Los Tablazos: Cuatro décadas de lucha y vacío legal

Ubicado a tres kilómetros de distancia del municipio al que pertenece, cuenta con dos marquesinas de autobús, pero ninguna línea que les permita desplazarse. Hace apenas unas semanas, Cristóbal hizo autostop durante dos días para llegar hasta la farmacia del pueblo para conseguir su medicación.

La mayoría son personas mayores que no disponen de vehículo o que ya no están en plenas capacidades de conducir. «Así no podemos vivir», expresan. Pero la situación y demandas de los vecinos de los Tablazos son mucho más complejas y van mucho más allá. Solicitan desde hace cuatro décadas que se legalice el terreno en el que están las más de 600 casas que componen el residencial privado para poder acceder así a los servicios del Ayuntamiento y pedir, entre otras cosas, una línea de autobús que los conecte con la localidad. A día de hoy no hay ninguna tienda ni supermercado a su alrededor y dependen de cualquier familiar o vecino para conseguir bienes de primera necesidad.

La urbanización nació en la década de los años 80. Una entidad se hizo con el terreno rústico del Cortijo de Loreto, con zonas llanas cultivables, y lo parceló en distintas partes. En esa década, se autorizó la construcción rústica destinada a explotaciones. Los vecinos edificaron poco a poco sus viviendas en estas parcelas destinadas a fincas de recreo con huertos familiares y construcciones rústicas, a modo de hábitat rural.

«Hicimos los caminos con nuestras propias manos », explica el portavoz vecinal, Antonio Hormigos. Se encargaron también de establecer los puntos de recogida de basura, de construir la sede de la comunidad de vecinos o de desarrollar la red de agua. Tras conseguir todas estas instalaciones, le dieron a estas parcelas un uso de fincas de recreo con huertas familiares y edificaciones rústicas. Recientemente, también instalaron un mapa en un panel junto a la entrada de la urbanización para que los servicios de reparto o la ambulancia, ante alguna emergencia, supiesen cómo llegar a cada vivienda. «Nadie nos ubicaba en el terreno», señalan.

Han intentado durante todos estos años en varias ocasiones regularizar la situación de estos terrenos rústicos. Primero, propusieron la denominación de «viviendas rurales con huerto familiar», pero quedó calificado como suelo no urbano. Posteriormente, a finales de los años 90, propusieron que la zona fuese declarada «suelo apto para urbanizar», pero no lo consiguieron. En 2002, el Ayuntamiento anunció su intención de solicitar la recalificación del suelo de los Tablazos, a través de un Plan Parcial Previo al Plan General, pero tampoco salió adelante.

Con la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía y la actual tramitación del nuevo Plan Básico de Ordenación Municipal de Moraleda, la Comunidad de Propietarios de los Tablazos ha propuesto que se considere la zona urbanizable o zona de hábitat rural para que se permita también la construcción en otras parcelas.

Para la mayoría de las viviendas de los Tablazos ha prescrito el delito y la obligación de restituir el orden urbanístico. Otras siguen de forma irregular, aunque su alcaldesa, Virginia Pantigas, asegura que el Ayuntamiento trabaja en su inclusión en su Plan General de Ordenación Urbana. Las casas que tienen más de seis años tienen la posibilidad de solicitar un Asimilado de Fuera de Ordenación, por el cual el Ayuntamiento de Moraleda de Zafayona puede regularizar las casas que realicen los trámites pertinentes y necesarios hasta contar con el PGOM.

En este caso tienen que instalar una fosa séptica y otros requerimientos que vienen a costar alrededor de los 5.000 euros por vivienda, según indica la regidora. Calcula que unas 25 han solicitado este procedimiento y que alrededor de 40 ya han recibido el visto bueno. No obstante, afirma que otras 20 tienen un expediente disciplinario por parte de la Junta de Andalucía y están en riesgo de demolición. Los vecinos vivieron en 2023 el derrumbe de una casa y temen que esta situación vuelva a repetirse, por lo que pide al Ayuntamiento su inclusión, al fin, en el Plan General de Ordenación Urbana. «Necesitamos una solución que nos permita vivir con normalidad», añaden. Mientras tanto, caminan media hora hasta el pueblo en su día a día para ir al médico comprar el pan. «Llevamos así toda la vida», declaran. Suman cuatro décadas de lucha y vacío legal.