal Constitucional y la ponente en los recursos del caso de los ERE. La próxima semana, el martes día 2, se delibera precisamente el futuro de cinco antiguos altos cargos que siguen en prisión en distinto grado; entre ellos, el exdirector de Cetursa Miguel Ángel Serrano.

Las interpretaciones políticas tras la anulación de la condena a Magdalena Álvarez han sido algo ventajistas por partida doble. Se anula la condena, pero para redactar otra; donde se rebajará la pena, aunque –en principio– no desaparecerá por completo. El delito de prevaricación se ha trivializado porque no conlleva cárcel; sin embargo, para un político representa un tachón en su gestión pública. Alguien al que los ciudadanos confían la gestión de sus asuntos toma decisiones injustas a conciencia. Eso es la prevaricación.

El PP repite insistentemente que, pese a todo, los ERE son el mayor caso de la corrupción española, donde se despilfarraron 680 millones de euros. Algunos se gestionarían bien. Pero es compatible que el grueso de las 200 piezas judiciales de los ERE sean símbolo de corruptelas y mamoneos –gin tonics y Marlboro– y que, al mismo tiempo, la parte denominada política –la de los expresidentes y antiguos consejeros– se diluya. Que Chaves, Griñán y compañía tuvieran una reprobación política pero no penal –al menos, elevada–.

Siempre he tenido la sensación de que hasta al PP le incomodaba que expresidentes y exconsejeros entrasen en prisión. El argumento de la sentencia respaldada por el Supremo atribuía responsabilidad penal a los cargos públicos, incluso, sobre hechos de los que no hubiesen tenido conocimiento porque en su responsabilidad estaba haberlos controlado. La aplicación de estos fundamentos se llevaría por delante a muchos que han salido limpios de procesos judiciales en Granada.

La pieza política, que anticipó el fin de una era del socialismo en Andalucía, ha quedado en casi nada. Al margen, el caso de los ERE es todavía el relato de una década de repartos de ayudas sin control que, en muchos casos, acabaron en fines distintos a los contemplados. Lo dice la propia sentencia del Constitucional. Hay que leerla entera, no a trozos. Con el fondo de reptiles se pagaron –enumera entre otros– gastos derivados de la cesión al servicio 112 de dependencias correspondientes al edificio del pabellón de Italia en Sevilla; se financió el programa de formación del voluntariado de los Juegos del Mediterráneo en Almería; 16 muestras de artesanía y jornadas relacionadas con el empleo en diversos municipios andaluces; y se pagó a la fundación San Telmo de un curso de alta dirección, durante cinco ejercicios. También dos pólizas de seguro de 276.222 euros cada una para costear las subidas salariales que puso fin al conflicto de la basura en Granada en 2006.

Aunque los inductores del fondo de reptiles y sus mordidas no fueran los políticos del primer nivel. Como resolverá el Tribunal Constitucional en unos días.

EL GRANADINO QUE ESTUVO EN EL CGPJ UNAS HORAS

PSOE y PP llegaron a un acuerdo el pasado martes para renovar el CGPJ; un movimiento que permitirá, a corto plazo, realizar cerca de un centenar de nombramientos en los puestos más relevantes de la judicatura.

Tras más de cinco años de pulsos efectistas, la renovación no dista mucho de la que estuvo apalabrada en noviembre de 2018 y que se abortó a 24 horas de que fuera refrendada por el pleno. En aquella lista, había un granadino.

Hablé con él la misma tarde que PSOE y PP negociaron los nombres. Incluso, quedamos en mantener una entrevista al día siguiente que nunca se produjo. Entre tanto, se filtró el mensaje de whatsapp enviado por el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, al grupo de cargos públicos populares, en el que se jactaba de aupar a Manuel Marchena a la presidencia del CGPJ para controlar «desde atrás» las decisiones judiciales más elevadas que afectasen a los aforados. «Un presidente, gran jurista, con muchísima experiencia en el Supremo, que prestigiará el TS y el CGPJ, que falta le hace, con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0». Cosidó asumió la autoría del desafortunado comentario, aunque cuentan quienes entonces estaban por allí que detrás había otras manos. «No tenía ningún sentido lo que decía ni cuestionar a Manuel Marchena, que habría sido un fantástico presidente. Quien lo conoce sabe que nunca se dejaría manejar».

Desde ese momento, tanto PP como PSOE han puesto en evidencia el temor a que el contrario controle el CGPJ, que es lo mismo que admitir implícitamente que su intención es manejarlo; como si de esa manera se pudiera influir en la redacción de algunas sentencias. Los dos partidos mayoritarios –que para eso lo son– se han repartido los veinte vocales. Doce salen de la misma lista de 51 jueces y magistrados que se elaboró desde la carrera judicial en 2018 –porque los jueces ya eligen en un primer filtro a los miembros del CGPJ–. Y otros ocho son juristas de reconocido prestigio pactados en el Congreso y el Senado. Aquí es donde figuraba en aquella candidatura frustrada el letrado granadino José Miguel Castillo Calvín, que fue diputado en el Congreso y portavoz de Justicia (2011-16). Cuando vio el giro que tomó la negociación y las críticas ante una eventual politización del Consejo, él mismo se autodescartó. Pero era una tradición no escrita que abogados y exportavoces que habían participado en el debate de las leyes formasen parte de este órgano de gobierno del Poder Judicial. De no haberse filtrado aquel whatsapp, el abogado granadino quizás estaría hoy allí; en el foco de la opinión pública. No se sabe si ha ganado más que perdido.