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PILAR GARCÍA-TREVIJANO
Lunes, 11 de marzo 2019, 22:23
Durante años los sindicatos han denunciado la opacidad de la Junta de Andalucía para determinar el número de personas en lista de espera para acceder a las prestaciones de la Ley de la Dependencia. Las resoluciones llegan tarde y son muchos los granadinos que fallecieron ... sin percibir las subvenciones, la asistencia a domicilio o una plaza pública en un centro residencial. IDEAL ha tenido acceso al dato real que maneja la administración.
El nuevo Gobierno andaluz hereda una larga cola de 6.907 personas a la espera de recibir la evaluación, según los datos facilitados por la Junta de Andalucía. La provincia acumula casi siete mil personas que quieren que se les reconozca la necesidad de atención por motivos de edad, enfermedad o discapacidad, más otros 986 ancianos que quieren entrar en un hogar para la tercera edad. Actualmente la provincia cuenta con 25.370 personas en situación de dependencia reconocida, que se benefician de 33.934 ayudas.
La delegación provincial de CC OO asegura que en los últimos años el tiempo que transcurre entre la entrega de la solicitud por parte de un ciudadano y el momento de la valoración se situaba en una media de seis meses. Sin embargo, apuntan que en la actualidad se acumula hasta un año y medio de retraso. Pronóstico avalado por el Observatorio de la Dependencia –asociación estatal de gerentes de servicios sociales–, que fija en 2024 la fecha en la que las listas de espera se habrán despejado en las regiones más castigadas, entre ellas, Andalucía, Cantabria, Cataluña y La Rioja.
La Junta mantiene que, desde que entró en vigor la ley y hasta el 22 de febrero de 2019, se han valorado 45.234 personas en Granada. La interminable dilación de muchos procedimientos tiene como consecuencia que centenas de personas, una vez evaluadas, salen de la lista de espera por fallecimiento sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho. Entre ellas la madre de Julia, vecina de Huétor Vega de 45 años de edad. «Mi madre nos dejó en julio, después de tres años en lista de espera», manifiesta visiblemente afectada. La mujer cuidó a su madre, perjudicada por los achaques de la edad, una cadera rota y demencia, durante siete años. Julia no llegó a percibir la cotización de la Seguridad Social a las cuidadoras familiares no profesionales que fueron suprimidas durante el primer mandato de Mariano Rajoy.
El tijeretazo a las cotizaciones y la espera para recibir las prestaciones de la Ley de Dependencia obligó a muchas familias a recurrir a la ayuda de asociaciones. El padre de M. J., de 84 años, acude a Altaamid, asociación para el cuidado del alzhéimer. «Es lo único que podemos hacer. Mi madre de 82 años está bien de salud y mente. No quieren abandonar la casa y así están bien cuidados», alega. El Observatorio también apunta que en Andalucía sólo un 12, 22% de la población se beneficia de los planes en vigor sobre el total del grupo de dependientes. Además, en toda España hay 250.000 personas con derecho reconocido en espera de atención y el 60% de estas se concentran en Andalucía y Cataluña.
Por otra parte, 986 personas de la tercera edad esperan para ocupar una de las plazas públicas en alguna de las residencias para mayores de la provincia. El número de dependientes que quieren acceder a un hogar residencial ha crecido en 399 personas en los últimos dos meses. Fuentes de la Consejería declararon a IDEAL que el número de plazas en residencias asciende a más de 6.400 a nivel provincial y un total de 25.370 personas son beneficiarias de residencias, centros de día y asistencia telemática.
La UGT estima que más de 4.516 cuidadores familiares no profesionales –personas que se dedican exclusivamente al cuidado de sus familiares dependientes– volverán a cotizar cuando entre en vigor el decreto de «medidas urgentes para la igualdad de trato y oportunidades» que puso en marcha el Ejecutivo socialista antes del fin de legislatura. Estas 4.516 son las que estaban dadas de alta en 2011 en la Seguridad Social y, dado el número de personas que reciben asistencia domiciliaria –2.500 personas sólo en la capital de acuerdo con Arquisocial– el número de solicitantes se mantendría según el sindicato.
Los recortes a las cotizaciones durante la crisis económica afectaron en mayor medida a las mujeres, ya que suponían un 90% de los beneficiarios. UGT apunta que las cotizaciones no aportaban ingresos económicos suficientes para el trabajo que desempeñaban estas cuidadoras en sus hogares. Por otro lado, Félix Alonso, secretario de sanidad de CC OO, celebra la medida: «De esta forma se reconoce la labor y las horas de trabajo de muchas mujeres que han estado invisibilizadas durante estos años. Los cuidados siguen feminizados, pero por lo menos reciben una parte de la retribución que les corresponde», concluye. Por último, la Junta manifiesta que la dependencia en Granada supone una inversión anual de 144 millones de euros (2018). La Consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, anunció en el parlamento un plan de choque para agilizar los plazos.
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