Un técnico municipal calcula que el promotor de la 'disco' del Serrallo pagó 1,5 millones de más

El técnico dejó claro que una concesión administrativa como la de este caso «no» era una privatización, y calculó que el promotor procesado, Roberto García Arrabal, habría abonado alrededor de 1,5 millones de euros de más en esta operación (a través de distintas partidas), en cuyo marco, por ejemplo, arregló el camino de las Conejeras.

El urbanista explicó que remitió en su día al órgano instructor (Instrucción 2) un informe sobre las cuentas del sistema de compensación y consideró que había habido un «cumplimiento íntegro» de lo convenido con el promotor. «Nos salía una demasía, un exceso de pago», aseveró.

Insistió en que no es posible privatizar un espacio de dominio público y vino a respaldar que en el Sistema General de Espacios Libres del Serrallo (el SG-EL-11) se respetó el 2% de uso terciario comercial que establecía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En ese 2% de la superficie fue donde se levantó la sala de fiestas, una opción, según siempre han sostenido las defensas, contemplada en la normativa, donde afirman no figura que allí tuviera que hacerse un quiosco de chuches. Preguntado sobre este extremo, el técnico dijo desconocerlo. Serían tres, según especificó una de las defensas, los usos terciarios recogidos en el PGOU: oficinas, comercios y espectáculos-reunión, y en esta última categoría entran los de hostelería.

Durante su intervención, la exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto, que se sienta junto a las defensas por su condición de jurista, preguntó directamente al técnico si había sufrido por parte de ella misma presiones. La respuesta fue negativa y admitió haber trabajado con libertad. Junto a ello, aseguró que la relación con García arrabal siendo ella concejala «no» era diferente a la que se mantenía con otros promotores.

El sistema general objeto de la controversia tiene una superficie de 33.000 metros cuadrados y 14.000 de ellos debían ser destinados «a parque urbano para uso de toda la población», según explicaron a IDEALfuentes de las defensas, a la vez que subrayaron que esos 14.000 metros «no son zona verde». Se trata, añadieron, del espacio reservado para el parque de atracciones. La sala de fiestas se sitúa también allí, y no supera ese 2% de uso comercial establecido, que es, simplificando, lo que recibe el promotor a cambio de construir el parque y sus instalaciones, en los que invirtió «más de tres millones de euros». Por eso, a lo largo de toda la instrucción, han rechazado que se vulnerase la ley.

Las fuentes aclararon que al tratarse de una concesión administrativa, en virtud de lo estipulado, si transcurridos 20 años el municipio recupera la posesión del polémico lugar, podría transformado, por ejemplo, en una biblioteca o en una residencia de ancianos. Regresaría a la ciudad y podría ser reutilizado (actualmente está clausurado). Sin embargo, como resaltaron las fuentes, tanto la fiscalía como el propio Ayuntamiento piden su demolición.

Para las defensas, las atracciones que se ubicaron en el parque no computan ocupación. Por eso, una de las preguntas claves que se hicieron al referido testigo –la realizó la fiscal del caso, Sara Muñoz-Cobo– era si se podía haber llenado el parque de columpios, si eso hubiera sido legal. Su respuesta fue que sí.

Ante ello, la fiscal quiso dejar claro que este funcionario no estaba citado como perito. Hubo entonces risas en las bancas de los abogados y el presidente del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia que está enjuiciando los hechos advirtió de que no se podía considerar testigo o perito al técnico según conviniera.