Andalucía concentró en abril el 45,8% de la subida nacional del paro, sumando a las listas 138.569 personas que acercaron a la comunidad a la barrera del millón de desempleados. A mediados de marzo, con 356 positivos por coronavirus en toda la comunidad, ... pocos podían imaginar este «shock». Es la palabra con la que la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco (Córdoba, 1966) describe la crisis laboral derivada de la sanitaria.
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—100 días de crisis después, ¿cuál es la situación del empleo en Andalucía?
—Los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad en marzo y abril han reflejado un fuerte impacto de la crisis en el mercado laboral en Andalucía. No se han compensado con el tímido descenso del paro registrado en mayo, un 0,94% menos efecto del rebote por la desescalada y cierta reactivación del mercado laboral propia más bien de la época estival y que se ha terminado de regularizar la situación de las personas en ERTE, que estaban inscritos como desempleados y ahora han pasado a ser ocupados en suspensión de relación laboral. Andalucía podría acabar el año con una contracción del PIB superior al 10% y una tasa de paro de alrededor del 30%. La situación es difícil para Andalucía. Afortunadamente los ERTE han permitido una mayor flexibilización. La figura de los ERTE la introdujo la tan denostada reforma laboral del 2012. Las empresas no tenían capacidad económica porque las modificaciones de la relación laboral eran muy difíciles en cuanto a ajustes de tesorería o reducción de jornada, las empresas optaban por el despido, pero con los ERTE han podido ajustar las condiciones económicas de forma que parte la pague el Estado y otra el trabajador con un 70% menos de salario. No es la situación ideal, pero se está sosteniendo el empleo, que era lo fundamental.
ROCÍO BLANCO
—¿Cree que hay que prolongarlos, en todos los sectores?
—Pedimos que se mantengan los ERTE hasta final de ejercicio porque después de todo el esfuerzo económico que está suponiendo la nómina de los ERTE, 5.500 millones al mes no nos podemos permitir como país y comunidad autónoma dejar caer a nuestras empresas después de haber hecho todo ese esfuerzo para sostenerlas. Hay algunos sectores, como el de la hostelería y la restauración, que están especialmente tocados pero nos estamos olvidando de otros sectores que también están sufriendo. Las empresas son suficientemente responsables como para aguantar e ir rescatando a los trabajadores. Yo apostaría por una flexibilización de los ERTE. Hay empresas que siguen en fuerza mayor total y otras que van a ir a fuerza mayor parcial, con lo cual van a ir rescatando trabajadores y otros trabajadores van a permanecer en ERTE. Pero si los rescatan, no pueden volver. Pediría que la empresa pudiera ir metiendo y sacando trabajadores conforme avanzara la actividad económica. Quizá una empresa hostelera ha sacado trabajadores del ERTE pero en octubre los tendría que volver a meter. También pediría una flexibilización para que sea más fácil pasar de un ERTE por fuerza mayor a por causas productivas o económicas. Hasta ahora nos hemos centrado en salvar la salud, que es lo primordial, luego en el empleo con los ERTE, y ahora tenemos que salvar a las empresas. Si dejamos que los ERTE terminen el 30 de septiembre, probablemente más empresas de las que creeríamos y nos gustaría van a acabar en un concurso de acreedores. Al final todos nos veríamos envueltos porque no cobraría la deuda de las empresas y a los trabajadores les terminaría por pagar el Estado por prestaciones por desempleo.
—¿Cuántos ERTEs se han tramitado en Andalucía?
—88.648 ERTEs en total. Hubo una avalancha al principio, entraron casi todos y hace un mes terminamos de tramitar la constatación de la existencia de fuerza mayor.
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—¿Intuyó al principio de la pandemia que íbamos a llegar a esta situación?
—Ha sido un shock. Inmediato. Fue todo tan rápido que cuando se decretó el estado de alarma el 14 de marzo y se determinó el cierre de empresas que no tenían actividades esenciales no pensamos que esto iba a durar tanto, que iba a ser un cisma tan profundo en cuanto al empleo. Hay consenso en que no se recuperará el nivel de actividad previo como mínimo hasta 2022, que es la última afirmación del Banco de España. El objetivo es asegurar la salud, pero también mantener en la medida de lo posible la liquidez de las personas y las empresas.
—Andalucía es de las comunidades menos castigadas por la pandemia y de las más dañadas por el desempleo, ¿por qué?
—Andalucía tiene un déficit estructural de hace muchísimos años, no es una cosa de ahora. Nos hemos encontrado con una tasa de temporalidad y abandono escolar muy elevada. Hay una dualidad del mercado laboral, no quiero hablar de antecesores, pero esta es la Andalucía que nos han dejado: muy empobrecida en cuanto a PIB, desempleo, temporalidad, tasa de abandono escolar... Andalucía tiene muchísima potencialidad, tiene que levantarse y ser consciente de que ahora mismo estamos ante una oportunidad. Una crisis es un cruce de caminos en el que se entrelazan peligros y oportunidades. Estamos trabajando mucho en conseguir salir los primeros: la primera comunidad autónoma que 'salga' es en la que se van a fijar. Andalucía tiene mucho potencial y hay grandes inversores que están pensando en nosotros.
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—¿Por qué sectores hay que apostar para que Andalucía no dependa del turismo?
—Tenemos que apostar por la formación profesional, que es parte de la clave. Es necesaria una formación continua, apostando por el tren del progreso tecnológico, potenciar el I+D+i, la biotecnología o el sector sociosanitario, que nos va a dar muchísimas alegrías en los próximos años. Se ha descubierto como un gran nicho de empleo. Necesitamos formar a los trabajadores de ese sector y a otros trabajadores para que se impliquen en esa área de actividad. A los del turismo también tenemos que darles la oportunidad de reinventarse, formándolos mejor en competencias idiomáticas o habilidades de trato al cliente, pero tenemos que apostar además por otros sectores.
ROCÍO BLANCO
—Los contratos del programa Aire duran entre 6 y 8 meses. ¿Después, qué?
—Lo hemos planteado como una medida puente, un acompañamiento público para que se incorporen al sector privado. El sector público debe intervenir tomando la iniciativa cuando el privado no tiene pulmón para hacerlo. La permanencia en activo en el mercado de trabajo determina mayor posibilidad de continuar en él. Queremos que estas personas no se vean excluidas y permanezcan activas el mayor tiempo posible. Es una ayuda, un apoyo. Queremos que pasen esta primera travesía del desierto hasta que la economía vuelva a reactivarse y puedan salir al mercado laboral por ellos mismos con las habilidades que aprendan durante este tiempo.
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—Denunciaron que el Gobierno había «sustraído» 201 millones de euros para empleo, ¿a qué se habrían destinado?
—En parte irían al programa Aire. Cuando me dicen que 165 millones es una cantidad muy pequeña contesto que si contáramos con 201 más, se habrían aplicado aquí. Para empezar es un programa operativo europeo con margen temporal 2014-2020 y cuando hemos llegado ya se había gastado todo menos 146 millones de euros, que luego hemos completado con 19 millones de dinero de la comunidad autónoma.
—El PSOE granadino se ha quejado porque la cuantía es inferior a programas de empleo de años anteriores
—En el plan operativo había un dinero para todo el periodo, 2014-2020, y sólo nos han dejado 146 millones de euros. Encima nos quitan 201 millones. Si encima nos critican... Tenemos lo que tenemos, la disponibilidad presupuestaria es la que es y queda mucho de crisis. Estamos tratando con los agentes sociales un plan de reactivación económica y social con el que deberemos aprobar otras medidas de respaldo.
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ROCÍO BLANCO
—¿Ha sido transparente la contratación de los vigilantes de playas? Criticaban que el mecanismo ha sido más propio de una empresa que de la administración pública...
—Lo ha hecho Función Pública, corresponde a la Consejería de Presidencia, que merece todos los respetos porque guarda estrictamente la vigilancia de la ley, con una seguridad jurídica tremenda y sujeción estricta a la ley. Hablar es gratis, tendrán que demostrar que no está sujeto al procedimiento legalmente establecido. Me consta que ha sido 'de renglón' cómo se ha seguido el procedimiento. No entiendo ese tipo de críticas.
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—¿Llega el teletrabajo para quedarse? ¿Qué se puede hacer para mejorar la conciliación?
—El Ministerio de Trabajo anunció que está preparando algo de teletrabajo, con lo cual entiendo que han leído el mensaje y que ven que efectivamente adquiere una potencialidad tremenda que aúna lo mejor de los dos mundos: rendimiento en el trabajo y conciliación. Antes del estado de alarma estábamos terminando una orden de conciliación en la que incluíamos subvenciones para las empresas que posibilitaran el trabajo. Somos firmes defensores del teletrabajo. Queremos sacar esa orden en breve.
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