Seis meses para evitar que la agencia comience a cobrar forma en La Coruña

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Su tramitación por parte del tribunal pone en marcha el engranaje jurídico, que obliga al Gobierno a responder satisfactoriamente al requerimiento del Supremo y enviar toda la documentación generada durante el proceso de selección de la sede. La estrategia municipal, consensuada con las asesorías jurídicas de la Junta, la Diputación y la UGR, deja para una fase posterior la posibilidad de solicitar medidas cautelares que paralicen la implantación de la sede en la ciudad gallega.

El reloj, no obstante, juega en contra. Aunque por el momento no se han liberado partidas económicas relacionadas directamente con la sede de la agencia de IA, la capital tiene seis meses para evitar que la decisión del Ejecutivo se active. Ese es el plazo marcado por la alcaldesa de La Coruña hace unas semanas. Según indicó a El Español, el deseo del consistorio coruñés era que el ente pudiera empezar a funcionar «en el primer semestre de este año».

La primera edil dejó entrever que los técnicos gallegos y los del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, de la que dependerá el nuevo ente, trabajan ya en cerrar el convenio que permitirá la puesta en funcionamiento.