Retiran las acusaciones contra los exconcejales del PP que votaron la discoteca del Serallo y rebajan la petición de cárcel para Torres Hurtado

Así lo ha indicado el presidente del tribunal, José María Sánchez, a los letrados de estos exconcejales granadinos, Telesfora Ruiz, Fernando Egea, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma, María Francés, Juan García Montero, Juan Antonio Mérida y Vicente Aguilera, ninguno de ellos, en el ejercicio de su derecho a no comparecer desde que declararon, en la sala Antonio Angulo del edificio judicial de Caleta, donde, con medidas de seguridad por la crisis del coronavirus, se celebra el juicio.

Ha sido después de que las acusaciones populares ejercidas por Vox, y General de Galerías Comerciales, las únicas que los acusaban, hayan retirado los cargos contra ellos, por lo que quedan fuera del proceso, en el que se han sentado en el banquillo junto con un total de 17 acusados, entre ellos el exalcalde por el PP José Torres Hurtado, y la que fuera su edil de Urbanismo, Isabel Nieto, por la supuesta construcción irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona junto al centro comercial Serrallo Plaza, en la que, según ha venido manteniendo la Fiscalía, solo se podría haber creado un parque infantil.

La defensa de los exconcejales que serán absueltos han adelantado este jueves, en el trámite de calificaciones de los hechos por parte de la Fiscalía y el resto de acusaciones, que interesarán el pago de las costas por parte de Vox y General de Galerías Comerciales.

La Fiscalía tambén ha rebajado la petición de pena para el exalcalde de Granada por el PP José Torres Hurtado para el que solicita cinco años y medio de prisión.

En sus calificaciones definitivas, la Fiscalía no lo acusa finalmente de la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio y de malversación de caudales públicos.

Torres Hurtado se exponía inicialmente a una petición de pena por la Fiscalía de ocho años de prisión, y de 36 años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público, lo cual también se ve rebajado en la calificación definitiva a 32 años y medio.

El Ayuntamiento, que ejerce la acusación particular, se ha adherido a las conclusiones definitivas de la Fiscalía --que expondrá su informe sobre las mismas el próximo lunes, cuando se reanudará el macrojuicio--, a excepción de una novedad que ha introducido en la acusación por malversación a la ex edil de Urbanismo, Isabel Nieto, y el que fuera director de Obras Municipales, Manuel Lorente.

Para ellos dos también modifica, en este caso al alza, la fiscal del caso, Sara Muñoz Cobo --que ha reestructurado la relación de hechos, sin cambiarlos sustancialmente--, la petición de pena, la cual pasa de los ocho a los diez años.

El Ministerio Público, que modifica a la baja la petición de responsabilidad civil al conjunto de los acusados, interesa igualmente la demolición de las edificaciones «ilegalmente ejecutadas» a costa del constructor acusado, y la nulidad de las licencias concedidas «conculcando la legalidad urbanística, y las resoluciones adoptadas en este sentido por el Ayuntamiento».