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La transformación administrativa que la Junta plantea realizar en la Escuela Andaluza de Salud Pública, para que se convierta en un instituto, sigue adelante. Para que este cambio se haga realidad, el Gobierno andaluz planea que este ente pase de ser una sociedad anónima empresarial ... cuyo único accionista es la Consejería de Salud, como es en la actualidad, a ser una fundación gestionada desde Sevilla. Para que esto sea posible, la Escuela Andaluza de Salud Pública debe extinguirse y volverse a crear como una entidad pública, lo que ha despertado el temor de los profesionales que realizan su labor en el centro ante la posibilidad de que se pierdan puestos de trabajo y proyectos.
«Tenemos mucho miedo de perder no solo nuestros trabajos, sino también todos los proyectos y los logros que nos han costado tantos años alcanzar. Somos un centro colaborador con organismos como la OMS, y todo esto podría peligrar si cambiaremos la personalidad jurídica», explicó ayer Almudena Millán, presidenta del comité de empresa de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP).
El vicepresidente de la Junta y portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este viernes que la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) «funciona perfectamente tal y como está» y «tiene que quedarse en Granada».
Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas, donde ha defendido cumplir con los compromisos alcanzados en «muchos convenios y proyectos de investigación» ligados a esta Escuela. «Lo fundamental no puede cambiar, es mi opinión y la de mi grupo parlamentario», ha subrayado.
De esta manera, ha señalado que el PP-A y Cs no han alcanzado acuerdos en este asunto, teniendo en cuenta que son «dos fuerzas políticas distintas que comparten un Gobierno de coalición». «Esto no afecta al Gobierno pero sí a determinadas iniciativas», lo que, a su juicio, está dentro de «la normalidad democrática de un Parlamento».
«Si ese proyecto de ley se puede consensuar, mejorar o no dependerá de la negociación parlamentaria y creo que hemos mostrado muchas veces nuestra discrepancia ideológica y de principios con unas fuerzas políticas o con otras», ha explicado Marín, quien ha afeado que para algunos está será «una crisis,» pero ha señalado que «ni le preocupa ni le ocupa».
En este sentido, ha afirmado que PP-A y Ciudadanos defienden «modelos políticos distintos», por lo que para sacar adelante las iniciativas «tendremos que ponernos de acuerdo».
El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, afirmó este pasado lunes que, hasta que las auditorías que están llevando a cabo sobre la escuela «no arrojen luz», no se tomará una decisión al respecto. Pero, a pesar de ello, la proposición de ley que impulsó el grupo popular para que este centro, junto con la Fundación Progreso y Salud, se transformen en un Instituto Andaluz de Salud gestionado desde Sevilla ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Parlamento Andaluz (BOPA).
Los 177 trabajadores de la empresa vieron en las palabras de Bendodo una posible puerta abierta a la negociación, y por ello se reunieron ayer con el grupo parlamentario del PP para tratar el asunto. Pero, tal y como señalaron desde el comité de empresa, no todas sus peticiones fueron escuchadas. «El PP está lejos de aceptar las demandas de los trabajadores de mantener nuestra personalidad jurídica como garantía para el futuro de nuestros trabajos. Queremos que mantenga la escuelacomo sociedad anónima, pero nos dicen que eso no puede ser posible», afirmó Millán. Además, explicó que la proposición ya ha sido enviada al Consejo de Gobierno y sigue su tramitación «sin perder ritmo». «Vemos que hay una intención de diálogo, pero no conseguimos garantías», incidieron desde el comité de empresa.
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La Junta aseguró que esta modificación no afectará ni al personal ni a la localización de la Escuela, que se mantendrá en Granada. Pero los trabajadores creen el Partido Popular plantea dejar la escuela como un mero organismo funcional sin capacidad de gestión, es decir, su actividad continuaría en el lugar, pero el control y la gestión se trasladaría a Sevilla.
Ayer, el grupo socialista presentó una proposición no de ley en el Parlamento Andaluz para que se mantenga la localización de la escuela, el puesto de sus trabajadores y las características normativas, orgánicas y funcionales de la escuela. Una iniciativa que salió aprobada. La parlamentaria popular Beatriz Jurado afirmó que la creación del Instituto Andaluz de Salud no provocará el fin de la Escuela Andaluza de Salud Pública ni con la Fundación Progreso y Salud. Además, incidió en que no pretenden acabar con sus funciones, sino que «se van a unir». «Los puntos relativos a que se mantenga la forma jurídica de la escuela no se podían aceptar desde el Partido Popular porque difieren en el planteamiento de que se integre en el Instituto Andaluz de Salud», afirmaron desde el PP andaluz.
Para mostrar su disconformidad por los cambios, los trabajadores se manifestaron ayer a las puertas de la Escuela Andaluza de Salud Pública para pedir «no al cierre de la Escuela». Unos 80 trabajadores, según los datos aportados por fuentes sindicales, reivindicaron el mantenimiento de este centro y que se respeten sus funciones. «La proposición de ley que han presentado nos han dejado en una indefensión labor y jurídica absoluta, ya que pone en riesgo nuestros trabajos», señaló Nuria Luque, miembro del comité de empresa. Junto a esto, indicó: «No sabemos qué va a pasar, pero mientras no cambie lo que está escrito, tendremos que seguir movilizándonos». Por ello, en los próximos días, el comité de empresa se reunirá para estudiar posibles nuevas medidas para atajar la situación.
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