La regulación de los VTC pone en pie de guerra al sector del taxi

El motivo de la protesta se encuentra en el borrador que Fomento trasladó a los representantes del sector. Según fuentes de la consejería, el documento, que se encuentra aún abierto y puede variar sustancialmente antes de su publicación, incorpora medidas demandadas por los taxistas como el establecimiento de zonas de especial protección donde los VTC no puedan estacionar ni circular para la captación de clientes, el refuerzo de la información que los profesionales de transporte tienen que aportar para su registro, la capacitación de los conductores o el incremento de las inspecciones.

Los taxistas, sin embargo, acusan al gobierno andaluz de abordar la regulación «a última hora» y «a espaldas del sector». Consideran que sus propuestas no están siendo aceptadas por los legisladores y temen una normativa que «no solo equipare dos servicios distintos, sino que provoque que uno, el de las VTC, engulla al otro».

El origen del incendio se encuentra en la decisión del Gobierno de dejar en manos de las autonomías la regulación de los VTC. Desde 2018, cuando el Ejecutivo aprobó un decreto que daba cuatro de años de plazo a las comunidades para legislar antes de retirar el permiso para que los vehículos puedan seguir atendiendo servicios en las ciudades, territorios como Aragón, Cataluña, Baleares, País Vasco, Galicia, Valencia y Murcia han aprobado sus normativas.

A comienzos de este mes, Fomento informó que trabajaba en un decreto ley que habilitase a los VTC para seguir operando en los núcleos urbanos. La responsable de la consejería, Marifrán Carazo, detalló que la intención era establecer requisitos que garantizaran «la convivencia en aras de ofrecer el mejor servicio al ciudadano». En un comunicado, recordó la aprobación en la legislatura previa de medidas para modernizar el taxi «fruto de un intenso proceso de negociación con el sector» y dio pistas sobre una normativa que, según dejó entrever, podía incorporar muchas de las iniciativas planteadas en esas conversaciones para la regulación de ambos sectores.

La noticia cogió con el pie cambiado a los taxistas, que aseguran que la Junta había trasladado hasta entonces que no había interés por desarrollar la normativa. Tras conocer el borrador que manejaba la consejería, los representantes del sector rechazaron unas medidas que «abren la puerta a que se incumpla la ley» y anunciaron movilizaciones.

Antes las protestas ocurridas ayer en Granada y Sevilla, este periódico contactó con Fomento, que se remitió a unas declaraciones previas de Carazo en las que pedía «confianza» y prometía «diálogo permanente» para «alcanzar acuerdos y regular actividades importantes para Andalucía bajo la premisa de facilitar la convivencia entre los servicios con seguridad jurídica y no dañar la labor de los taxistas».

Por su parte, el presidente de la Gremial del Taxi de Granada, Ramón Alcaraz, aclaró este jueves que «no es que no queramos la coexistencia sino que pretendemos que se cumpla la legislación existente desde hace años en un momento en el que se han liberado miles y miles de licencias de VTC en todo el país». Uno de los problemas que denunció son los incumplimientos de la ratio que determina que haya una licencia de vehículo de transporte por cada 30 de taxis.

En este sentido, advirtió que hay lugares en Andalucía, como la Costa del Sol, «donde la ratio es de uno a uno» y admitió que teme que la regulación abra la puerta a que el problema se extienda lugares como Granada, donde en la actualidad hay, según cifras de la consejería, 850 taxis -536 en la capital y los cuatro municipios del área de prestación conjunta- y 196 VTC.

Alcaraz cuestionó también la reglamentación de Fomento al considerar que abre la puerta a que los vehículos de transporte «aparquen a 300 metros del lugar de recogida a pesar de que se supone que no pueden dar vueltas ni estacionar». «Eso supone abrir la veda de la equiparación y la eliminación del taxi», criticó.

Por su parte, el presidente de Andeval de Andalucía, Ignacio Manzano, reconoció la «preocupación» de las VTC por la situación generada y mostró su «confianza» en que «la Junta sea racional y ponga al ciudadano en el centro del debate». Según señaló, de no salir adelante la normativa y parar los servicios en núcleos urbanos, «más de 8.000 personas pueden perder su empleo a partir del 1 de octubre».

El responsable de la patronal, que agrupa a las principales empresas del sector en la comunidad, aseguró que la «única» reivindicación es que la regulación les permita «seguir trabajando como en estos cuatro años». «Sabemos la diferencia entre los dos servicios, nosotros somos precontratados y queremos que se regule para que el 1 de octubre podamos seguir como hasta ahora», afirmó.