¿Qué es el caso Serrallo? El kiosko de chuches y la discoteca

El 13 de julio de 2013, un exfuncionario del área de Urbanismo presentó un escrito de 7 folios en la Junta de Andalucía donde alertaba de las presuntas ilegalidades en la tramitación y construcción de la zona de ocio contigua al centro comercial Serrallo. Esa misma documentación la llevó días más tarde a la Fiscalía Provincial y, en el mes de septiembre, amplió la denuncia con el informe que el exdirector de Urbanismo registró en el Ayuntamiento horas antes de marcharse a Diputación. Así empezó todo.

El caso Serrallo no forma parte de la 'operación Nazarí' que se desplegó tres años después, aunque haya protagonistas comunes y la forma de proceder sea parecida.

En su origen, tanto el entonces alcalde, José Torres Hurtado, como la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, restaron importancia a esta investigación y lo redujeron todo al asunto de un parque y una discoteca que –a su juicio– contaban con informes técnicos favorables. En su habitual tono políticamente incorrecto, Nieto reprochó a los denunciantes que intentaran «manejar a los jueces de instrucción como si fueran monigotes».

Pero mientras Torres Hurtado e Isabel Nieto restaban importancia, el 'caso Serrallo' tomaba forma. La denuncia de la fiscalía se produjo el 6 de febrero de 2014 aunque inicialmente sólo fue dirigida contra cinco técnicos y el promotor. Cuando Isabel Nieto iba a declarar como testigo, el 3 de noviembre de 2015, la fiscal que lleva el caso cambió de opinión a raíz de los pasos dados durante la instrucción y pidió que acudiera como imputada –aún existía esa figura–. Ciudadanos le retiró el apoyo a Torres Hurtado, reticente a sacrificar a su concejala de Urbanismo.

El 18 de enero de 2017 la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 –la misma de la 'Nazarí'– firmó el auto de procedimiento abreviado que abría la puerta del juicio contra siete personas; entre ellas la propia Isabel Nieto. Además de la construcción de la discoteca y la pista de patinaje en la zona verde –usos presuntamente prohibidos–, advertía de que faltaban supuestamente por justificar 2,1 millones de euros de la liquidación de las compensaciones públicas.

Quedaba aún un nuevo viraje. Tras cruzar datos de la 'operación Nazarí', la fiscalía solicitó que se retomará la instrucción para citar por primera vez a Torres Hurtado, que hasta el momento se había quedado fuera al entenderse que tenía delegados los asuntos urbanísticos. Pero varios testigos sostienen que el exalcalde tenía «pleno conocimiento» de estas operaciones.

Pero el caso Serrallo tenía un protagonista al que no se le había prestado excesiva atención: Vox. El partido político, también personado como acusación, persigue desde el primer momento la imputación de Torres Hurtado y del resto de concejales que participaron en las decisiones. Lo consiguió cuando la instrucción estaba virtualmente cerrada.

El auto de procedimiento abreviado firmado por la jueza el 11 de diciembre determinó que sigan las actuaciones contra 17 personas, que se quedan a las puertas del juicio. La magistrada concluyó que «se ha producido una apropiación de suelo de espacios libres para usos lucrativos».

Donde estaba permitido un «kiosko de chucherías» de apoyo a un parque infantil se levantó una discoteca.

En febrero de este año arrancó el macrojuicio.

Hasta 77 nombres distintos, entre testigos y peritos, desfilaron por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada durante más de tres meses interrumpidos por la declaración del estado de alarma.

La fiscalía solicitaba 8 años de prisión para cuatro de los encausados: el exregidor José Torres Hurtado, la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto, el exdirector de Obras Manuel Lorente y el promotor García Arrabal. Para la exdirectora de urbanismo en aquellas fechas, María Paz Spínola, y el interventor del Ayuntamiento, Francisco de Paula Aguilera, dos años de cárcel, mientras que para otros ex altos cargos de Urbanismo (Gaspar Navarro, Emilio Herrera y Agustín Belda) solicitaba seis años y medio de encierro.

Aparte de las acusaciones en el caso Serrallo hay otras partes que han formulado cargos. El partido político Vox; la promotora del Nevada Shopping (General de Galerías Comerciales), el centro comercial que edificó Tomás Olivo en Armilla; y el Ayuntamiento de Granada completan el cartel de acusaciones. En este asunto, la fiscal ha sido Sara Muñoz-Cobo.