El Supremo confirma siete años de cárcel para un alto cargo de la Guardia Civil de Granada por colaborar con el narcotráfico

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el excomandante Jefe de la Policía Judicial y de Información en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, que fue condenado por la Audiencia Provincial de Granada a siete años de prisión por un delito contra la salud pública y de cohecho, además de una multa de 6,1 millones de euros. A ello se une la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años.

Con funciones de dirección y coordinación, entre otros, del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) y de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (UOPJ), y con mando en todas las operaciones antidroga realizadas por la comandancia, este alto cargo de la Guardia Civil de Granada fue delatado por dos 'narcos' como responsable de realizar labores de «seguridad» que garantizaban la entrada de hachís por el litoral granadino a cambio de 120.000 euros por trabajo realizado en el año 2006.

Según explica la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la condena se produce por colaborar en la introducción de droga con otras personas que la desembarcaban en las playas de la costa granadina como entregas «controladas». Además, como contraprestación por sus servicios en la realización de los mencionados alijos, recibió de uno de los partícipes en los operativos una cantidad de dinero que consta en los hechos probados por esta colaboración.

El tribunal ha adoptado esta decisión después de que se declarara probado que «hubo un acuerdo y pacto del condenado con dos personas para llevar a cabo fases de entrada de droga por la costa». Los magistrados han precisado que se trataba «importantes» cantidades de hachís que introdujeron a España a través de «dos entradas» que se saldaron «sin detenidos» para «el favorecimiento del tráfico de drogas». «La droga fue considerada en cantidad de extrema gravedad», ha señalado el tribunal. En una operación se apunta una carga de 2 toneladas de hachís, mientras que en otra se señala la llegada de hasta 4.000 kilos de droga.

Durante las investigaciones policiales de la operación 'Golia', en la que se descubrió la participación de dicho comandante, una conversación telefónica mantenida entre los dos delatores del oficial de la Guardia Civil señalaba en varias ocasiones a el «Padre», mote con el que se referían al alto cargo de la Guardia Civil, y en la que explicaban que nunca cobraba por adelantado. Tras la detención de ambos en noviembre de 2014, a preguntas de los investigadores de la Benemérita, no solo lo identificaron en fotografías sino que uno de ellos condujo al investigador al despacho que este tuvo disponible cuando ejerció de comandante en Granada.

Durante la fase de instrucción de esta causa se destapó información referida a distintas investigaciones llevadas a cabo por Asuntos Internos de la Guardia Civil contra este coronel en su etapa de paso por la Comandancia de Málaga en la década de los noventa y por Granada entre 2006 y 2008.

En 1990 y 1992, cuando el alto cargo condenado era capitán de la agrupación de Tráfico de Málaga, Asuntos Internos investigó las supuestas relaciones de este mando con narcotraficantes, así como un presunto notable incremento de su patrimonio. Sin embargo, cerró aquella investigación argumentando que «las sospechas no llegaron a acreditarse».

Las otras dos investigaciones de Asuntos Internos contra el alto mando de la Guardia Civil datan de 2006 y 2008, pero de ninguna de ellas se dio cuenta a la autoridad judicial. Incluso se le concendió la cruz de plata de la Guardia Civil dos meses después de haber comenzado esta investigación contra él y cuando ejercía sus funciones en la Dirección General de la Guardia Civil, concretamente, en la subdirección general de Personal, desde octubre de 2012 hasta su cese en abril de 2015.

En la sentencia emitida por el Supremo ahora, considerado que no cabe hablar de «actos aislados» que conlleven la prescripción del delito, sino de una serie de actos que conforman un «plan preconcebido». Para el tribunal, no hay duda de la «intervención» del comandante en los actos ilícitos «a cambio de la contraprestación económica declarada probada», por lo que confirma la condena.

El Supremo ya se pronunció sobre este caso en 2021, cuando revocó la absolución que había dictado la Audiencia de Granada al considerar que la argumentación de la sentencia inicial «carecía de las precisas notas de lógica y racionalidad». La Audiencia Provincial dictó una nueva sentencia condenatoria en el año 2022, que fue recurrida por el acusado y que ahora avala el alto tribunal.

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