Suspendida la declaración judicial de Telesfora Ruiz en el caso Nazarí

«Llevo ya tres años incorporada a la función pública, que ha sido mi profesión de toda la vida y estos coletazos que restan del tiempo que uno ejerce responsabilidades políticas, cuando entiene uno, como yo lo entiendo, que no hay motivo ni siquiera para comparecer a declarar en el marco de estas diligencias de investigación, pues duele mucho, la verdad», ha expresado Ruiz, cuya declaración se ha suspendido finalmente, al igual que las de los otros dos funcionarios que estaban citados.

Según han explicado a IDEAL fuentes del caso, las comparecencias han sido suspendidas por no haber prestado fianza la acusación popular que ejerce el empresario Ramón Arenas, la cual se había fijado en 5.000 euros. Ese ha sido el motivo principal, pero aparte el letrado de una de las defensas también ha pedido la suspensión para poder estudiar mejor el asunto.

La exconcejala ha atendido a los medios de comunicación a las puertas del Juzgado de Instrucción número 2, que es el órgano que tramita este caso, en el que están igualmente investidos el exalcalde popular y la exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto, entre otros. Para la exedil, cuando uno hace algo mal «tiene que apechugar y responder», pero según garantizó, no es su caso.

Allí estaba citada a declarar por una instrucción que firmó en 2015 sobre cómo cubrir elementos exteriores en los edificios que no hayan estado contemplados en una licencia de obra, como terrazas o balcones, algo que, a su juicio, nada tiene que ver con el expediente 'Registrador', la pieza separada en cuyo marco se ha acordado su comparecencia a petición de la acusación popular.

Esa instrucción «no tiene nada que ver con el expediente de lo que se está investigando y es de fecha posterior», ha subrayado Ruiz, que ha querido dejar claro que la fiscalía no ha requerido su comparecencia y que, por tanto, «no está de acuerdo» con que ella tenga que declarar.

«Lo que a mí me consta de este expediente, llamado 'Registrador', es que estaba sujeto a una licencia de obra del año 2006 donde ya se contemplaba que se iba a cubrir un patio, incluso en la división que se hace en el Registro se le adjudica que es de uso privativo. ¿Qué tiene que ver eso con una instrucción de condiciones técnicas?», se ha preguntado la investigada.

En este punto, ha recordado que ella no asume Medio Ambiente hasta junio de 2015 y la instrucción se produce unos meses después. «A mi juicio, y al de todas las personas que he consultado, no guarda ninguna relación. Lo que se está dirimiendo aquí es otro asunto y de obra, además», ha añadido.

Ruiz ha recalcado que todo lo que ella firmó siendo concejala a instancia de los técnicos lo hizo con la condición de que estaba dentro del marco legal. De lo contrario, ni lo hubiera firmado ni permitido. «A mí no me mueve ningún interés particular en nada de lo que yo hago en el marco de la función pública», ha garantizado, al tiempo que ha afirmado desconocer por qué se le pretende implicar en este caso, ya que ni conoce al registrador en cuestión ni la obra que se realizó. «Es un expediente de 2006, de Urbanismo, de obras, y este decreto que se trae aquí no es de obras, sino de instalación de elementos portátiles que no impliquen obra», ha aclarado.

En el expediente'Registrador' se investigan unas obras de adaptación de un local de la calle Tórtola de Granada, en el barrio de los Pajaritos, para albergar las oficinas de J. C., un registrador de la propiedad también investigado en este caso. Los técnicos de la Junta que analizaron las posibles irregularidades en esta actuación apuntaron a la colocación de una escalera.

Uno de los dos funcionarios que estaban hoy citados para declarar también como investigados era el exjefe de Licencias del Ayuntamiento, Emilio Martín Herrera, que ya se hallaba inmerso en la causa y que ya declaró en su momento ante la jueza instructora, María Ánegles Jiménez.