El caso Serrallo acaba con tres condenados sin penas de cárcel y Torres Hurtado absuelto

El fallo, que obra en poder de este periódico, otorga una menor dimensión a la causa, que las acusaciones contemplaban como muestra de la presunta corrupción de Torres Hurtado y la antigua cúpula de Urbanismo. La sentencia rebaja las peticiones de los acusados, elude las penas de cárcel, limita las infracciones a la tramitación de las licencias, y aleja las sospechas sobre una presunta trama de influencias que unía a autoridades, funcionarios y promotores; algo que aún investiga la operación Nazarí.

Con el dictamen, los jueces ponen desenlace –en el que cabe recurso– a un caso que se originó en 2013, cuando un antiguo inspector de Urbanismo presentó un escrito en la Junta en el que alertaba de supuestas irregularidades en la tramitación del expediente. Dentro de los asuntos bajo sospecha figuraba la apertura de una discoteca en los aledaños del Centro Comercial Serrallo, La construcción del local en una parcela destinada a zona verde implicaba supuestamente un cambio de uso del suelo que no recogía el planeamiento urbanístico vigente.

La Fiscalía inició una investigación que se saldó con una denuncia a altos cargos municipales en febrero de 2014. Año y medio después, apreció indicios para imputar a la entonces concejala de Urbanismo, que fue llamada a declarar. Ciudadanos, socio de gobierno de Torres Hurtado en aquellos momentos, exigió su dimisión. La solicitud, sin embargo, fue rechazada, lo que motivó que la formación retirara su apoyo, que después de consumó con la pérdida de la alcaldía tras estallar la Nazarí.

La instrucción continuó hasta enero de 2017, cuando la jueza dictó un auto de procedimiento que abrió las puertas del juicio contra Isabel Nieto, el promotor de las obras y cinco funcionarios. Meses después, tras el cruce de los datos con los obtenidos en la operación Nazarí y cuando la investigación estaba virtualmente terminada, la magistrada citó también como investigados al exalcalde y a los ediles que votaron el expediente sobre la discoteca en junta de gobierno local.

Las acusaciones pedían para Torres Hurtado ocho años de prisión por la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común y urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La misma pena pedían para Nieto, a la que sumaban además un supuesto delito de falsedad documental. Al resto de miembros del gobierno que votaron el expediente se les acusó de cometer fraude en la contratación y prevaricación común y urbanística.

Durante el juicio oral, que se inició el 3 de febrero pasado y fue interrumpido por la pandemia, el exalcalde argumentó que había delegado las competencias urbanísticas y llegó a reconocer que de las partes técnicas no entendía «ni por formación profesional ni por nada». Torres Hurtado también marcó distancias respecto a su antigua concejala, de la que dijo que «llevaba todo el peso» del área. La tesis fue validada tanto por Nieto como por testigos de la causa como Nino Garcia Royo, que había sido delegado de Urbanismo en la etapa anterior.

En la sentencia, los jueces dan validez al argumento del exdirigente popular y lo exoneran de los hechos delictivos, que centran en la exedil, el antiguo director general de Licencias y el promotor de la obra. Consideran a Nieto autora de un delito de prevaricación común «al haber dictado arbitrariamente, con abuso de las funciones de su cargo y a sabiendas de su injusticia, el decreto por el que se concedía licencia de obras para la sala de fiesta y el que daba licencia de apertura y funcionamiento». Sin embargo, queda absuelta del resto de infracciones, lo que limita la pena a siete años de inhabilitación como concejal.

A Martín Herrera, como responsable de Licencias, lo señalan «cooperador necesario». Le achacan la elaboración del informe que avaló los trabajos para la construcción de la discoteca y que sustentó los decretos de Nieto. Los magistrados liberan al alto cargo del resto de sospechas y reducen su falta a respaldar el escrito acudiendo a una normativa «que no era de aplicación», de lo que deducen que su interpretación fue «arbitraria». Por este motivo, lo condenan también a siete años de inhabilitación para el empleo de funcionario público.

Los jueces consideran acreditado que el promotor «contribuyó a la materialización de las infracciones presentando las solicitudes para el desarrollo de la actividad sabiendo que el PGOU no lo permitía» y lo señalan como «cooperador necesario». Sin embargo, rechazan que influyera sobre autoridades y funcionarios, como apuntaba la acusación al exponer que el hijo de un alto cargo municipal trabajaba para él, y lo condenan a tres años y medio de inhabilitación para ejercer como concejal y funcionario.

El resto de acusados, entre los que se encuentran los antiguos concejales que votaron el expediente, quedan absueltos. El presidente del tribunal ya había notificado a Juan Antonio Mérida, Juan García Montero, Telesfora Ruiz, Fernando Egea, María Francés, Juan Antonio Fuentes, Francisco Ledesma y Vicente Aguilera la retirada de las acusaciones ejercidas por Vox y General de Galerías Comerciales, que participaron en el proceso como acusación popular.

Queda por ver ahora las consecuencias del fallo. Con los mismos implicados que la Nazarí y unos métodos investigados muy parecidos, la sentencia puede considerarse como el preludio de lo que está por venir. Torres Hurtado, que dimitió como alcalde a raíz de una operación policial que se saldó con más de una decena de investigados y situó a Granada en el mapa de la corrupción, está ya procesado en dos piezas separadas de las siete que investigan supuestas irregularidades en varios expedientes urbanísticos aprobados mientras estaba al frente del Ayuntamiento.