Recurren ante el Supremo la negativa de la Audiencia Nacional a asumir una macrocausa de droga granadina

Uno de los principales motivos por el que el juzgado local reclama que el asunto se dirima en la Audiencia Nacional es que la excesiva carga que tienen estos órganos en las distintas provincias puede suponer una dilación que afecte a los derechos fundamentales de los acusados. Así, a modo de ejemplo, ese juzgado accitano acumuló en los primeros seis meses de este año hasta 400 asuntos. En el juzgado de Santiago Pedraz, uno de los que se integran en la Audiencia Nacional llevan en el mismo periodo 130 causas, si bien es cierto que los casos que llegan hasta esta instancia en Madrid suelen ser complejos.

La instrucción de la 'Operación Oveja' acumula ya diez tomos de diligencias. La Audiencia Nacional rechaza quedarse la macrocausa de narcotráfico porque considera que la base de operaciones de la red criminal está asentada fundamentalmente en Guadix, rechaza que los «efectos» de la actividad delictiva se puedan considerar en otras provincias y además alega que la instrucción está próxima a terminarse, sin que se hayan indicado qué diligencias quedan por practicarse.

Estos argumentos son rebatidos tanto por el juzgado como por la defensa de uno de los investigados. En el recurso ante el Tribunal Supremo del juzgado de Guadix, al que ha tenido acceso este periódico, se remiten todas las diligencias llevadas a cabo hasta el momento, para que se tenga en cuenta la envergadura de la causa. Se reitera así que los hechos investigados se cometen en Málaga, Granada, Barcelona, Cádiz y Ciudad Real, además de extenderse a otros países europeos. Esto hace que no solo las defensas de los investigados se adhirieran a la petición de inhibición a la Audiencia Nacional, sino también el Ministerio Fiscal.

El recurso incide también en la existencia de una presunta organización criminal compleja implantada en distintos territorios. De hecho, los investigadores de la Guardia Civil apuntan a que serían dos redes, asentadas una en Cádiz-Sevilla y la otra en Málaga-Granada. Estas dos ramas contarían con una red de 'coordinadores' con funciones bien definidas asentados en todo el territorio nacional.

En el recurso del juzgado de Guadix, se apunta también a la «constante demanda de redefinición de las competencias de la Audiencia Nacional» detallada en la memoria de la Fiscalía Especial Antidroga de 2022, en la que se recoge que «la mayoría de los casos más relevantes de narcotráfico, las relativas a organizaciones que disponen de recursos financieros y manejan mayor volumen de sustancias estupefacientes, no se investigan actualmente en la Audiencia Nacional y, por tanto, la investigación no cuenta con los medios adecuados, incluida la seguridad de sus miembros y la especialización de jueces, magistrados, fiscales, LAJS y funcionarios».

A la tesis del juzgado de Guadix se añade también el escrito presentado por una de las defensas en el que se adhiere al auto de inhibición presentado ante la Audiencia Nacional y añaden ahora un escrito en el que se destaca que la organización criminal cuenta con dos ramas y actividad fija en varias provincias.

Será ahora el Tribunal Supremo el que deba pronunciarse sobre la competencia, o no, de la Audiencia Nacional para enjuiciar este asunto. Una decisión que podría marcar el camino para otras causas similares que se están instruyendo con serias dificultades en juzgados provinciales con gran carga de trabajo.