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La Justicia granadina prevé una oleada de jubilaciones en los próximos cinco años. La generación del 'baby boom' se ha hecho mayor y la plantilla ... afronta el reto de su renovación. De acuerdo con los datos facilitados a este periódico por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, se prevé que al menos 403 funcionarios dejen sus puestos de trabajo por jubilación con un horizonte 2030.
El frenesí de las jubilaciones comenzará este 2025 con al menos 72 trabajadores. En total, en un lustro 183 empleados de tramitación procesal y administrativa se retirarán, frente a 122 gestores, 91 auxiliares judiciales y 7 médicos forenses. A nivel andaluz, la cifra asciende a 2.147 empleados de los 9.097 trabajadores andaluces, la mayoría también en personal administrativo.
Por ahora, la plantilla granadina de funcionarios de la justicia asciende a 1.167 efectivos. Las bajas suponen, con el personal actual, un 35% de la plantilla. Es decir, al menos un tercio del servicio cambiará. Fuentes e la Consejería de Justicia explican a IDEAL que este fenómeno ocurrirá en el conjunto de la administración andaluza. Durante la construcción del Estado de las autonomías, la Junta, al igual que otras comunidades autónomas, fueron ampliando y creando especialmente a partir de la década de los 80 nuevos puestos de trabajo para articularse. Después de tres décadas de servicio, a todos esos funcionarios les ha llegado el momento de retirarse. La administración andaluza aprovechará la ocasión para ampliar los perfiles de sus empleados y avanzar en la implantación de nuevas tecnologías.
En el caso de la plantilla judicial, los cambios que se produzcan en el personal deberán ir de la mano del Ministerio de Justicia, el máximo responsable. De hecho, con la nueva ley de eficiencia judicial que empezará a aplicarse en este 2025 los órganos judiciales sufrirán modificaciones y los sindicatos están a la espera de ver cómo la administración reestructura la plantilla.
Silvia Martín, delegada del CSIF y presidenta de la Junta de Personal de Administración de Justicia, exige una programación a largo plazo de ofertas de empleo público para evitar «el desastre que se avecina» y contar así con una plantilla bien dimensionada. CSIF solicita además la negociación de un nuevo acuerdo salarial tras los recortes de 2010 para recuperar poder adquisitivo.
Martín destaca que no hay funcionarios de entre los 30 a 39 años de edad. La franja de 60 a 65 años representa el 52% de los trabajadores y es la más numeroso. La franja de los 40 a 49 años lo representan el 7 % de los empleados. Por último el 41%, de la plantilla tiene edades comprendidas entre 50 y 59 años .
«Más de la mitad, un 52% en concreto, del censo de trabajadores en activo dentro de la Administración de Justicia, se encuentra cercano a la jubilación voluntaria, con 60 años y mínimo 30 años de servicios efectivos, o en la propia edad de jubilación forzosa a los 65 años, una cantidad casi equivalente a los funcionarios que llenan el Complejo Judicial de la Caleta», concluye Martín.
Paco Vilchez, responsable sindical de CCOO, explica que entre finales de los 80 y principio de la década de los 90 hubo una gran oferta de empleo público precisamente a raíz de otra jubilación masiva. Ahora mismo la plantilla se encuentra envejecida y la media de edad del funcionario granadino se sitúa en los 56 años. De hecho, el año que viene la afiliación del sindicato bajará un 40% por las jubilaciones.
Por último, Davinia Baños, portavoz de SPJ-USO, augura que los cambios producirán «desbarajustes en el funcionamiento de los juzgados» y demanda a la Junta de Andalucía que actúe en consecuencia ante la previsión de jubilaciones. «Si no se planifica bien se producirán más retrasos en la Justicia», señala. La responsable sindical manifiesta que las nuevas incorporaciones a la plantilla pueden llegar a través de lo concursos de traslados o las nuevas convocatorias de ofertas de empleo publico. «La formación de los nuevos funcionarios debe mejorar», remacha.
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