El Supremo obliga a los bancos a pagar un impuesto de la hipoteca, lo que ahorrará a cada granadino una media de 1.362 euros

La banca finalizará el año con un nuevo mazazo judicial relacionado con las hipotecas, el producto que más beneficios le aporta a largo plazo, pero a la vez el que más problemas le está suponiendo en los últimos meses. A partir de ahora, las entidades tendrán que asumir el abono del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), uno de los tributos que se pagan al constituir los préstamos sobre vivienda. Este gravamen, que se aplica sobre el volumen del préstamo que se concede durante el proceso de compraventa, es del 1,5% en Andalucía, y hasta ahora su pago quedaba en manos del comprador. Sin embargo, en una sentencia dictada el pasado 16 de octubre, el Tribunal Supremo cambió su propio criterio en este asunto y dictó que serán los bancos los nuevos encargados de abonarlo. En la provincia, esto supondrá un ahorro aproximado de 10 millones de euros al año entre los compradores de una vivienda. Además, se prevé que los alrededor de 25.000 granadinos que han formalizado una hipoteca de este tipo en los últimos años puedan reclamar la cuantía, aunque aún no se conocen todos los detalles sobre cómo se arbitrará este proceso.

De acuerdo con los datos más recientes de los que dispone el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta el mes de julio se habían firmado en Granada 4.300 préstamos hipotecarios sobre viviendas que tuvieron un importe medio de 90.803 euros. De acuerdo con estas cifras, el coste medio del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados es de 1.362 euros. Haciendo una estimación del número total que se rubricará hasta el final del año usando los datos hasta julio aparecen los 10 millones de euros que hasta ahora estaban abonando los ciudadanos que recibían los préstamos y no las entidades bancarias.

Los hipotecados vuelven a tener el respaldo del Tribunal Supremo. El alto tribunal les libra de liquidar ese tributo a través de una sentencia inesperada, porque a principios de año ese mismo órgano había establecido lo contrario: que eran esas familias y no la entidad las que pagaban el tributo. Sin embargo, los magistrados de la Sala Tercera del alto tribunal han hecho una nueva reinterpretación de la norma en la que concluyen que no es el prestatario el sujeto pasivo del AJD en las escrituras, sino la entidad que presta la suma correspondiente. Afirman que la operación que se inscribe es la hipoteca y que el único «interesado» en la elevación a escritura es el prestamista, «que sólo mediante dicha inscripción podrá ejercitar la acción ejecutiva y privilegiada que deriva la hipoteca», como, por ejemplo, ante la posibilidad de un impago.

La nueva jurisprudencia del Supremo, que permitirá ahorrar unos diez millones al año a los granadinos gracias a evitar el pago de este tributo, ya se puede aplicar. Lo que no ha quedado aclarado del todo aún es la retroactividad de la decisión; es decir, si las entidades bancarias tendrán también que devolver a los compradores de los últimos años el dinero de este impuesto.

Si se tiene en cuenta que el período de prescripción del pago de tributos es de cuatro años, es de suponer que quienes hayan firmado una hipoteca en ese lapso de tiempo podrán reclamar la devolución de la cantidad. Según los datos del INE, el número de potenciales reclamadores en la provincia estaría en el entorno de los 25.000. No se ha aclarado si la petición de devolución tendrá que realizarse ante la Agencia Tributaria o ante la entidad bancaria.

Que el gasto en este impuesto en la provincia haya alcanzado este año los 10 millones es un indicador de la recuperación de la actividad inmobiliaria. Es la primera vez que se supera la cifra desde 2010. La estimación para el conjunto del año de la recaudación por este tributo es un 12% más alta que la del año pasado, y más del doble que hace cinco años (+116%). Eso sí, está lejos aún de los años de descontrol del ladrillo. Hace una década, en 2008, la cifra llegó a superar los 27 millones de euros.