Solo cuatro miembros del consejo rector del Parque de las Ciencias votan por la readmisión de los asesores

Así, la decisión del consejo rector fue favorable a la propuesta de la presidenta del consorcio y consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo. La Junta de Andalucía tiene mayoría en el consejo rector, del que también forman parte el Ayuntamiento, la Diputación, la Universidad y el CSIC.

En su recurso, Páramo y Guirao argumentaban que la propuesta de cese, oculta en un extenso punto del orden del día llamado 'asuntos de gestión' en la reunión del consejo rector del 16 de diciembre, no estaba justificada por un expediente y ni siquiera citaba sus nombres, a su juicio con la «intención engañosa» de «confundir» a los miembros del órgano de gobierno.

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Junto a varios defectos de forma de la decisión, también destacaban la incongruencia de que el cese de los asesores se ejecutase a comienzos de enero, varios meses antes de la marcha efectiva del director saliente –prevista para mediados de mayo–, pese a que la justificación de este para echarles era precisamente que su sustituto pudiese nombrar a sus propios asesores. Recordaban, además, que según los estatutos de la institución los asesores no prestan sus servicios al director-gerente sino al propio consejo rector, que es quien tiene la potestad de nombrarles o cesarles.

La propuesta de la presidenta del consorcio, en la línea del informe de los servicios jurídicos, señalaba que «las meras suspicacias o la contrariedad al amor propio de los interesados» no pueden ser consideradas «causas de nulidad o anulabilidad» del acuerdo.

También indicaba que, teniendo en cuenta que se trata de puestos honorarios, no retribuidos, y que «no existe un derecho objetivo a ser designado asesor de la entidad», lo afectado por el cese sería «la consideración social o la profesionaldad de los interesados –nunca discutidos–, conceptos abstractos y de apreciación subjetiva».

Tras la polémica sesión del 16 de diciembre, en la que se cesó a los asesores honorarios sin que varios miembros del consejo rector fuesen conscientes de ello, cuatro vocales –representantes de PSOE e IU en la Diputación y el Ayuntamiento– pidieron la convocatoria de una sesión extraordinaria para abordar el asunto. Sin embargo, en la reunión del 17 de febrero solo habló la consejera.

La sesión extraordinaria del martes fue «a distancia»: los consejeros pudieron enviar su voto por correo electrónico hasta las 9.30 horas de ese día, pero no hubo reunión ni debate sobre el asunto.