51 colegios perderán la ESO y 700 alumnos tendrán que acudir a otros pueblos

Este cambio afecta a 51 centros educativos de la provincia, que son los que dan clases de Infantil, Primaria y primero y segundo de la ESO. De todos ellos, 14 son colegios públicos rurales, que son centros que están formados por aulas situadas en distintos pueblos cercanos entre sí, y 37 colegios de Infantil y Primaria. La mayoría de ellos se encuentran en la Alpujarra, la costa granadina y distintas zonas rurales de la provincia. El delegado estimó que este problema afecta a unos 700 alumnos.

En un periodo de tiempo relativamente corto, Educación pretende acabar con este tipo de centros para que sus cursos acaben en sexto de Primaria. Para ello, plantea dos posibles soluciones: quitar las clases de Secundaria de los colegios rurales y trasladar a los estudiantes de estos cursos a institutos cercanos o, en el caso de los centros en los que se cuente con un número importante de estudiantes, ampliar su oferta educativa también a tercero y cuarto de la ESO, para que el centro pase a tener Infantil, Primaria y todos los cursos de Secundaria. A estos centros se les conoce con el término de Ceipso.

El caso de Granada es «surrealista», según aseguró el delegado, ya que es la provincia que más alumnos de Secundaria tiene fuera de los instintos de toda Andalucía. Pero, en cuanto los planes de la delegación estén marcados y tengan una hoja de ruta concreta, su situación cambiará. «No vamos a cerrar todos estos colegios el año que viene como se ha estado diciendo, sino que estamos buscando los casos en los que la situación es más grave –que son aquellos en los que se ha juntado primero y segundo de la ESO en un mismo aula– para atajarlo antes. Este problema se debería haber abordado hace 29 años. Nuestro objetivo es hacerlo cuanto antes», indicó el delegado.

El papel de Educación en estas últimas semanas se está centrando en informar a la comunidad educativa de la realidad que existe en los colegios e institutos de la provincia y mostrarles las posibles soluciones para mejorar esta situación que provoca «peor calidad educativa para los niños que estudian en estos centros rurales». Por ello, el próximo sábado 18 de enero el Delegado de Educación se va a reunir con representes de las asociaciones de padres de toda la provincia para mostrarles estas posibles soluciones.

El próximo 1 de marzo, la Junta debe tener claro el futuro de los centros escolares de la provincia, ya que empieza el proceso de escolarización del próximo curso 2020/2021. Por ello, la delegación se ha marcado finales de enero como fecha tope para saber cuáles serán los centros afectados por estos cambios. En cuanto a las plantillas de estos colegios, Castillo aseguró que se mantendrán en un 80%, mientras que el resto de profesores tendrán que trasladarse a otros colegios cercanos.

La creación de escuelas que aglutinen Infantil, Primaria y Secundaria –como lo hace la concertada– afectará también a los centros educativos que se encuentren cerca, ya que la falta de oferta propia al aglutinarla estos colegios imposibilitará que continúen su actividad e, incluso, hará que tengan que cerrar. Uno de los que Educación estudia cerrar es el Centro de Educación Infantil Generalife, situado en el Zaidín. Para este espacio, el delegado afirmó que existe dos opciones, o la adscripción de los alumnos de este centro a un colegio o el traslado de toda la unidad, lo que supondría el cierre del colegio.

Las ampas de distintos colegios rurales han presentado 5.000 firmas en contra de esos cambios y se manifestarán el próximo 16 de enero. «Desde septiembre estamos mostrando que se estaba empezando a desmantelar la escuela rural, y así se ha demostrado. Nos negamos al cierre de estos centros porque supone que los niños tengan que estar una hora en la carretera», explicó Irene Avivar, de Fampa Alhambra. «Nosotros entendemos que la situación de los semidés se tiene que regularizar. Ahora, la manera de hacerlo habrá que estudiarla», indicó Mercedes González Liñan, secretaria General de CC OOEnseñanza. A esto añadió José Antonio Antón, delegado de USTEA: «Seguimos con las movilizaciones para evitar esta organización de centros que afecta al alumnado».