Tres acusados del caso Emucesa negocian con fiscalía para evitar entrar en prisión

Algunas de las defensas se han movido para buscar el mejor de los escenarios posibles. El viernes se produjo una reunión en la fiscalía para negociar la rebaja de las penas tras aplicar varios atenuantes. Entre ellos, reconocer la culpa y devolver el dinero. El documento está a falta de la firma del abogado del Estado y de la autorización del consejo de administración de Emucesa, pero cuenta con la aceptación tanto del fiscal como de 'Vamos, Granada' -precursor del caso- y del PSOE, ambas formaciones personadas como acusación. Los tres acusados que han negociado, de momento, son la exconsejera delegada -responsable política de Emucesa entre 2011 y 2016- y dos de las trabajadoras que tuvieron un contrato de alta dirección. La primera firmó el 14 de julio de 2011 como asesora de relaciones institucionales, protocolo y relaciones con los medios adjunta al consejero delegado, con una retribución bruta de 34.000 euros anuales. Estuvo ligada a Emucesa hasta el 15 de diciembre de 2011 y recibió 14.450 euros, con un coste para la empresa de 16.863. Reintegró esta cantidad antes de interposición de denuncia. La segunda firmó el 16 enero 2012 con una retribución de 36.000 euros y renunció al contrato el 18 octubre de 2012. Ingresó 24.266 euros, con coste para la empresa municipal de 32.521. Ambas presentaron después esos contratos 'ficticios' para acceder a las prestaciones por desempleo.

En el relato se acepta que se usó la empresa del cementerio para poner un sueldo a personas del entorno del PP. En concreto, según el escrito que pretende enviar al Juzgado de Instrucción número 9, María Francés, como consejera delegada, «se puso de acuerdo con las personas a contratar, con las que presentaba afinidad personal o política, elaboró diversos documentos consistentes en sucesivos contratos de alta dirección, conociendo todos ellos que no iba a desempeñarse actividad, prestación o informe alguno, que carecía de relevancia y utilidad la función a desempeñar (...) pues el contrato únicamente tenía por finalidad asignar una retribución económica a los asesores a cargo de una empresa de capital íntegramente público». Tanto el contratante como el contratado conocían desde el día de la firma -prosigue el relato- que el «trabajo no iba a prestarse».

Los hechos son constitutivos de un delito de malversación, uno continuado de falsedad en documento oficial y otro continuado de prevaricación, al margen de dos delitos de fraude al sistema de prestaciones de la Seguridad Social, de los que estas tres procesadas son presuntas responsables como autoras o cooperadoras necesarias. Entre las tres han devuelto alrededor de 53.000 euros, que era la cantidad que se les solicitaba. De los acusados eran las que tenían las fianzas más bajas.

A María Francés se le aplica la atenuante de reparación del daño. Acepta una condena de dos años de prisión -frente a los cinco que solicitaba fiscalía- y cinco de inhabilitación, que incluye la imposibilidad de desempeñar cargos de libre designación. Además, asume una multa de ocho meses a razón de 10 euros diarios. Ya ha reintegrado sus 16.261 euros.

Una de las trabajadoras acepta seis meses y un día de prisión -la fiscalía pedía cuatro años y medio- y dos años de inhabilitación, más una multa de dos mil euros. Ya ha ingresado 20.147. La acusada que devolvió el dinero antes de la denuncia, ve reducida su condena a tres meses y un día -el fiscal solicitaba cuatro años- y 18 meses de inhabilitación, más mil euros de multa.

Si el abogado del Estado y Emucesa firman el documento -cosa probablemente tras hacerlo fiscalía y la acusación- las tres evitarán el juicio. Quedan otros cuatro acusados.