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En marzo pasado, los grupos municipales del PSOE y Unidas Podemos e Independientes anunciaron un acuerdo que garantizaba la estabilidad del gobierno municipal de Granada. El objetivo era evitar que las convulsiones vividas en el Consistorio en la etapa del bipartito se repitieran nuevamente. Con ... este fin, las dos formaciones sellaron un pacto que incluía 57 medidas en materia de Economía, Derechos Sociales, Medio Ambiente, Cultura, Movilidad, Seguridad Ciudadana, Turismo y Comercio que los socialistas se comprometían a llevar a cabo.
Parte de las iniciativas, como la renaturalización de las riberas del Genil, la puesta en marcha de un servicio de policía de barrio, la implantación de la zona de bajas emisiones o la transformación de las plazas duras, contemplaban además un calendario específico de actuación. Era un mecanismo impuesto por la confluencia para evitar que las acciones se electoralizaran ante la proximidad de los comicios municipales.
Aunque en la firma tanto PSOE como UP desvincularon el acuerdo de los presupuestos, la realidad es que el pacto facilitó las conversaciones que las dos formaciones mantuvieron en los meses siguientes y que fraguaron en un pacto que permitió a la capital nazarí renovar las cuentas aprobadas en lo peor de la pandemia.
Nueve meses después, un análisis del pacto revela que prácticamente un tercio pueden considerarse como ejecutadas. Del resto, la mayoría están a medio realizar o incumplen parcialmente lo que recoge el documento. También hay casos en los que, al tratar de cuestiones en los que el Consistorio no tiene competencia, no han podido conseguirse. De 17 de ellas, poco o nada se sabe hasta el momento.
La valoración del cumplimiento del acuerdo es «muy positiva» para el portavoz de los socialistas, Jacobo Calvo. En declaraciones a este periódico, el dirigente explicó que «buena parte de las medidas están vinculadas a partidas de los presupuestos que aprobamos» y destacó el desarrollo de iniciativas «clave» entre las que citó la creación de empleo público, la apertura del centro de alta tolerancia todo el año, la reposición de alcorques vacíos o la transformación de las primeras plazas duras.
«Entendiendo todo eso como pilares fundamentales, hemos cumplido con Granada y con el pacto. Con lo cual, todo ha servido para que Granada, al contrario de lo que pasaba en etapas anteriores, funcionara y lo hiciese como lo está haciendo, a buen ritmo», aseguró.
Calvo, no obstante, reconoció la «dificultad» a la hora de avanzar en medidas que no son competencia municipal, como la recuperación de conexiones, la tasa turística o la protección del valle del Darro. De acuerdo a los cálculos del propio equipo de gobierno, de las 57 acciones, «en torno a 50 se están ejecutando en diferentes fases». «De esas, 10 están en proceso de ponerse en marcha y el resto, una 7, es cierto que están pendientes», añadió.
El portavoz destacó la «generosidad» de la confluencia «para que pudiéramos llegar a acuerdos». «Hemos cumplido y ellos también han cumplido. Ha sido un ejercicio de responsabilidad y eso ha permitido llegar a buen puerto», remarcó.
Por su parte, desde Unidas Podemos reconocieron que están «evaluando» la situación tras estudiar el grado de avance de las diferentes actuaciones. En las últimas semanas, la formación ha hecho público su decepción por el escaso desarrollo del pacto en algunos actos, como durante la presentación de las medidas culturales para el Sacromonte.
Al respecto de los incumplimientos, para la confluencia «aunque no todas las iniciativas tienen la misma importancia o urgencia, somos conscientes de que hay muchas que difícilmente se podrán iniciar antes del 31 de diciembre como acordamos» y señaló como ejemplos «las iniciativas contra la ocupación salvaje de los espacios públicos o la creación de Granada-río, con paseos arbolados en los márgenes de los ríos a su paso por la ciudad».
El documento recogía hasta 15 medidas relacionadas con la movilidad y la seguridad ciudadana. En términos cuantitativos, es el apartado con más iniciativas ejecutadas. Ese es el caso de la renovación de la flota de autobuses, una medida ya ejecutada con la llegada de los primeros vehículos eléctricos a la ciudad que se verá reforzada en los próximos meses gracias a los fondos europeos obtenidos, y del plan de eliminación de bolardos, con los primeros 800 ya retirados. También es el caso de la implantación de la policía de barrio y de las líneas coordinadas, que fueron las primeras en presentarse tras la firma del acuerdo.
Parcialmente ejecutadas pueden considerarse la recuperación de espacios públicos para uso peatonal, las electrolineras, con los trabajos en marcha, o la implantación de la zona de bajas emisiones, afectada por el retraso del Ejecutivo en el diseño de la normativa necesaria. También está en esa categoría la reserva de carriles para los autobuses, el bonobús social, los aparcamientos disuasorios y para bicicletas o la reforma de las plazas duras, que están en marcha en el centro pero no en los barrios y que se espera que vayan a más en los próximos meses según señaló el propio alcalde esta semana.
Nada se sabe de la reforma del Observatorio de la Movilidad o del diseño de las zonas de bajas emisiones en los distritos, que debía presentarse antes del 31 de octubre y que sigue en estudio por los técnicos, que planean peatonalizar los ejes comerciales de los barrios.
En lo relacionado con la mejora de las conexiones, el gobierno municipal cumplió al apoyar la moción de UP para reclamar financiación en los proyectos estratégicos ferroviarios y presentar iniciativas conjuntas que buscaban llevar el debate al Congreso.
Otras medidas se encuentran a medias, como las de priorizar el tramo Granada-Almería del Corredor, el Área Logística de Granada o la recuperación de conexiones. La ciudad sigue sin avanzar en esos tres campos, que competen a administraciones como el Gobierno o la Junta. El alcalde de Granada, no obstante, ha insistido en repetidas ocasiones en la necesidad de que las tres iniciativas se agilicen, algunas de las veces en presencia incluso de representantes de ambas administraciones.
En el debe de los socialistas únicamente puede situarse lo relacionado con la integración del tren y la ubicación de la estación. Sigue sin hallarse una solución definitiva y los redactores del PGOU han abierto un debate sobre la estación. El equipo de gobierno ha dicho en varias ocasiones que aguarda a lo que salga de ese debate. En julio, UP presentó una moción que rechazaba el cambio de ubicación, pero el PSOE se abstuvo de apoyarla.
Urbanismo concitaba también muchas de las medidas pactadas y solo la innovación para proteger Jesús del Valle puede considerarse plenamente ejecutada tal y como recogen el acuerdo. Otras como la renaturalización del río se llevó a cabo parcialmente, ya que el gobierno municipal se abrió a la participación después de que la primera propuesta no lograra recabar fondos europeos.
Otras, como la recuperación agrícola de la Vega o la protección y participación del Ayuntamiento en el plan Director de la Azucarera, están parcialmente avanzadas o solo han cumplido una parte de lo expuesto en el acuerdo. También está a medias la medida de renovación de planes especiales urbanística después de que la concejalía presentara hace un mes el borrador de la normativa del Albaicín y el Sacromonte.
Entre los incumplimientos, se ubican cuestiones como la renaturalización de la ribera del Genil que debía hacerse antes del 31 de octubre o la adopción de medidas para presionar a la Junta en la declaración BIC del valle del Darro. Es un caso parecido al ocurrido con la tasa turística, pero a diferencia de aquella, el Ayuntamiento no ha puesto en el tablero del debate público la protección de la zona, lo que no quiere decir que en la interlocución con el Gobierno andaluz no lo haya solicitado.
No se ha sabido nada de la inspección de pisos turísticos ilegales ni de la declaración de los barrios patrimoniales como zonas saturadas.
En lo cultural, el gobierno municipal ha llevado a cabo las obras en la Huerta de San Vicente, gracias a los fondos del Plan Alhambra, y también el programa de refuerzo cultural del Sacromonte. Lo relativo al centenario del Concurso de Cante Jondo puede considerarse como formulado a la mitad. Aunque el evento se celebró dentro del Festival de Música y Danza, no recogió aspectos que pidió Podemos, como la petición de llave de oro para Morente o la creación de un sello editorial sobre flamenco.
No se han cumplido aspectos como la modificación de las ordenanzas para propiciar la música en vivo en los locales, el diseño de una hoja de ruta conjunta para lograr la capitalidad cultural o las reuniones de la Mesa de Cultura.
Medio Ambiente es, quizá, el que mayor grado de cumplimiento tiene. De las cinco medidas del apartado, cuatro pueden considerarse como plenamente cumplidas. Es el caso del plan de replante de los alcorques vacíos, que ya está anunciado y en marcha; el ahorro de consumo eléctrico, con nuevas zonas de luminarias LEDS y un plan de ahorro; los proyectos de paneles solares en edificios municipales, del que ya se ha presentado el del Palacio de Deportes; o el presupuesto para proteger las colonias ferales, que se dotó con 15.000 euros. Solo ha quedado pendiente por ahora el desarrollo del anillo verde en los ríos.
Economía y Personal es uno de los apartados más complejos. El acuerdo de presupuestos facilitó que se cumpliera con el fondo de contingencia requerido para atender a los afectados por la pandemia. Buena parte de las medidas de ordenanzas fiscales se aprobaron, pero otras, como la subida del IBI a las casas de apuestas, siguen pendientes. De la remunicipalización del servicio de Ayuda a Domicilio antes del final de 2022 nada se sabe.
En cuanto a las medidas de acceso a la vivienda, solo una, la petición de reforma integral de viviendas en zonas degradas, se ha cumplido. Respecto al sinhogarismo, se llevó a cabo a medias. Si bien se abrió el Centro de Alta Tolerancia todo el año, no se ejecutaron otros apartados que iban aparejados como el relacionado con el antiguo Hospital de la Salud.
La tasa turística, una de las medidas del acuerdo, no está en vigor. Se trata de una competencia de la Junta. En este caso, sin embargo, tal y como estaba recogida en el documento, puede considerarse como cumplida, toda vez que el Ayuntamiento la convirtió en uno de los asuntos clave del semestre. Cuenca y Moreno pactaron organizar una mesa con todas las partes para debatirla.
No se considera cumplida la moción de presupuestos participativas. UP, de hecho, ya denunció a finales de agosto que, pese a dar el apoyo a las cuentas, no estaba contenta con que no se hubiesen explotado todas las herramientas de participación que recogen los reglamentos municipales.
Las dos medidas relativas al Defensor del Ciudadano están cumplidas. Es el caso del refuerzo de la dotación de personal y su acceso a los servicios jurídicos. De Memoria Histórica se acometió el expediente de calles con simbología franquista en julio. No se puso en marcha la ruta sobre Memoria y Mujer que planteó la confluencia.
Las bonificaciones sociales, para comercio y pymes de Emasagra se ejecutaron a la mitad. Se mantuvo en el acuerdo de ordenanzas la partida de 350.000 euros, pero no se amplió. La modificación de tarifas prevista en el primer semestre no se llevó a cabo ni tampoco la reducción del recibo para comercios, pymes y mercados municipales.
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