Trabajo en Granada

El sector agrario de Granada pide regularizar inmigrantes para paliar la falta de mano de obra

«Los agricultores estamos abocados a vernos como delincuentes cuando queremos hacer las cosas bien. El problema de la falta de mano de obra es acuciante, y ha llegado a un punto en toda la provincia de Granada, de norte a sur, que requiere un análisis profundo y que busquemos soluciones conjuntas junto a la administración». La reflexión la realiza el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Granada, Fulgencio Torres, que ha sido el último en poner sobre la mesa del subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, el SOS desesperado del campo ante el déficit de personal.

La Subdelegación, receptiva a abordar el problema, acordó con las cooperativas la redacción de un plan de trabajo con medidas concretas para lograr un aumento de las contrataciones tanto en los almacenes de manipulado de frutas y verduras durante los picos de campaña como, sobre todo, en las fincas donde está el mayor problema.

La falta de profesionales especializados es generalizada en distintos sectores pero en el campo es acuciante y supone, junto a la falta del agua, el gran lastre para el futuro de las producciones agrícolas de la provincia. La sequía de los dos últimos años ha enmascarado el problema al desplomar la producción y por lo tanto necesitarse menos mano de obra, pero las últimas lluvias están regulando las cosechas y el quebradero de cabeza vuelve con fuerza para los empresarios agrícolas.

Faltan manos para recoger y manipular el espárrago que encara ahora su recta final de campaña, el problema se trasladará en verano a las plantaciones de hortalizas de Játar o Zafarraya, después a los invernaderos de la Costa, entre noviembre y marzo a los olivares del Poniente, en primavera a los ajos y demás cultivos de la vega y vuelta a empezar.

La cifra de demandantes de empleo en el sector agrario está bajo mínimos en la provincia, en los niveles más bajos desde 2008. En el pasado mes de abril que marcó un récord histórico de empleo y en plena campaña del espárrago, quedaban no obstante 5.623 desempleados inscritos como demandantes de trabajo en el sector agrícola. Además, según los últimos datos del Sepe, en la provincia hay 7.184 perceptores del subsidio agrario que potencialmente pueden trabajar como eventuales.

Una estadística sobre el papel que choca con el día a día de los pequeños empresarios agrícolas que no encuentran a estos solicitantes de empleo para que trabajen en sus fincas ni pagando por encima de convenio.

Ante esta compleja situación, las cooperativas y empresas más grandes tienden a invertir cada vez más en mecanización y procesos que les hagan necesitar menos cada vez mano de obra, como dejar las plantaciones de olivar a un solo pie para recoger la aceituna íntegramente con medios mecánicos. Pero las fincas tradicionales más pequeñas y menos mecanizadas siguen «vendidas».

«En las cooperativas tenemos problemas para cubrir vacantes pero mucho menos que en el campo. Se da la paradoja además de que cada vez que ponemos un anuncio para demandar personal, los empleados agrícolas buenos se vienen a los almacenes y dejan el campo», resume Torres, también presidente de la Cooperativa El Grupo de Castell de Ferro.

También Nicolás Chica, secretario general de UPA y gerente de la cooperativa de espárrago Agroláchar, sabe lo que es toparse contra un muro para intentar cubrir las vacantes. «Necesitamos soluciones a un problema que se reproduce campaña tras campaña y va a peor», advierte.

El pasado año, UPA lo intentó gestionando la llegada a Granada de un contingente de trabajadoras marroquíes para la campaña del espárrago. Pusieron meses de trabajo e ilusión en la iniciativa, que resultó un fracaso. Llegaron siete trabajadoras marroquíes y seis de ellas se marcharon sin decir adiós, cuando no llevaban ni una semana manipulando el espárrago en la cooperativa Agroláchar. Utilizaron el contrato en origen para entrar en el país y no cumplieron su parte del trato.

Tanto Asaja y la Federación de Cooperativas Agroalimentarias coinciden en que, vista la experiencia, no tiene sentido volver a intentar esta fórmula que, además, no se adapta bien a la realidad de la agricultura de Granada, ya que no tiene cosechas tan largas, como por ejemplo la fresa de Huelva, que permitan garantizar contratos mínimos de tres meses y hacer rentable la inversión en alojamiento, billetes de avión y demás gastos.

«En España hay un sistema de protección social generoso y flexible que permite que no tengas que trabajar si no quieres, lo que unido a las circunstancias del medio rural, donde los jóvenes no quieren quedarse porque tienen otras aspiraciones están en la base del problema», analiza el secretario general de UPA Granada. Por eso, en su opinión, la solución pasa por invertir los recursos que se destinan a las políticas de empleo en formar a trabajadores en sus países en origen. «Hay que traer al que tiene compromiso y actitud pero con fecha de retorno, sabiendo que son relaciones laborales finitas», defiende Chica. El secretario de Asaja, Manuel del Pino, tampoco se anda con paños calientes en su análisis: «El grave problema, que nadie quiere afrontar, es que cuando se produce una jubilación no hay nadie que tome el relevo en el campo porque han huido a otros sectores, tienen otras expectativas o prefieren percibir prestaciones y no trabajar». Tanto Asaja como Cooperativas Agroalimentarias de Granada reclaman que se puedan compaginar las prestaciones el con alta en trabajos temporales para incentivar las contrataciones. «Nos encontramos con que quieren dejar de cobrar una prestación para trabajar unas semanas porque luego tardan en recuperarla», señala Fulgencio Torres. En ambos casos plantean también la opción de regularizar a trabajadores extranjeros que ya residen en España a través de contratos vinculados al campo les obliguen a permanecer un tiempo ligados a esta actividad.

«Hay inmigrantes irregulares esperando a trabajar en la plaza del pueblo, que viven aquí, que tienen protección social y sanitaria y que, sin embargo no pueden trabajar… Un empresario se juega muchísimo, no quiere explotar ni defraudar a la Seguridad Social, queremos que ya que residen aquí se les pueda contratar legalmente», sostiene Del Pino.

Apoya totalmente su argumentación Fulgencio Torres: «El proceso de regularización por arraigo no está funcionando, porque es muy largo y cuando se lo conceden se van. Lo que pedimos al Gobierno es una solución y que se les vincule al sector. Ya que están viviendo aquí vamos a darles de alta y nosotros a cotizar por ellos a la Seguridad Social y a acabar con este sinvivir», concluye.