Sevilla, capital del chavico

La propuesta de Zoido planteaba la transferencia al gobierno local de una veintena de competencias y una compensación de alrededor de 200 millones extra por los costes de ostentar la capitalidad. El texto de aquella moción lamentaba el peaje por tener lo que no tienen las otras siete provincias: «El estatuto de capitalidad de Sevilla supone cargas extraordinarias que soportan las arcas municipales de la ciudad, sin que hasta la fecha Sevilla haya sido receptora de cuantía alguna con la que el Gobierno autonómico compense los mayores esfuerzos que le supone albergar a las principales instituciones de la comunidad».

Hace quince años se buscó una solución intermedia y el asunto de la capitalidad se dejó sobre la mesa. Se mezclaba también con el debate de la caja única y el pulso entre Sevilla y Málaga con erigirse como referente económico en la comunidad.

Cuando se reformó el Estatuto se aprovechó para especificar que Sevilla es la capital de Andalucía. Lo dice el artículo 4, que en su punto segundo también recoge que la sede del Tribunal Superior de Justicia estará en Granada, «sin perjuicio de que algunas Salas puedan ubicarse en otras ciudades de la Comunidad Autónoma». El blindaje de una capitalidad judicial descafeinada y que, quince años después, ni tan siquiera cuenta con unas sedes dignas.

Hubo intentos posteriores para retomar la aspiración sevillana –especialmente, el abortado por el propio PP en 2012–, pero nunca se había llegado tan lejos como este mes de enero. El pasado día 19 se reunieron Gobierno, Junta y Ayuntamiento por primera vez para buscar la fórmula jurídica en la que encajar la ley de capitalidad. En esta ocasión está detrás un alcalde socialista, Antonio Muñoz, pero el PP tampoco quiere quedarse fuera de un debate que, en Sevilla, puede marcar la campaña electoral. Habrá nuevas reuniones de la mesa en febrero o en marzo y el proyecto se retomará tras las elecciones. Ningún partido y ninguna administración quiere tampoco cerrar un acuerdo que tenga un coste electoral en otras provincias andaluzas que interpreten esta ley de capitalidad como un agravio.

El único que ha elevado con contundencia la voz en oposición ha sido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para quien ser capital de Andalucía ya supone una «ventaja brutal» para Sevilla. En Granada, silencio capital.

Esta semana, las tres administraciones llegaron a un acuerdo para costear las obras de la línea 3 del metro de Sevilla. 1.301 millones que aportarán al 50% Junta y Gobierno central. Pocas provincias tienen infraestructuras que cuesten tanto.

Y esta misma semana, al AVE de Granada le metían otra paradita intermedia en Antequera y tarda diez minutos más en llegar a Madrid.

Lo que no se le puede recriminar a Sevilla es el empuje que tienen sus administraciones para reivindicar lo que no tienen. Mientras Granada permanece en el silencio cómplice. Aún podía ser peor. Todavía pueden colocar otra parada de tren intermedia entre las dos de Antequera.