¿Qué es el caso Serrallo? El kiosko de chuches y la discoteca

El caso Serrallo no forma parte de la 'operación Nazarí' que se desplegó tres años después, aunque haya protagonistas comunes y la forma de proceder sea parecida.

En su origen, tanto el entonces alcalde, José Torres Hurtado, como la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, restaron importancia a esta investigación y lo redujeron todo al asunto de un parque y una discoteca que –a su juicio– contaban con informes técnicos favorables. En su habitual tono políticamente incorrecto, Nieto reprochó a los denunciantes que intentaran «manejar a los jueces de instrucción como si fueran monigotes».

Pero mientras Torres Hurtado e Isabel Nieto restaban importancia, el 'caso Serrallo' tomaba forma. La denuncia de la fiscalía se produjo el 6 de febrero de 2014 aunque inicialmente sólo fue dirigida contra cinco técnicos y el promotor. Cuando Isabel Nieto iba a declarar como testigo, el 3 de noviembre de 2015, la fiscal que lleva el caso cambió de opinión a raíz de los pasos dados durante la instrucción y pidió que acudiera como imputada –aún existía esa figura–. Ciudadanos le retiró el apoyo a Torres Hurtado, reticente a sacrificar a su concejala de Urbanismo.

El 18 de enero de 2017 la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 –la misma de la 'Nazarí'– firmó el auto de procedimiento abreviado que abría la puerta del juicio contra siete personas; entre ellas la propia Isabel Nieto. Además de la construcción de la discoteca y la pista de patinaje en la zona verde –usos presuntamente prohibidos–, advertía de que faltaban supuestamente por justificar 2,1 millones de euros de la liquidación de las compensaciones públicas.

Quedaba aún un nuevo viraje. Tras cruzar datos de la 'operación Nazarí', la fiscalía solicitó que se retomará la instrucción para citar por primera vez a Torres Hurtado, que hasta el momento se había quedado fuera al entenderse que tenía delegados los asuntos urbanísticos. Pero varios testigos sostienen que el exalcalde tenía «pleno conocimiento» de estas operaciones.

Pero el caso Serrallo tenía un protagonista al que no se le había prestado excesiva atención: Vox. El partido político, también personado como acusación, persigue desde el primer momento la imputación de Torres Hurtado y del resto de concejales que participaron en las decisiones. Lo consiguió cuando la instrucción estaba virtualmente cerrada.

El auto de procedimiento abreviado firmado por la jueza el 11 de diciembre determina que sigan las actuaciones contra 17 personas, que se quedan a las puertas del juicio. La magistrada concluye que «se ha producido una apropiación de suelo de espacios libres para usos lucrativos».

Donde estaba permitido un «kiosko de chucherías» de apoyo a un parque infantil se levantó una discoteca. Que, además, está cerrada.