La sombra judicial se alarga a las municipales

Uno de los que acabarán en una sala de vistas el año que viene, en virtud de su ritmo procesal, es el caso Serrallo, en el que se ha investigado la construcción de una discoteca donde estaba previsto un parque de atracciones infantil. El órgano que lo ha tramitado, que es el mismo que instruye el caso Nazarí -el juzgado de Instrucción número 2 de Granada-, dispuso el pasado 20 de septiembre remitirlo a la Audiencia Provincial , aunque, según las fuentes consultadas, en el juzgado seguirán las piezas de la responsabilidad civil por si hay que llevar a efecto «embargos» debido a las elevadas «fianzas» impuestas y ante la negativa de algunos seguros a cubrirlas. Fue en mayo cuando el órgano dictó el auto de apertura de juicio oral, tras el que los abogados de los acusados y de las empresas implicadas han venido mostrando su disconformidad con los cargos formulados por las acusaciones.

Fuentes de la Audiencia precisaron que el caso Serrallo podría caer en cualquiera de las dos secciones penales: Primera o Segunda. Ambas, a fecha 19 de septiembre, ya estaban señalando juicios para mayo del año que viene, por lo que todo apunta a que el enjuiciamiento de este mediático caso se produciría después de las elecciones municipales, previstas para el 26 de mayo de 2019. Previsiblemente, dada la dimensión de la causa, que cuenta con 17 procesados -diez dirigentes, un promotor y seis funcionarios- y multitud de testigos y peritos propuestos, el tribunal provincial habrá de reservar varios días para las sesiones, por lo que no sería de extrañar que el juicio sea señalado para después de los comicios.

En cualquier caso, el calendario judicial no está fijado y habrá que esperar aún para saber las fechas exactas en las que el exalcalde de la ciudad y la excúpula de Urbanismo habrán de sentarse en el solemne banquillo de Plaza Nueva. Lo harán para responder por posibles delitos de prevaricación ordinaria, prevaricación urbanística o fraude en la contratación, entre otros ilícitos. Las penas que se piden por parte de la fiscalía para el exregidor y la que fuera su edil de Urbanismo, Isabel Nieto, son de ocho años de prisión, 36 y medio de inhabilitación y multa de 522.000 euros. Estos estarán acompañados de otros ex altos cargos de Urbanismo y de los ocho concejales que participaron, el 26 de julio de 2012, en la votación de los horarios y usos del expediente de la 'disco'. De esos ediles, seis continúan en el Ayuntamiento.

Por tanto, para que las fechas se sepan, y tras el envío del caso Serrallo a la Audiencia por el juzgado, el tribunal habrá de dictar «el auto de señalamiento», una resolución en la que se determinará además si se admiten las pruebas propuestas por las partes.

Lo que es seguro es que se avecinan meses cruciales para el desenlace de otras causas que, con independencia de que finalmente tengan alcance penal, ya son objeto de debate político. Se trata de casos con menos encausados pero sobre presuntas irregularidades cometidas también en la esfera municipal durante el gobierno del PP. En este 'saco', entrarían las supuestas contrataciones 'fantasma' de Emucesa -que es la empresa que gestiona el cementerio de San José-, las facturas de TG7 y la cesión onerosa de Casa Ágreda a una oenegé (la Federación AIDE). El primer caso y el último los instruye el mismo juez: el magistrado José Luis Ruiz Martínez, que es el titular del Juzgado de Instrucción 9, mientras que el relativo a la televisión municipal lo investiga el Juzgado de Instrucción número 6, cuyo titular es Francisco Javier Zurita.

Para sus señorías, el ritmo procesal lo marcan los plazos legales, que pueden ser ampliados si se trata de causas complejas. Muchas veces los tiempos se ven dilatados por la tardanza de informes o por los constantes recursos de las partes.

No es de extrañar que para los políticos el ritmo judicial en determinadas causas mediáticas cobre una especial relevancia en vísperas de unas elecciones, pues el fallo de una sentencia puede influir en el voto. Son muchos los que piensan que un archivo judicial, una condena o una absolución tienen efecto directo en las urnas. No hay que olvidar que es el ciudadano quien elige a sus gobernantes y quien espera de ellos una gestión inmaculada: que gobiernen respetando las leyes.

Tras la llegada en junio de un informe policial que observaba «tratos de favor» en la concesión de la construcción y explotación de algunos de los parkings públicos de la ciudad, recientemente se ha remitido otro sobre el que fuera coordinador de Urbanismo al juzgado del caso Nazarí. Su titular aguarda nuevos oficios policiales. Faltan aún, según las fuentes judiciales consultadas, algunos de los análisis más relevantes -entre ellos los de Torres Hurtado y Lorente-, así como los relativos a la ingente documentación física y digital intervenida en los numerosos registros que se practicaron el 13 de abril de 2016, fecha de las detenciones de la Operación Nazarí. Tras ellas, dimitió Torres Hurtado y cambió de signo político en la Plaza del Carmen con la llegada del socialista Francisco Cuenca a la Alcaldía. Los miembros de la UDEF y del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial siguen abundando en el caso y según ha podido saber IDEAL están elaborando otro informe sobre el plan del Palacio de Hielo y otro acerca de los correos de Nieto.

El pasado mes de julio, el juzgado de José Luis Ruiz Martínez, que instruye el caso de la Casa Ágreda, recibió las conclusiones de una perito judicial sobre la valoración que había encomendado de este palacete del siglo XVI teniendo en cuenta su uso institucional. La experta dijo que Casa Ágreda, ubicada en el Albaicín y por cuya cesión frustrada a una oenegé están investigados el exalcalde y la excúpula municipal de Urbanismo, debía ser tasada por un equipo interdisciplinar para determinar su valor histórico artístico. El juez dio traslado a las partes de su informe y la defensa de Nieto consideró «improcedente» y «falto de objetividad» el escrito de la experta, al tiempo que subrayó que en el edificio «no se permite uso residencial ni hotelero». En los últimos días, la misma defensa ha propuesto una funcionaria del Ayuntamiento experta en este tipo de valoraciones para hacer la tasación.

La investigación de las supuestas contrataciones 'fantasma' de personas afines al PP como asesores que presuntamente no habrían pisado el camposanto granadino está prácticamente acabada. El juez ha interrogado ya a todos los investigados y cuenta con la documental necesaria para pasar la causa a la fase de preparación del juicio oral. Recientemente dio traslado a los abogados de los implicados, a la fiscalía y a las demás partes acusadoras para que se pronunciaran sobre las peticiones de seis de los nueve investigados para que se archivasen las actuaciones para ellos. Al final ha rechazado las solicitudes.

Desde que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada dictara el auto de apertura de juicio oral el pasado 21 de mayo, las defensas de los investigados han ido presentando sus alegaciones de forma paulatina. El 20 de septiembre, el secretario del juzgado dio por concluida la fase de preparación del juicio y mandó la causa a la Audiencia. En el auto en el que la juez abrió juicio oral se declaraba «la responsabilidad civil a título lucrativo de 683 Upper Club S.L.», la empresa que abrió en su momento la controvertida discoteca, luego adjudicada en subasta a otra entidad. Y uno de los últimos escritos que constan notificados a las partes ha sido el de la defensa de los administradores mancomunados de la mercantil 683 Upper Club. En sus alegaciones, su abogado ha comunicado a la jueza que estos «a día de hoy no ostentan cargo alguno en la citada mercantil, ya que esta fue declarada en concurso, y posteriormente se extinguió su personalidad jurídica». Por eso, planteaba que quien debía ser llamado al procedimiento era el administrador concursal designado en su día.

La investigación sobre las facturas de TG7, en la que están investigados el edil Juan Antonio Fuentes y la que fuera directora de la televisión municipal durante el gobierno del PP, sigue su curso en el Juzgado de Instrucción 6, por el que a finales de junio desfilaron algunos testigos, entre ellos el que fuera titular de la asesoría jurídica del Ayuntamiento .

En esta causa se pretende aclarar si hubo irregularidades en la contratación de servicios extraordinarios. Los investigados fueron interrogados en mayo

Aunque las principales investigaciones judiciales que se siguen en Granada por presuntas irregularidades en la gestión municipal están protagonizadas por políticos del PP, lo cierto es que existe una causa en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en la que está inmerso el socialista Francisco Cuenca. Este verano se ha rechazado su petición de archivo y se han acordado nuevas declaraciones de otros investigados, por lo que el regidor sigue teniendo de momento la condición de investigado -antes imputado- en estas diligencias, que tienen que ver con su etapa de delegado de Economía en la Junta de Andalucía y la contratación de servicios para el control de unos cursos de formación. Él siempre ha dejado claro que este no es un caso de corrupción.