Luis Alcalá, María del Carmen Castillo y Marifrán Carazo, este lunes en el Parque de las Ciencias. Ariel C. Rojas

Siete personas presentan candidaturas para dirigir el Parque de las Ciencias

La consejera anuncia que los servicios jurídicos del museo valorarán las denuncias de Ernesto Páramo sobre presuntas irregularidades en la gestión de Luis Alcalá

Inés Gallastegui

Granada

Lunes, 17 de febrero 2025, 17:51

La consejera de Desarrollo Educativo y presidenta del consorcio del Parque de las Ciencias, María del Carmen Castillo, ha anunciado este lunes que siete personas ... han presentado su candidatura en el proceso de selección para el puesto de director-gerente del museo científico de Granada, que se abrió el pasado 29 de enero. El proceso, que termina a finales de abril, cerrará la salida del actual director, Luis Alcalá, que se está viendo complicada por el polémico cese de los tres asesores científicos y técnicos del museo y las denuncias presentadas contra él por sus dos antecesores, Ernesto Páramo (1995-2020) por la presunta comisión de delitos de prevaricación, falsedad documental y otras irregularidades, y Cristina González (2020-21), por prevaricación, acoso laboral y coacciones.

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Castillo ha presidido este lunes la sesión extraordinaria y urgente del consejo rector del Parque de las Ciencias que había sido solicitada por cuatro vocales: los diputados Francisco Cuenca (PSOE) y María del Carmen Pérez (IU), y los concejales socialistas Francisco Herrera y Ana Muñoz. En este órgano de gobierno están representados la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, la Diputación, la Universidad y el CSIC.

Sin embargo, la reunión no ha cumplido las expectativas de los vocales convocantes. Por un lado, se ha aprobado el acta de la polémica sesión del 16 de diciembre, en la que se dio cuenta de la salida en diferido de Luis Alcalá –que se irá cuando llegue su sustituto– y se acordó el cese –sin que muchos de los consejeros fueran conscientes de ello– de los tres asesores honorarios del museo, su fundador y primer director, Ernesto Páramo, y los profesores de la UGR Miguel Guirao y Ana Crespo.

Aparte de eso, la sesión ha constado de un único punto del orden del día: el informe de la presidenta, que ella misma ha declarado secreto. No se ha admitido la presencia de los afectados –solicitada por el rector, Pedro Mercado, que estaba presente– ni debates o peticiones de información. Después del discurso de Castillo se ha hablado, pero sin que quedara constancia de ello en el acta ni, por tanto, efectos jurídicos.

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Tras la reunión, la consejera ha informado a los periodistas de que la comisión evaluadora ya está estudiando las siete candidaturas a la dirección-gerencia para comprobar si reúnen los requisitos técnicos exigidos en la convocatoria publicada el 28 de enero en el BOJA. Una vez pasado ese primer filtro tendrá lugar la fase de valoración de los méritos, con un peso del 45%, y la entrevista personal a los aspirantes (55%). El comité calificador está compuesto por dos cargos de la Consejería en Sevilla, la delegada de Educación en Granada y el propio Luis Alcalá.

Presuntas irregularidades

La consejera ha explicado que había puesto en conocimiento del consejo rector el informe facilitado por Ernesto Páramo a la Junta y el Ayuntamiento, en el que daba cuenta de varias actuaciones de la actual cúpula directiva del museo que, según sus abogados, podrían ser constitutivas de varios delitos. Esa documentación, ha señalado Castillo, «se ha puesto en manos del gabinete jurídico para su valoración». Ha afirmado, como ya hizo el delegado del Gobierno hace unos días, que esa documentación «no tiene nada que ver con la gestión del Parque» sino con el despido de Páramo por parte de Luis Alcalá en marzo de 2022 y la indemnización por despido que le fue abonada por el Parque y que ahora la Intervención de la Junta considera irregular, por lo que le ha sido requerida su devolución parcial.

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Castillo ha subrayado que el fundador del museo tiene, «como cualquier persona», derecho a poner en conocimiento del consejo rector esta información, pero ha recordado que hay «otras vías», como la administrativa y la judicial. «Si tiene esas pruebas lo que tiene que hacer, como cualquier ciudadano que conoce una irregularidad, es poner una denuncia», ha afirmado. Páramo aseguró la semana pasada que había depositado las pruebas en un despacho de abogados y que esperaba ser citado por el consejo rector, a través de una comisión de investigación o cualquier otra fórmula, para presentarlas.

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