«El testimonio de Rocío Carrasco revela lo sibilina que es la violencia psicológica, pero hay que evitar el espectáculo»

Inmaculada Montalbán (Iznalloz) quiere que se vea la camiseta negra con las siglas RBG. Son las iniciales de Ruth Bader Ginsburg, magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos que abanderó la lucha por los derechos de las mujeres. Es un regalo del Colegio de Abogados de Barcelona a la Asociación de Mujeres Juezas y la lleva de estreno. En la distancia se quita la mascarilla –violeta– y posa con relajación y prudencia porque ya está vacunada. Justo cuando la enfoca la cámara se vuelve algo tensa. Respira y sonríe. También lleva las uñas pintadas de violeta, pero sin estridencias. Fue la primera andaluza que entró en el órgano de gobierno de jueces y magistrados, en 2008, y está en la lista de los futuros miembros cuando los políticos se pongan de acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Presidió el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y ahora está al frente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Agradece a sus compañeros que, a su vuelta, le dejaran uno de los despachos que tienen balcón a Plaza Nueva. Allí deliberan los magistrados, en una mesa discreta donde –sin ánimo de ser fisgón– hay una figura de porcelana de Mafalda.

–¿Los símbolos son importantes? Veo que también lleva la mascarilla violeta.

–Tenemos que recordar de dónde venimos y los símbolos nos permiten tener memoria.

–La magistrada Ruth Bader. También en EE UU se intentó controlar la Justicia desde la política.

–Hay una tendencia general en los sistemas por controlar el Poder Judicial. Pero la práctica nos demuestra que, en los estados democráticos, los poderes judiciales responden con autonomía.

–Aquí también se intenta politizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la renovación está aún sin resolver. ¿Cómo ve la situación usted que ha estado dentro y que figura en entre los futuribles miembros?

–Es muy deseable que haya la renovación del CGPJ, porque es incomprensible que un mandato constitucional se incumpla en una democracia. Pienso que el CGPJ debe tener la legitimación que le da el Parlamento, y volver a un sistema anterior al del pacto de Estado de 2001 desdibuja su finalidad dentro de la Constitución. Significa que prime la lealtad corporativa frente a otras finalidades que la Constitución otorga.

–¿No cree entonces en un gobierno de los jueces elegido solo por los jueces?

–Yo no estoy a favor de esa posición. Pienso que el Consejo tiene que garantizar la independencia judicial, pero además es un organismo que está dentro de la Constitución y tiene que servir los intereses generales. Probablemente prevalecería una lealtad corporativa que es impropia de un órgano constitucional. El CGPJ no es un colegio profesional, es un órgano constitucional y político. Tener una base parlamentaria le da legitimación. Se podría mejorar algo el sistema, por ejemplo, oyendo a los candidatos en sede parlamentaria. Un Estado democrático no puede retornar a un modelo del CGPJ corporativo.

–Existen también las puertas giratorias en la Justicia. Jueces que pasan a ejercer la política, que resultan más políticos de lo que pensábamos, y vuelven a los juzgados. ¿Resta independencia?

–Es cierto que la sensación que se tiene es que difícilmente se puede ser imparcial tras haber ejercido un cargo político nombrado por un partido. Pero cuando tienes que decidir sobre un pleito lo haces por formación y por los sistemas de control que hay. Si en un momento de voluntarismo decides a favor de determinada persona, se te va a controlar por la vía de recurso y se te echará abajo la sentencia. Es bueno que haya un periodo de transición en el paso de la política a la justicia pero el ejercicio impone unos cánones muy claros y en nuestra formación hay una gran fidelidad a la ley que disminuye el riesgo de poder ser parcial.

–¿La pandemia tiene perspectiva de género?

–A la crisis sanitaria se le ha unido la económica y las primeras que han sufrido el impacto han sido, nuevamente, las mujeres, como ocurrió en 2008. Las mujeres han tenido que replegarse a cuidar a los hijos, las madres y los padres porque se han cerrado los servicios asistenciales. Son las que sufren mayoritariamente contratos temporales y en ellas han impactado con mayor fuerza los despidos. Pienso en colectivos como las mujeres de la limpieza. De pronto, con esa situación tan vulnerable que tienen, a veces sin contrato y sin cotizar, se vieron con las puertas cerradas y sin un ingreso para llevar a casa. Las medidas tienen que reparar este impacto tan brutal que la pandemia está teniendo en un colectivo de mujeres especialmente vulnerables.

–¿Cómo atiende el Estado a esas personas? Para todos aquellos que viven en la economía sumergida no hay ERTE.

–El subsidio mínimo vital es necesario para recuperar a estas personas. ¡Claro que la pandemia tiene también una perspectiva de género! En el ámbito de la violencia de género bajaron en un 9,3% las denuncias en Andalucía y, en paralelo, subieron un 40% las llamadas de auxilio al 016. Aunque los juzgados de violencia se declararon servicios esenciales, a estas personas, que se encuentran en una situación de peligro, la incertidumbre les afecta y les hace retraerse.

–¿Puede suponer la pandemia también un paso atrás? ¿Que vuelva el miedo a denunciar?

–Hay que hacer un gran esfuerzo institucional y social para llegar a estas mujeres que durante esta época de la pandemia han visto cómo los temas relacionados con la violencia de género no eran la prioridad de la agenda política y ha aparecido algún partido que la niega. Es muy necesario reforzar los mecanismos institucionales y sociales y apoyar a las asociaciones de mujeres. Lo positivo es que todavía se mantienen estructuras institucionales que tienen esa finalidad. A través de los ayuntamientos hay que conseguir identificar y llegar a esas mujeres que están todavía impactadas por los efectos de la pandemia.

–Llevamos muchos años con la Ley Integral de Violencia de Género (2004), seguimos con estos planteamientos y hay mujeres asesinadas. ¿Qué ha fallado?

–Llevábamos muchos años con el Código Penal que castiga el homicidio y hay homicidios. A diferencia de cuando empecé en la carrera judicial, cuando una mujer llega a un cuartel a denunciar a su marido no se le dice 'vete y vuelve mañana que todo habrá pasado'. Cuando empecé íbamos a los pueblos a explicar a las mujeres que no tenían por qué aguantar los golpes de los maridos. La ley está funcionando, pero se tiene que adecuar a la nueva época y por eso se aprobaron las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por ejemplo, es fundamental la Ley Orgánica de 2018, que profundiza y obliga a que los jueces nos formemos en perspectiva de género porque nos ayuda a descubrir perjuicios que todos tenemos. Si contamos el éxito de la Ley Integral por el número de muertes de mujeres nos equivocamos. Hay que medirlo por cómo las mujeres ya son más conscientes de sus derechos y cómo institucionalmente se responde frente a la violencia contra la mujer. El número de femicidios sí nos tiene que seguir preocupando. Un dato que se ha mantenido a lo largo del tiempo es que, de cada 10 mujeres víctimas, ocho no habían presentado denuncia. La muerte no es algo súbito es el resultado final de un proceso de desvalorización.

–La Ley Integral también ha provocado una reacción contraria. Esos planteamientos también ocupan un espacio en la sociedad, político y de representación.

–No solo es propio de España sino que ha ocurrido en otros países y es fruto de un modo de comunicar simple, de eslóganes vacíos, donde han tenido mucha influencia las nuevas formas de comunicación a través de las redes sociales. Al final, ha impregnado en personas que están descontentas por alguna circunstancia y han calado ese tipo de mensajes que carecen de argumentación y datos que lo sustenten. La irrupción de las nuevas tecnologías ha dado lugar a esas corrientes que suponen un retroceso en valores que han sido asumidos como valores de la civilización. Es importante volver la vista hacia lo que nos ha hecho una civilización con humanidad, solidaria, porque ese tiene que ser el futuro para nuestros hijos.

–La celeridad y las prisas son una gran amenaza.

–Es una amenaza porque produce aturdimiento, cansancio, hastío y genera una ciudadanía desinteresada. El hartazgo y el hastío produce el desinterés. Y una democracia necesita gente informada e interesada que sepa criticar.

–¿La sociedad estaría dispuesta a pararse?

–Deberíamos hacer ese esfuerzo. Estás recibiendo continuamente información por el Whatsapp que no la necesitas para nada, pero que te quita tiempo.

–¿No tiene redes?

–Tengo facebook [ríe].

–Pero los jueces y los cuerpos de seguridad tienen que estar adiestrados también para manejarse con las redes sociales. Son un foco de violencia y de acoso.

–Sí. Es una realidad que tiene sus efectos positivos y otros perversos. Tenemos que intentar controlarlos. En violencia de género, los delitos cibernéticos son una de las primeras preocupaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Una democracia necesita una ciudadanía formada e informada por medios creíbles.

–¿Cómo se ha llegado hasta una sentencia que obliga a entrar en la cárcel en el caso de Juana Rivas? ¿Ha estado mal asesorada?

–Vengo a recordar la recomendación que el comité de la CDAW [Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer] de Naciones Unidas hizo en el caso de Ángela González, que denunció muchas veces maltrato y, en uno de los días de visita, el padre mató a la hija. Condenó a España y una de sus recomendaciones era que cuando se dispute la custodia de hijos o menores se tiene que tener en cuenta el contexto de violencia de género que exista en la pareja. En este proceso de Juana Rivas, por una serie de circunstancias, parece que no llegó a acreditarse debidamente y es uno de los factores que nos hace pensar que podría haberse mejorado la decisión del tribunal. Es muy importante que en casos de separación y divorcios donde exista algún antecedente de violencia de género, que en este caso existía, ese contexto sea analizado por gente con perspectiva de género, peritos y psicólogos, que ofrezcan elementos más completos a quien tiene que tomar la decisión final.

–Retener a los hijos era probable que le llevara a una condena así.

–Es fundamental respetar las decisiones judiciales. Esas son las reglas de juego. Cuestión distinta es la defensa frente a la decisión que se toma. Pero, indudablemente, las decisiones judiciales deben ser respetadas.

–¿El indulto puede ser una solución?

–En mi opinión sí, puede ser una posibilidad. Podría atender circunstancias del caso que en su momento quizás no se tuvieron en cuenta. Sí que puede ser una salida proporcionada.

–¿Ha visto el documental de Rocío Carrasco?

–Vi la primera parte. Me parece, con independencia de que sea una persona famosa, un testimonio muy importante de cara a visibilizar una posible violencia psicológica. Muchas personas se sienten identificadas con el relato que ella hace. Puede contribuir a revelar lo sibilina que es la violencia psicológica, que no deja muestras como los golpes y no deja moretones pero deja trastornos. Ella habla de que sufre un síntoma ansioso depresivo, que está probado por los informes médicos. Eso sí, hay que evitar que se convierta en un espectáculo porque se puede volver contra ella y podría desesperanzar a mujeres que se sienten identificadas con lo que cuenta. Hay que abordar el problema de cómo probar la violencia psicológica. Es muy difícil acreditarse y obtener una condena.

–El señalado puede decir que en los juzgados no se ha visto nada.

–Hay personas en contra y a favor. Qué curioso que las que oigo que están en contra, sobre todo, le achacan que es mala madre porque dejó a sus hijos irse con el padre. Lo cual es un estereotipo también. ¿No se puede pensar que llegaría un momento que diría no puedo más, si van a seguir hostigando mejor que estén con el padre y sigamos con el régimen de custodia? Es interesante por lo que muestra de la violencia psicológica y lo sibilina que es, como una estrategia a lo largo del tiempo, y puede servir para poner en evidencia una situación con la que muchas mujeres se están identificando. De hecho, aumentó el número de llamadas al 016 por violencia psicológica. Pero la presunción de inocencia del denunciado está incólume porque hay un sobreseimiento provisional, solo si aparecen hechos nuevos podría irse a juicio. Insisto, hay que evitar que se convierta en un espectáculo que cree efectos negativos para quien hace ese testimonio y en otras personas.

–Dentro del feminismo, en el Gobierno se disputan la bandera Unidas Podemos y el PSOE a propósito de la Ley Trans. Y entre las críticas está que esta norma pueda ser un argumento que cree desigualdad en procesos judiciales. ¿Cómo ve la ley?

–Las personas trans a las que puede afectar esa ley tienen sus derechos en la actualidad reconocidos. Estoy a favor de que se garanticen con más énfasis a través de una ley especial, pero hay que hacerlo con seguridad jurídica. Tenemos que introducir unos mecanismo para evitar que se den situaciones absurdas y no queridas por la ley. Es una ley que merece un estudio más sosegado.