Trabajo inspecciona La Castellana de Granada y tramita la baja laboral de la plantilla

Ayer dos de los once empleados almacenaban las pocas botellas restantes. Las mesas de la terraza y las sillas se amontonaban entre los salones del establecimiento. El género se agotó a principios de semana y los propietarios de la cafetera de patrocinio se la llevaron el miércoles. No queda ni agua. Uno de los contadores lo han cortado por impago. Y hoy se llevan los grifos de cerveza. «Esto ya está en manos de Dios», decían Rubén y José en un bar desmantelado.

La plantilla es víctima colateral de la trama que envuelve a Álvaro Romillo, quien financió ilegalmente la campaña del eurodiputado Alvise Pérez. El empresario investigado por intrusismo profesional y estafa, y sus socios habían diversificado sus finanzas en negocios de automoción, lujo, seguridad u hostelería por medio de 26 sociedades.

Tenían conexión con la ciudad de la Alhambra a través de cuatro grupos de inversión: Dos Huevos Fritos SL (La Castellana), Negro Carbón SL (vinculado al bar La Revolera), Negro Carbón Premium SL–con dos restaurantes en Albaicín y calle Neptuno – y Wanderstay SL (Hotel Colon y Restaurante La Casual).

La sociedad de La Castellana le ha visto el fondo al vaso y la semana pasada comunicó, verbalmente y no por escrito, a los trabajadores que podían abandonar su empleo libremente. Este mes no percibirán su salario, pero si no acudían a trabajar se arriesgaban a que se considerara su ausencia como un despido voluntario, lo que afectaría a sus prestaciones.

Los once de La Castellana dejaban ocho horas de su vida a cambio de nada hasta ayer. Inspección de Trabajo acudió al bar por la tarde a comprobar la denuncia presentada por los empleados. «Nos han comunicado que nos van a dar de baja para poder dejar el local. Menos mal, nos alivia. Temíamos no tener acceso a paro o perder las prestaciones después de años y años de trabajo», explica David, uno de los empleados. «Entre el fin de semana y principios de la semana que viene como muy tarde, en cuanto se haga efectiva nuestra baja, cerraremos», sentencia el hostelero, que disfrutará su primera Navidad en familia antes de buscar otro puesto. Algunos empleados, los que llevan poco tiempo, han encontrado nuevo trabajo. El resto planea esperar a que se resuelva todo el proceso e incluso albergan grandes sueños de poner en marcha su propio negocio de hostelería.

Por la mañana se reunieron los afectados, representados por los abogados Joaquín Mochón y Manuel Martínez Valdivieso, con un responsable de Inspección de Trabajo y un representante de la sociedad que gestionaba La Castellana, que se desentendió del asunto.

Joaquín Mochón, abogado, explica a IDEAL que el siguiente paso será presentar la demanda en el Centros de Mediación Arbitraje y Conciliación (CMAC) y esperar a que FOGASA –Organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social–que garantiza a los trabajadores la percepción de lo que les corresponde.

Sin embargo, la trama empresarial de Romillo afecta aún a los trabajadores de otros cinco negocios granadinos que no tienen garantizado el mantenimiento de la actividad a largo plazo. Romillo tiene sus cuentas intervenidas, ya depende del pulmón que tengan las empresas.