Un hombre pasea en bicicleta junto a las vías del tren. Ramón L. Pérez

El soterramiento del ferrocarril en Granada, una polémica que dura veinte años

La integración del tren acumula un rosario de incumplimientos y desencuentros al que se suma la última propuesta del Ejecutivo, que baraja no enterrar las vías

Viernes, 1 de diciembre 2023, 00:41

El 21 febrero de 2001, el alcalde José Moratalla reunió a los periodistas en el salón de comisiones. El entonces responsable del tripartito defendió que Granada no quería ser más, pero tampoco menos que nadie y desgranó un decálogo con las prioridades «ineludibles» para el ... futuro de la ciudad. En su intervención, mencionó el metro ligero para el Área Metropolitana, la Segunda Circunvalación, el Campus de la Salud o el AVE, iniciativas que hoy son una realidad. Sin embargo, incluyó también el soterramiento, una medida «que permitiría a Granada disfrutar de una nueva entrada y una nueva estación».

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Entre aquella primera mención y las del presente se extiende un largo rosario de promesas incumplidas con las vías del tren como telón de fondo, dos décadas de polémicas y desencuentros a los que se sigue sin vislumbrar un final deseado: el adiós a una cicatriz que afea la ciudad desde que en 1874 entrara en funcionamiento la estación de Andaluces.

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El desarrollo de Granada había agrandado la 'herida' del ferrocarril cuando Moratalla recogió las demandas de Chana y Pajaritos. Los vecinos llevaban años solicitando una solución para los problemas de conectividad que padecían los dos barrios. El soterramiento, sin embargo, no fue la única fórmula debatida. En 2005, cuando los técnicos empezaron a trabajar en un nuevo Plan General, el recién nombrado alcalde José Torres Hurtado planteó la posibilidad de trasladar la estación a la Huerta del Rasillo. La propuesta suponía cambiar la entrada del tren en la ciudad y dejaba las vías al otro lado del límite marcado por la Circunvalación. La idea evitaba el soterramiento, pero concitó un gran rechazo por parte de partidos y colectivos, que advirtieron del posible impacto que supondría la infraestructura en la Vega.

La oposición, unida al decaimiento de los trabajos del Plan General, dejaron el soterramiento como única solución posible. El Gobierno lo reconoció un año después, cuando anunció que enterraría las vías y la estación, y ratificó la decisión en un convenio sellado con la Junta y el Ayuntamiento en 2008.

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La crisis del ladrillo se llevó por delante innumerables proyectos, pero uno de ellos fue la renovación de Andaluces encargada a Rafael Moneo en 2009 a petición de la ministra socialista Magdalena Álvarez. El proyecto, con un presupuesto de 350 millones de euros, cambiaba el acceso a la estación a Camino de Ronda y se articulaba como un mirador acristalado con vistas a la Alhambra. Meses después de conocerse el diseño, se redactó un estudio para una variante Moreda-Granada que conllevaba la integración del ferrocarril en la Chana. Todo, sin embargo, quedó en papel mojado.

No hubo más movimientos hasta 2012, cuando la imposibilidad de financiar la operación hizo que se retomaran otras opciones. Primero fueron los empresarios, que pusieron sobre la mesa la posibilidad de llevar la estación a la Azucarera de San Isidro y evitar el soterramiento. El Ayuntamiento, aún con Torres Hurtado al frente, sugirió llevar el AVE a Norte y planteó una estación en el entorno de Albayda. La idea, que implicaba soterrar las vías en la Chana y asumía por primera vez la conexión con el Corredor Mediterráneo, quedó enterrada poco después.

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El verdadero jarro de agua fría llegó en 2014. La ministra popular Ana Pastor anunció una reforma del proyecto del AVE que reducía los costes al máximo. La infraestructura llegaría sin soterrar. La estación seguiría en Andaluces, pero sin el proyecto de Moneo. Era la fórmula para traer la Alta Velocidad en menos de un año, pero se retrasó tres más de lo previsto.

Marea Amarilla

La paciencia de los vecinos de Chana y Pajaritos se agotó. Apenas unos meses después, se unieron en una plataforma que comenzó a demandar que el AVE debía llegar soterrado «sí o sí». Fue el nacimiento de la Marea Amarilla, un soplo de aire fresco a la reivindicación al poner el foco sobre los problemas que el tren estaba generando en los barrios.

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Sus movilizaciones lograron que el Gobierno lanzase en 2018 un concurso público para analizar las posibilidades de integración. El estudio debía concluir en dos años «una alternativa técnica» viable. El presupuesto ascendía a 496.000 euros.

Las esperanzas, sin embargo, se empezaron a desvanecer en 2019, cuando el AVE llegó finalmente sin soterrar. Era junio y un mes después el recién elegido alcalde Luis Salvador se abrió públicamente a estudiar «alternativas más baratas» al soterramiento. Las declaraciones provocaron una cascada de críticas en la que fue una de las primeras crisis del bipartito. En septiembre, la mayoría de los grupos le doblaron el pulso con una moción que demandaba a la Junta y el Gobierno un compromiso con el soterramiento.

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Pasó 2020 y nada se supo del estudio. El año pasado arrancaron los trabajos para el nuevo Plan General y los técnicos retomaron la idea de llevar la estación a otro sitio. Pero la corporación reaccionó rápido. Hizo suyas las demandas con una declaración conjunta aprobada en el pleno. El texto, que salió adelante en marzo de este año, llama ahora especialmente la atención. Las formaciones abogaban por «el soterramiento de las vías del tren o aquella otra solución que elimine los muros entre los barrios y comunique a estos tanto por carretera como con aceras y pasos adecuados».

No se sabía entonces, pero Transporte valoraba ya entonces una propuesta para integrar el ferrocarril que no implicaba el soterramiento. El proyecto lo trasladó el alcalde Paco Cuenca a organizaciones como Salvemos la Vega o el Colegio de Arquitectos. Sin embargo, se preferió posponer el debate ante las cercanías de las elecciones, tal y como confirmaron todas las partes implicadas. La propuesta quedó en un cajón hasta que la desveló IDEAL esta semana.

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En los últimos meses, con la popular Marifrán Carazo en la alcaldía, el soterramiento ha vuelto al centro de la actualidad. En septiembre, la regidora pactó con la Junta negociar con el Gobierno un acuerdo a tres para financiar la operación como en Almería. El Ejecutivo, sin embargo, no se ha pronunciado todavía y del estudio de integración nada se sabe.

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