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La Consejería de Salud yFamilias recibió desde Granada, entre el 30 de diciembre y el 31 de enero, un total de 44.190 solicitudes de baja laboral a causa del coronavirus. De ellas, 39.907 se tramitaron a través de la aplicación móvil Salud Responde, ... de acuerdo a los datos recabados por la institución autonómica y que han sido facilitados a este periódico.
Ómicron provocó que enero fuera el mes de la pandemia en el que se contagiaron más granadinos. Lo contó IDEAL el martes. Oficialmente, más de 35.000, a los que habría que sumar muchos más que no se notificaron en su día al ser detectados por los test de antígenos comprados en farmacia. Lo que sí podían hacer estas personas, en caso de necesitarlo, era tramitar virtualmente su baja de forma directa a través de la citada aplicación, algo que será imposible a partir del lunes.
Así lo dio a conocer ayer el consejero de Salud yFamilias, Jesús Aguirre. El representante autonómico avanzó que desde el próximo 7 de febrero todo aquel que quiera solicitar este trámite no podrá hacerlo presentando solo el positivo de un simple test de autodiagnóstico comprado en una farmacia. La infección tendrá que confirmarse ahora con otra prueba posterior realizada ya en el sistema andaluz de salud. Aguirre explicó, al inicio de una comisión parlamentaria, que esto se puede hacer ahora por la tendencia de presión «descendente» que se observa en los hospitales y en la atención primaria. Los contagios llevan ya varias jornadas cayendo, lo que implica menos carga para unos centros de salud que van a ir volviendo poco a poco a retomar su actividad normal.
Entre ellas, la realización de test diagnósticos. Algo que se limitó solo para los casos urgentes cuando repuntó el virus el mes pasado. Esta fue una de las soluciones que se pusieron sobre la mesa a través de un protocolo sanitario cuyo objetivo era priorizar ciertas labores como el rastreo o las pruebas. Así creían que se podría frenar la avalancha de trabajo para que no se llevara por delante estos dispositivos de Salud. La consecuencia directa fue que se empezaron a dar por válidos los resultados de los test de autodiagnóstico, pues estos eran los únicos a los que tenía acceso todo el mundo. Y el siguiente paso fue la tramitación virtual de las bajas, que provocó una cascada de solicitudes, tal y como se ha contado. No obstante, a principios del mes de enero fueron numerosos los problemas que causó el virus al sistema sanitario, pero también a muchas empresas, que se vieron en cuadro y trabajando a medio gas debido a los contagiados.
Entre voces críticas por un sistema que abría la puerta a un sinfín de bajas sin que mediara una valoración médica, la Junta de Andalucía dio ayer marcha atrás al sistema. Y como la incidencia se lo permite, «todo aquel que hasta ahora se autodiagnosticaba y tramitaba vía telemática su baja laboral, a partir del lunes tendrá que confirmar esa positividad de coronavirus a través de una prueba hecha por la Consejería de Salud», señaló Aguirre.
Esta noticia pilló ayer por sorpresa a los distritos sanitarios granadinos, que tendrán ahora que volver a plantear los protocolos con el fin de adecuarse a las nuevas directrices que les han llegado de Sevilla. Además, tendrán que poner de nuevo toda la maquinaria en marcha para ser ágiles a la hora de tramitar y practicar la prueba de confirmación. Según una fuente sanitaria consultada, esta nueva directriz implica «más trabajo y repetir muchos test», pero tiene un lado positivo, dicen, y es que «evita la picaresca» por parte de los ciudadanos.
El consejero tampoco quiso que tras su anuncio que quedara la sensación de que la sexta ola se había acabado. Y por eso aprovechó para pedir toda la prudencia del mundo. Según recalcó, el virus está «entre nosotros» y sigue «matando», por lo que apeló a la conciencia de todos para seguir teniendo cautela.
La medida se pondrá en marcha en paralelo al plan de refuerzo de atención primaria, con el que se pretende mejorar la calidad asistencial de los centros de salud. Entre lo que se ha comprometido Aguirre, se encuentra recortar la demora media para ser visto presencialmente por un profesional facultativo. Quiere que en un periodo máximo de cuatro días se pueda concertar una consulta presencial y en cinco una telefónica, explicó el consejero el pasado martes tras el consejo de gobierno andaluz.
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